Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, habría sido trasladado desde la cárcel de La Dorada, en Caldas, al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña. La información, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por su familia ni por su defensa, según fuentes consultadas por Infobae Colombia cercanas al abogado Luis Gustavo Moreno, vocero de los allegados del exmandatario.
El eventual movimiento penitenciario se conoció después de una inspección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a la celda que ocupaba Gómez en La Dorada. Durante el procedimiento, funcionarios habrían encontrado un teléfono celular, un hallazgo que activó alertas debido a los señalamientos que vinculan al exgobernador con amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con un atentado contra instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.
Un traslado todavía rodeado de versiones
La ausencia de una comunicación oficial deja abierta una diferencia relevante entre lo informado por medios locales y la posición de la defensa. La Voz del Pueblo, de Ibagué, señaló que Gómez habría llegado a la capital del Tolima y que, durante el desplazamiento, fue llevado al Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, por una descompensación. Esa versión tampoco ha sido corroborada públicamente por las autoridades penitenciarias o por el entorno jurídico del exgobernador.
En este tipo de casos, el traslado no es un asunto meramente logístico. Puede obedecer a razones de seguridad, disciplina, salud, clasificación penitenciaria o a la necesidad de reducir riesgos de comunicación no autorizada. Pero mientras el Inpec no precise la decisión, sus fundamentos y el estado de salud del interno, persiste un vacío informativo que alimenta versiones contrapuestas en un expediente particularmente sensible.
El teléfono como elemento de alerta, no como prueba definitiva
La defensa de Gómez ha insistido en que el hallazgo de un celular dentro de su celda no permite, por sí solo, atribuirle responsabilidad por las amenazas o por el atentado que se investiga. Moreno pidió que se respete la presunción de inocencia y sostuvo que convertir al exgobernador en responsable sin una investigación probatoria podría desviar la búsqueda de los autores y determinadores reales de los hechos.
La precisión jurídica resulta central. La presencia de un dispositivo prohibido en un establecimiento penitenciario puede dar lugar a investigaciones internas, disciplinarias y penales, además de medidas de seguridad. Sin embargo, para conectar ese aparato con conductas concretas se requiere establecer quién lo usaba, qué comunicaciones contenía, desde cuándo se encontraba allí y si existe una relación verificable con los hechos denunciados. La cadena de custodia, los análisis forenses y los testimonios serán determinantes para pasar de una sospecha a una imputación sustentada.
La reacción presidencial eleva el tono institucional
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó ante la prensa que había ordenado trasladar a Gómez “de ser necesario” y advirtió que nadie podía amenazar a la Corte Suprema de Justicia. Sus declaraciones sitúan el caso en un plano que excede la situación individual del exgobernador: una amenaza contra magistrados es leída por el Ejecutivo como un ataque a la independencia judicial y a la capacidad del Estado para proteger a sus instituciones.
Ese mensaje busca reforzar una respuesta de autoridad frente a posibles presiones criminales, pero también impone una exigencia adicional a las entidades investigadoras. Cuanto mayor es la gravedad pública del señalamiento, mayor debe ser la solidez de las pruebas y la claridad de los procedimientos. La defensa judicial no se fortalece con anticipos de responsabilidad, sino con investigaciones rápidas, técnicas y transparentes que identifiquen a los responsables sin afectar garantías básicas.
Una prueba para los controles dentro de las cárceles
El episodio vuelve a exponer una vulnerabilidad persistente del sistema penitenciario colombiano: el ingreso y uso de dispositivos de comunicación en centros de reclusión. Un teléfono celular puede convertirse en una herramienta para mantener redes externas, coordinar intimidaciones, obtener información o evadir controles. Por eso, el caso trasciende la conducta que eventualmente se establezca sobre Gómez y obliga a revisar cómo ingresó el aparato, quién tenía acceso al espacio inspeccionado y qué controles fallaron.
Las respuestas eficaces no se limitan a trasladar a un interno a una prisión de mayor seguridad. Exigen auditorías sobre custodios, visitas, proveedores, zonas de ingreso y mecanismos tecnológicos de detección. También requieren protocolos que eviten que las medidas extraordinarias se conviertan en sustitutos de la investigación. Si el dispositivo estaba vinculado a delitos contra funcionarios judiciales, el objetivo debe ser reconstruir la red completa; si no lo estaba, la investigación deberá determinarlo con la misma rigurosidad.
La defensa niega vínculos y pide una investigación célere
Moreno aseguró que Gómez y su familia niegan cualquier participación en el atentado y en los hechos que se le atribuyen. El abogado hizo un llamado a la cordura y recordó que la condición de persona privada de la libertad no elimina el derecho a la defensa, al debido proceso ni a recibir atención médica adecuada. Su planteamiento combina dos solicitudes: investigar con celeridad y evitar que el contexto de presión pública reemplace la valoración individual de las pruebas.
La evolución del caso dependerá ahora de información que aún no ha sido divulgada: la confirmación del traslado, el reporte médico sobre la supuesta descompensación, el resultado del análisis del celular incautado y las decisiones que adopten Fiscalía, Inpec y autoridades judiciales. La urgencia institucional por esclarecer amenazas contra las altas cortes es evidente; el reto consiste en que esa urgencia produzca resultados verificables y no conclusiones anticipadas.
