La justicia de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a dos empleados de la Dirección General de Migración (DGM) acusados de utilizar un camión oficial para trasladar a migrantes haitianos indocumentados a cambio de pagos. El hecho ocurrió el 19 de junio y fue investigado por el Ministerio Público como un caso de corrupción administrativa que involucra el uso indebido de recursos estatales.
Los detenidos, Gustavo Adolfo G. V. y Joel Antonio C. R., pertenecían al Departamento de Interdicción Migratoria con sede en Puerto Plata. Según el expediente, ambos completaron el traslado autorizado de 32 haitianos desde Puerto Plata hasta el centro de procesamiento de Dajabón y, en el regreso, desviaron la ruta para transportar a otras 22 personas en situación irregular, entre ellas menores de edad.
El operativo y la detención en flagrancia
El camión Shacman blanco, destinado exclusivamente a operaciones de interdicción, fue interceptado en un control migratorio de Montecristi cuando circulaba en dirección contraria a la ruta oficial. Los ocupantes no figuraban en los listados de deportaciones, lo que descartó que se tratara de un procedimiento regular. Al ser interrogados, los imputados mostraron nerviosismo y admitieron que llevaban ciudadanos haitianos. El registro posterior confirmó la presencia de 22 personas en la parte trasera del vehículo.
La fiscalía, encabezada por la procuradora Mirna Ortiz, argumentó que los dos funcionarios carecían de arraigo suficiente para recibir una medida distinta a la prisión preventiva. La jueza Javierca Gómez ordenó que cumplan la coerción en la cárcel pública de Montecristi.
Modalidades de captación y uso de recursos públicos
La investigación reveló que los traslados irregulares se coordinaban a través de contactos en redes sociales y agencias de viaje que ofrecían ingreso al país sin cumplir requisitos legales. El camión oficial, asignado para labores de control migratorio, fue utilizado fuera de su propósito y fuera del horario autorizado. Este detalle resulta central porque demuestra que los imputados aprovecharon su posición y los medios institucionales para obtener beneficios económicos.
El Ministerio Público subrayó que los 22 extranjeros hallados no estaban registrados en ningún operativo previo, lo que refuerza la tesis de que se trataba de un servicio de transporte clandestino a cambio de sobornos. Esta práctica, de confirmarse en juicio, configura un delito de corrupción que afecta directamente la credibilidad de las instituciones encargadas de gestionar la frontera.
Contexto más amplio de la migración y la corrupción
República Dominicana enfrenta un flujo migratorio sostenido desde Haití, impulsado por la inestabilidad económica y política del país vecino. Los controles fronterizos y los centros de procesamiento como el de Dajabón forman parte de una política de deportaciones que genera tensiones tanto dentro como fuera del territorio. En este escenario, cualquier indicio de que funcionarios públicos lucran con el control migratorio erosiona la confianza en el Estado y complica la cooperación bilateral necesaria para gestionar el flujo de personas.
Casos similares han sido documentados en los últimos años, aunque con distinta magnitud. Recientemente, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un inspector migratorio acusado de exigir 100 mil pesos dominicanos a una mujer a cambio de facilitar su salida por el aeropuerto de Punta Cana. Ese expediente también fue tramitado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la audiencia quedó programada para el 2 de julio.
Implicaciones institucionales y posibles consecuencias
El uso de vehículos oficiales para actividades ilícitas plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión interna de la DGM. Si se demuestra que el camión operó sin autorización durante varias horas, las autoridades tendrán que revisar los protocolos de registro de salidas y entradas de unidades, así como los sistemas de geolocalización que podrían haber alertado sobre la desviación de ruta.
Desde el punto de vista judicial, la prisión preventiva busca garantizar que los imputados no influyan en testigos ni abandonen el país. Sin embargo, el proceso aún debe avanzar hacia la etapa de juicio oral, donde se evaluará la prueba documental y testimonial sobre los pagos recibidos. La fiscalía ha indicado que cuenta con elementos que vinculan a los detenidos con una modalidad reiterada de captación, aunque por ahora solo se ha presentado el caso del 19 de junio.
El episodio pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles internos en las instituciones que manejan flujos migratorios. Mientras tanto, los dos funcionarios permanecerán privados de libertad a la espera de que se resuelva su situación procesal en Montecristi.
