La escalada de violencia en Apatzingán se repitió el 29 de junio con dos detonaciones separadas que dejaron heridos a un campesino de unos 60 años y a un soldado del Ejército. El primer caso ocurrió cuando Enrique “A” activó una mina artesanal mientras transitaba en motocicleta por el camino entre El Guayabo y El Alcalde; sufrió lesiones graves en las piernas y fue trasladado por familiares a un hospital regional. Minutos después, durante un operativo de rastreo, otro militar pisó un artefacto similar y fue evacuado por aire.
Estos incidentes elevan a 22 el número de lesionados en lo que va de 2026, de los cuales 18 son militares, según el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán. Las minas, colocadas en caminos y campos de cultivo, forman parte de la disputa territorial entre grupos criminales y han provocado ya diez muertes este año.
Desplazamiento y zonas de cultivo afectadas
La presencia de estos explosivos ha acelerado el desplazamiento forzado: solo en las últimas dos semanas, 225 personas abandonaron las comunidades de Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo. La regidora Carmen Zepeda describió los campos de limón como una “zona de guerra”, donde la siembra y el tránsito diario se han vuelto de alto riesgo. Históricamente, entre 2022 y 2025 se registraron 33 muertes y 48 lesionados por minas y drones.
Impacto estructural en la seguridad regional
El uso sistemático de armamento artesanal revela la limitada capacidad de las fuerzas de seguridad para controlar el territorio, a la vez que genera un efecto multiplicador: cada nuevo herido militar reduce la disposición a realizar patrullajes, mientras que los civiles optan por migrar. Esta dinámica erosiona la economía agrícola local y consolida el control territorial de los grupos armados sin necesidad de confrontaciones directas.
