El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, pidió este martes impulsar una integración centroamericana basada en la cooperación en seguridad, al afirmar que la reducción de la violencia en su país puede tener efectos favorables para el conjunto de la región frente a las redes de criminalidad transnacional. El planteamiento fue presentado durante un acto público que abrió las conmemoraciones por la independencia centroamericana de España.
Ulloa sostuvo que la integración regional no debería limitarse a la celebración de reuniones gubernamentales, la suscripción de tratados o la emisión de declaraciones políticas. A su juicio, el desafío consiste en construir una integración práctica, capaz de coordinar respuestas ante problemas que exceden las capacidades y fronteras de cada Estado.
Seguridad, comercio e inversión en la propuesta salvadoreña
El vicepresidente vinculó directamente la mejora de las condiciones de seguridad con las posibilidades de desarrollo económico regional. “Un El Salvador más seguro no solamente beneficia a los salvadoreños, puede beneficiar a toda Centroamérica”, afirmó. Según su argumento, una región con menor violencia y mayor estabilidad puede atraer inversiones, facilitar los flujos comerciales y mejorar su posición competitiva.
La tesis parte de una premisa económica y territorial: los niveles de inseguridad afectan los costos de transporte, la continuidad de las cadenas de suministro, la actividad turística y la confianza de los inversionistas. En una región caracterizada por fronteras terrestres intensamente transitadas, los efectos de la violencia, el contrabando y la extorsión suelen desplazarse de un país a otro.
Ulloa presentó como referencia la experiencia salvadoreña, donde los homicidios descendieron tras la aplicación de un régimen de excepción dirigido contra las pandillas. La medida, adoptada en el marco de la llamada guerra contra esas estructuras, suspendió garantías constitucionales para toda la población y dio lugar a detenciones masivas.
El Gobierno salvadoreño ha defendido el régimen como un instrumento decisivo para recuperar el control territorial y reducir la incidencia criminal. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y distintos observadores han cuestionado la duración de la medida, las denuncias de detenciones arbitrarias y las condiciones de las personas privadas de libertad. Ese debate condiciona cualquier eventual proyección regional del modelo: la cooperación en seguridad requiere resultados verificables, pero también mecanismos de control institucional y protección de derechos.
Delincuencia sin fronteras y necesidad de coordinación
Durante el acto celebrado en el centro de San Salvador, Ulloa señaló que la cooperación debería abarcar narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y nuevas modalidades de delincuencia transnacional. “Los desafíos del crimen organizado no conocen fronteras, tampoco deben conocer frontera nuestra cooperación”, declaró.
La afirmación refleja un problema persistente para los países centroamericanos. Las organizaciones criminales utilizan rutas regionales para mover drogas, personas, armas y recursos financieros, mientras aprovechan diferencias normativas, controles fronterizos desiguales y capacidades institucionales limitadas. La coordinación de inteligencia, la persecución patrimonial y el intercambio de información judicial aparecen, por tanto, como componentes relevantes de una respuesta regional más allá de las operaciones policiales nacionales.
No obstante, traducir esa coincidencia en políticas comunes supone superar divergencias políticas y jurídicas entre los gobiernos. Los Estados de la región mantienen prioridades internas distintas y marcos legales propios, por lo que una agenda de seguridad compartida depende de reglas claras sobre cooperación, jurisdicción, uso de datos y rendición de cuentas.
La propuesta llega con el sistema regional debilitado
El llamado de Ulloa se produce en un momento de fragilidad para la arquitectura institucional de la integración centroamericana. El Sistema de la Integración Centroamericana, creado en 1991, reúne como miembros de pleno derecho a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. México, Estados Unidos y otros países participan como observadores regionales.
Uno de sus órganos centrales, la Corte Centroamericana de Justicia, dejó de operar en marzo de 2025. La situación se profundizó con la salida de Honduras el 30 de abril de 2026 y la posterior retirada de El Salvador el 20 de mayo, decisiones que dejaron al tribunal sin el número legal de Estados parte necesario para su funcionamiento.
La Corte era el órgano judicial principal y permanente del sistema, con facultades para interpretar y aplicar tratados regionales, resolver controversias entre Estados y conocer asuntos vinculados con los órganos de integración. Su estatuto contemplaba una composición basada en magistrados de los Estados parte y un financiamiento distribuido en partes iguales.
La pérdida operativa de ese mecanismo expone una contradicción entre la aspiración de cooperación práctica y el debilitamiento de las instancias regionales destinadas a encauzar disputas y asegurar el cumplimiento de acuerdos. La región cuenta con antecedentes históricos de integración, desde la República Federal de Centroamérica formada en 1824 y disuelta en 1841, pero la experiencia muestra que los compromisos políticos requieren instituciones sostenibles para mantenerse en el tiempo.
La propuesta salvadoreña coloca la seguridad como posible punto de convergencia en un contexto institucional complejo. Su viabilidad dependerá de que los gobiernos transformen el diagnóstico compartido sobre el crimen transnacional en mecanismos permanentes de coordinación, con recursos, supervisión y acuerdos capaces de sobrevivir a los cambios políticos nacionales.
