El Ejecutivo peruano solicitó al Congreso facultades para legislar durante 120 días con una agenda concentrada en tres áreas de alta sensibilidad pública: seguridad ciudadana, empleo juvenil e inversión privada, especialmente minera. La petición busca acelerar la aprobación de cambios normativos, pero el debate parlamentario estará determinado por una cuestión más amplia que la velocidad: si las medidas propuestas tienen objetivos verificables, instituciones capaces de aplicarlas y controles suficientes para evitar que una autorización temporal se convierta en una respuesta meramente declarativa.
La economista Paola del Carpio, integrante de la Red de Estudios para el Desarrollo, explicó que la delegación de facultades suele plantearse cuando el Ejecutivo considera que ciertos problemas no pueden esperar el trámite ordinario de discutir y aprobar una ley por vez. Bajo ese mecanismo, el Gobierno puede emitir decretos legislativos dentro de un plazo definido, mientras el Parlamento conserva la tarea de revisar posteriormente las normas aprobadas. Esa fórmula puede acortar los tiempos, aunque no resuelve por sí misma las deficiencias de diseño ni garantiza que las decisiones tengan efectos concretos.
La crisis de seguridad expone el límite de endurecer las penas
El capítulo de seguridad ciudadana es el más desarrollado del pedido. Su urgencia se explica, entre otros factores, por el crecimiento de las extorsiones, que se multiplicaron por cinco respecto del período anterior a la pandemia, según Del Carpio. El avance de este delito ha afectado a pequeños negocios, transportistas, comerciantes y trabajadores sometidos a amenazas, cobros ilegales y ataques vinculados con organizaciones criminales. La extorsión, el sicariato y la violencia contra actividades económicas han convertido la inseguridad en un problema cotidiano y también en un obstáculo para la continuidad de numerosos emprendimientos.
El Ejecutivo propone endurecer sanciones y crear una clasificación específica para determinadas organizaciones delictivas, con la expectativa de otorgar a las autoridades mayores herramientas de investigación y castigo. Sin embargo, una legislación más severa tendrá un efecto limitado si no aumenta la posibilidad de identificar, capturar y condenar a los responsables. La cadena decisiva comienza antes de la sentencia: requiere recibir denuncias, proteger a las víctimas, reunir pruebas, realizar investigaciones criminales eficaces y coordinar el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En ese punto aparecen los principales vacíos señalados por la especialista. El documento menciona el fortalecimiento de la inteligencia criminal, pero no define con suficiente precisión qué capacidades operativas se ampliarán, qué entidades asumirán nuevas funciones ni qué mecanismos de control impedirán abusos. La inteligencia resulta esencial para rastrear estructuras, rutas financieras y redes de protección, pero necesita reglas de supervisión y una articulación institucional que permita transformar la información en operaciones, procesos judiciales y condenas. La ausencia de una reforma policial desarrollada también deja abierta la pregunta sobre cómo mejorarán la formación, la supervisión interna y la investigación especializada.
El empleo juvenil necesita más que incentivos de contratación
El segundo eje es el mercado laboral juvenil. La tasa de desempleo entre los jóvenes se mantiene alrededor del 11%, casi el doble del promedio nacional, de acuerdo con Del Carpio. El indicador no refleja por completo la dimensión del problema, porque muchos jóvenes alternan entre trabajos informales, ocupaciones temporales y largos períodos de búsqueda. La recuperación del empleo total después de la pandemia tampoco se distribuyó de manera uniforme, y la población joven continúa enfrentando mayores barreras para acceder a puestos estables y con posibilidades de desarrollo.
El pedido contempla seis medidas para ampliar las oportunidades laborales, facilitar la contratación, establecer mecanismos de financiamiento e impulsar la capacitación. El riesgo está en que una formulación amplia produzca programas difíciles de evaluar. Para que los incentivos funcionen, el Gobierno tendría que precisar quiénes serán los beneficiarios, qué obligaciones asumirán las empresas, cuántos jóvenes se espera incorporar, cuánto costará el programa y de dónde saldrán los recursos. Sin esas condiciones, una política de promoción laboral puede terminar subsidiando contrataciones que habrían ocurrido de todas formas o concentrándose en sectores con baja capacidad de generar empleo duradero.
La capacitación ocupa un lugar especialmente relevante porque la empleabilidad no depende únicamente de reducir el costo inicial de contratar. También está vinculada con las habilidades que demandan las empresas, la productividad y la posibilidad de acceder a empleos de mayor calidad. Por ello, la intervención pública debería relacionar la formación con sectores que tengan demanda comprobable y con mecanismos de seguimiento que permitan saber si los participantes consiguen y conservan un empleo. La urgencia social del desempleo juvenil exige resultados medibles, no solo la creación de nuevas figuras administrativas.
La minería enfrenta una oportunidad y un problema de ejecución
En inversión privada, la propuesta se concentra en destrabar proyectos mineros. Perú invierte aproximadamente la mitad que Chile en minería en relación con el tamaño de sus economías, pese a mantener una posición competitiva en cobre y otros minerales. Del Carpio estimó que existen proyectos cercanos a los 60.000 millones de dólares pendientes de procesos administrativos, permisos y aprobaciones. Si una parte significativa de esas iniciativas avanzara, la inversión minera podría duplicarse y generar efectos sobre proveedores, empleo regional, ingresos fiscales e infraestructura.
La simplificación de trámites, sin embargo, debe distinguir entre demoras innecesarias y evaluaciones indispensables. Entre las alternativas examinadas aparece el silencio administrativo positivo, que presume aprobada una autorización cuando el Estado no responde dentro del plazo legal. El mecanismo podría reducir retrasos, pero también trasladar los problemas hacia la etapa posterior si existen observaciones ambientales, conflictos sociales o deficiencias técnicas no resueltas. Una aprobación automática no elimina el riesgo: puede convertir una demora burocrática en una paralización, una controversia judicial o un deterioro de la confianza entre empresas, comunidades y autoridades.
El Congreso deberá definir el alcance real de la delegación
La discusión parlamentaria tendrá que precisar qué materias se delegan, durante cuánto tiempo y bajo qué límites. La supervisión posterior de los decretos legislativos será importante, pero también lo serán los criterios establecidos antes de otorgar las facultades: metas, indicadores, instituciones responsables y obligaciones de transparencia. En seguridad, el resultado no debería medirse solo por el aumento de penas; en empleo, por el número de normas aprobadas; ni en minería, por la cantidad de permisos acelerados. La evaluación tendrá que considerar si disminuye la impunidad, si los jóvenes acceden a trabajos sostenibles y si las inversiones avanzan sin debilitar las salvaguardas ambientales y sociales.
El pedido del Ejecutivo responde a problemas reales y urgentes, pero su éxito dependerá de la calidad de los instrumentos que se aprueben durante esos 120 días. La rapidez puede ser útil cuando destraba decisiones pendientes; se vuelve contraproducente cuando sustituye la planificación, la coordinación institucional o el control público. El desafío central para el Gobierno y el Congreso será transformar una agenda de facultades en políticas ejecutables, con responsabilidades claras y resultados que puedan ser comprobados por la ciudadanía.
