Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, denunció haber sido despedida del Ayuntamiento una semana después de ampliar ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán su declaración relacionada con el homicidio del exedil. La exfuncionaria sostuvo que contaba con una plaza de base desde 2021 y anticipó que recurrirá a las instancias laborales para impugnar su separación del cargo.
El caso introduce un nuevo elemento de tensión en torno a la investigación por el asesinato de Manzo, debido a que Méndez Rodríguez considera posible que su salida esté vinculada con la información que entregó recientemente a las autoridades. Hasta ahora, no se ha dado a conocer una postura pública del Ayuntamiento de Uruapan sobre los motivos específicos de su baja ni sobre los señalamientos de la exservidora pública.
Declaración ampliada ante la Fiscalía
De acuerdo con lo expuesto por Méndez Rodríguez, durante su declaración ante la Fiscalía detalló aspectos de su relación laboral con Samuel “N”, quien permanece detenido por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo. La exsecretaria señaló que puso a disposición de los investigadores información que, a su juicio, puede contribuir a esclarecer la operación interna del gobierno municipal y el acceso a datos personales o laborales del exalcalde.
Entre los temas planteados ante la autoridad investigadora figura la petición de esclarecer quién entregó a Samuel “N” la agenda privada de Manzo. La solicitud fue formulada públicamente el pasado 24 de agosto, cuando Méndez Rodríguez sostuvo que conocer la ruta de acceso a ese material podría ayudar a determinar responsabilidades y relaciones dentro del entorno político y administrativo del municipio.
La agenda privada de una autoridad municipal puede contener datos sobre reuniones, actividades, contactos y movimientos de trabajo. Por ello, la identificación de la persona que eventualmente la proporcionó, así como las circunstancias en que ocurrió, se vuelve relevante para establecer si existió una filtración indebida, un uso irregular de información o una acción sin relación con el crimen. Esos extremos deberán ser acreditados con pruebas dentro de la carpeta de investigación.
Cuestionamientos sobre vínculos y nómina
Méndez Rodríguez también pidió que se examine la relación laboral y personal que, según sus dichos, Samuel “N” habría mantenido con la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. El planteamiento no equivale por sí mismo a una imputación penal, pero coloca bajo escrutinio la necesidad de que las autoridades determinen, con documentos, testimonios y registros oficiales, cuál era la función del detenido dentro de la administración y quién autorizaba sus condiciones de contratación.
La exsecretaria cuestionó además un supuesto incremento salarial de Samuel “N” hasta alcanzar 70 mil pesos mensuales. Afirmó que dicho monto consta en recibos de nómina y pidió que esa documentación sea revisada. La relevancia de este señalamiento depende de que se verifique la autenticidad de los comprobantes, la plaza asignada, las percepciones autorizadas y las responsabilidades que justificaban el pago dentro de la estructura municipal.
En una investigación que involucra a un exfuncionario detenido, los registros de nómina, contratos, movimientos de personal y comunicaciones institucionales pueden ayudar a reconstruir jerarquías y vínculos laborales. Sin embargo, cualquier conclusión sobre una posible responsabilidad de terceros requiere corroboración independiente y respeto al debido proceso, particularmente tratándose de personas que no han sido formalmente acusadas.
Despido y vía laboral
La excolaboradora de Manzo afirmó que su condición de trabajadora de base, vigente desde 2021, le otorgaba derechos que considera vulnerados con el despido. Anunció que acudirá a los tribunales competentes para reclamar la revisión de la decisión administrativa. Un procedimiento de esa naturaleza deberá determinar si la baja cumplió con los requisitos legales, si existió causa justificada y si fueron respetadas las garantías laborales aplicables a su puesto.
Méndez Rodríguez aseguró que su separación no la intimidará y exigió que los hechos relacionados con el homicidio del exalcalde sean aclarados mediante evidencias, no a través de descalificaciones. Su postura conecta dos asuntos que deberán examinarse por vías distintas: por un lado, la legalidad de su desvinculación laboral; por otro, el contenido y alcance de los datos que ofreció a la Fiscalía.
La coincidencia temporal entre su ampliación de declaración y el despido puede alimentar sospechas públicas, pero no basta por sí sola para demostrar una represalia. Para establecer un nexo sería necesario conocer la fecha formal de la baja, las comunicaciones administrativas previas, las razones asentadas por el Ayuntamiento y cualquier evidencia de presión derivada de su participación como declarante. La transparencia institucional será determinante para evitar que el caso se convierta en un intercambio de versiones sin sustento verificable.
Más bajas en la corporación municipal
El despido denunciado ocurre mientras alrededor de 20 policías municipales fueron separados de sus cargos por no acreditar los exámenes de control de confianza. Aunque ambos procesos corresponden a ámbitos diferentes, el contexto refleja una etapa de ajustes en la administración de Uruapan, donde las decisiones de personal adquieren especial relevancia por la investigación del asesinato de Carlos Manzo y por las exigencias de seguridad pública.
La separación de agentes que no aprobaron los controles forma parte de mecanismos orientados a depurar corporaciones y reducir riesgos de infiltración o falta de idoneidad. No obstante, la aplicación de esas medidas y las bajas de otros trabajadores deben estar sustentadas en expedientes claros, criterios consistentes y canales de defensa, para evitar que una política de reordenamiento administrativo sea interpretada como una herramienta discrecional.
El avance de las indagatorias dependerá de la capacidad de la Fiscalía para contrastar los señalamientos de Méndez Rodríguez con evidencia documental y pericial, así como de la disposición del Ayuntamiento para aportar la información requerida. Mientras tanto, el litigio laboral anunciado por la exsecretaria podría abrir una revisión pública de los procedimientos internos del gobierno municipal y de las decisiones tomadas tras la muerte del exalcalde.
