Las principales organizaciones empresariales de agencias de viajes han llevado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la nueva licitación para gestionar los desplazamientos de la Administración General del Estado. El contrato, valorado en cerca de 605 millones de euros, afecta a los viajes de ministerios y otros organismos públicos, por lo que su resultado tendrá relevancia más allá de una adjudicación concreta: puede fijar criterios para futuras compras públicas de servicios turísticos.
Una impugnación sobre quién y cómo puede prestar el servicio
UNAV-FETAVE sostiene que los pliegos no precisan de manera suficiente la habilitación empresarial exigible a quienes aspiren a prestar servicios profesionales de agencia de viajes. La patronal reclama que la licitación identifique expresamente tanto el requisito sectorial como la normativa de la que deriva. Su argumento no se centra, según explica, en restringir el número de competidores, sino en evitar que operadores sujetos a obligaciones distintas participen bajo condiciones aparentemente equivalentes.
La cuestión tiene una dimensión práctica. La contratación pública busca normalmente ampliar la concurrencia para obtener mejores condiciones económicas, pero esa apertura debe coexistir con requisitos que acrediten capacidad técnica, responsabilidad profesional y cumplimiento regulatorio. Si los pliegos dejan ambiguo qué habilitación corresponde, el debate no se limita a la forma administrativa: puede afectar a la comparación de ofertas, a la ejecución del servicio y a la distribución de riesgos entre la Administración y el adjudicatario.
Gebta eleva el foco sobre precios y prestaciones
Gebta, organización que agrupa a agencias especializadas en viajes corporativos y cuyas ventas representan más del 85 % del total de ese segmento, formula una objeción más amplia. Considera que el contrato incorpora “múltiples y gravísimas” infracciones legales. Entre sus críticas figura la falta de justificación de la estructura de costes y la exigencia de descuentos lineales en tarifas aéreas, una condición que califica de ilegal.
El cuestionamiento de los descuentos incide en uno de los puntos más sensibles del mercado de viajes: el precio final no depende exclusivamente de la agencia. Las tarifas aéreas cambian según disponibilidad, antelación, rutas, condiciones de emisión y reglas comerciales de las compañías. Un esquema de descuentos uniforme puede resultar difícil de trasladar a una oferta real si no distingue entre productos, canales y restricciones tarifarias. La consecuencia sería que las empresas asuman compromisos económicos difíciles de sostener o que el precio ofertado no refleje con precisión el coste efectivo del servicio.
La asociación también impugna determinadas obligaciones técnicas por entender que son operativamente imposibles de cumplir con las prácticas actuales del transporte o porque exceden las funciones razonables de un intermediario turístico. Esta objeción plantea un problema recurrente en los grandes concursos: unos requisitos demasiado rígidos pueden intentar proteger al cliente público, pero, si se alejan del funcionamiento del mercado, reducen la viabilidad de las propuestas y elevan el riesgo de una licitación sin ofertas válidas.
El antecedente de un concurso desierto
La controversia llega después de que en 2025 Gebta recurriera el Acuerdo Marco para contratar estos servicios. Aquel recurso no llegó a resolverse porque el procedimiento quedó desierto tras no recibir ninguna oferta de agencias. El antecedente refuerza la importancia del actual litigio: no se trata sólo de una discrepancia interpretativa, sino de un sector que ya ha mostrado que puede optar por no concurrir cuando considera que las condiciones contractuales no permiten prestar el servicio con garantías suficientes.
Para la Administración, el desafío consiste en conciliar tres objetivos que no siempre avanzan al mismo ritmo: asegurar ahorro y transparencia, garantizar una cobertura amplia para los viajes oficiales y diseñar obligaciones compatibles con la regulación y la operativa del sector. Un contrato de este volumen requiere controles exigentes, pero también previsibilidad sobre responsabilidades, protección de datos, seguros y reglas aplicables a la intermediación aérea.
La resolución marcará el calendario y la competencia
El TACRC deberá determinar si las cláusulas denunciadas vulneran la normativa de contratación pública u otras disposiciones sectoriales invocadas por las patronales, entre ellas las relativas a protección de datos, seguros y el reglamento de IATA. Si aprecia defectos sustanciales, podría obligar a modificar los pliegos antes de que el proceso continúe. Si los avala, las agencias deberán decidir si las condiciones son suficientes para concurrir y asumir la gestión de un servicio de alta exposición operativa.
La resolución será observada por todo el mercado de viajes corporativos. La contratación pública no sólo compra billetes, alojamientos o asistencia al viajero: fija estándares sobre solvencia, información, atención de incidencias y reparto de responsabilidades. Una redacción más precisa puede ampliar la seguridad jurídica y favorecer una competencia efectiva; una redacción que el sector considere inviable, en cambio, puede volver a convertir una licitación de gran cuantía en un proceso sin propuestas.
