La Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados (FECHCA) acordó convocar, en un plazo máximo de 15 días, a una mesa de trabajo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno de Magistrados y los coordinadores de jueces para exigir un informe técnico detallado sobre el posible traslado de las salas de segunda instancia del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral.
Ernesto Avilés Mercado, presidente del Colegio de Juristas, afirmó que desmantelar esa sede alejaría la administración de justicia de la ciudadanía y vulneraría el principio pro persona y el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial previstos en los artículos 1 y 17 de la Constitución. Advirtió que la medida generaría una discriminación territorial y social contra familias y litigantes de la región sur.
Avilés sostuvo que los argumentos técnicos o presupuestales podrían ocultar el impacto de la violencia y la inseguridad regional, además de la pérdida de la derrama económica asociada con la permanencia del Tribunal Superior de Justicia en Parral. Patricia Domínguez, presidenta del Colegio de Abogados de Parral, rechazó el traslado y señaló que implicaría costos superiores a medio millón de pesos y afectaciones al acceso a la justicia.
Durante la asamblea estatal, dirigentes de distintas regiones plantearon otras necesidades. Nahum Nájera Castro respaldó desde Ciudad Juárez la causa de Parral y pidió una sala familiar adicional. En Nuevo Casas Grandes, Luis Raúl Hinojos denunció el colapso del juzgado familiar, mientras representantes de Camargo y Jiménez solicitaron Oficialías de Partes de segunda instancia para evitar traslados innecesarios.
La FECHCA también acordó gestionar esas oficialías en Camargo y Nuevo Casas Grandes y priorizar la atención al colapso operativo de los juzgados civiles y familiares de primera instancia en el estado. Georgina Carrazco Gamboa, del Colegio de Ojinaga, pidió que cualquier decisión se base en estudios técnicos transparentes sobre las cargas de trabajo.
