La expareja del senador David Racero, Mariana Hernández, declaró que encontró transferencias realizadas por integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista para cubrir gastos familiares durante la pandemia. Sus afirmaciones se conocen mientras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación penal contra Racero por presuntos hechos ocurridos cuando era representante a la Cámara.
Hernández dijo a El Reporte Coronell que ha comparecido dos veces ante la Corte por citaciones para rendir testimonio y entregar la información que conoce. Según relató, identificó pagos de miembros de la UTL destinados, entre otros asuntos, a mercados para su vivienda durante el confinamiento por covid-19.
La mujer explicó que descubrió el origen de los recursos años después, al revisar extractos bancarios y facturas. Afirmó que los pagos no salían de la cuenta de ahorros de Davivienda que tenía Racero, sino de otras cuentas de la misma entidad. Señaló que las compras se coordinaban por WhatsApp con proveedores como Agrosolidaria y una persona identificada como Erika, y que las transferencias se efectuaban tras recibir las facturas.
Hernández sostuvo que no habría aceptado esos pagos de haber conocido entonces su procedencia. También aseguró haber tenido conocimiento de transferencias periódicas hechas por personas de la UTL al padre del congresista durante un periodo en el que este no tenía acceso a su pensión. Precisó que no le corresponde determinar si esos hechos constituyen un delito y que esa valoración debe hacerla la autoridad competente.
El caso del conductor y el negocio fruver
Uno de los asuntos bajo examen es la situación de John Leonardo García Lara, quien aparecía formalmente como asistente legislativo, pero que, según Hernández, cumplía labores de conductor personal y familiar de Racero. La expareja afirmó que García Lara esperaba al entonces representante desde temprano en la portería y que en algunas ocasiones compartió vehículo con ambos.
La Corte abrió la indagación tras conocerse que García Lara habría trabajado como conductor de Racero mientras recibía salario del presupuesto público. Hernández cuestionó una declaración previa del funcionario ante el Consejo de Estado, al asegurar que no coincide con lo que observó durante varios años ni con conversaciones de WhatsApp que conserva.
Sobre el fruver vinculado al congresista, Hernández dijo que lo visitó pocas veces y afirmó que no ha visto soportes de pagos de prestaciones sociales o aportes a seguridad social de sus trabajadores. Añadió que algunos empleados temerían declarar por la influencia atribuida a Racero y porque algunos estarían en situación migratoria irregular. Recordó haber advertido sobre el riesgo de que personal no asegurado sufriera un accidente mientras laboraba allí.
Contratos de allegados
Hernández también mencionó contrataciones de familiares y personas cercanas a Racero en entidades estatales después de su llegada al Congreso. Citó los nombres de José Manuel Márquez, Daniela Parada, Walter Castilla Durán y Ángela Marcela Araujo, entre otros, y sostuvo que varias de esas personas accedieron a contratos de prestación de servicios sin experiencia previa en el Gobierno nacional.
En su declaración pública, cuestionó la presencia de personas cercanas al senador en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, instancia que investiga a Racero. Hernández afirmó que el problema aparece cuando la confianza desplaza el mérito o cuando eventuales conflictos de interés no son gestionados adecuadamente.
