La pregunta central no es cuántas mujeres han llegado a los espacios de decisión en México, sino qué pueden hacer desde ellos y ante quién responden. La crisis de Sinaloa convierte esa interrogante en un examen concreto. Siete mujeres aparecen situadas, según el análisis de Dulce María Sauri Riancho, en distintos niveles de la estructura política: una gobernadora interina que dejó el cargo sin modificar el poder heredado; una nueva mandataria provisional; una posible candidata a la gubernatura; la dirigente nacional de Morena; la fiscal general de la República; la secretaria de Gobernación; y la presidenta Claudia Sheinbaum. Todas tienen atribuciones formales. La incógnita es cuáles poseen capacidad real para ejercerlas.
El punto de partida es una novela de Elmer Mendoza, La sirena y el jubilado. Su protagonista, Carmen Larrañaga, conocida como “La Sirena”, es una mujer sinaloense entregada durante la adolescencia a un narcotraficante por su propio padre a cambio de una camioneta. Después de escapar, estudiar en la UNAM y regresar a Sinaloa, decide entrar en política para transformar las condiciones que produjeron su tragedia. La ficción le permite al autor formular una pregunta que la política real suele evitar: ¿para qué quiere una mujer el poder?
Carmen no busca una cuota de representación. Su campaña reúne a madres de personas desaparecidas, viudas de policías, feministas, académicas y trabajadoras sexuales. Todas convergen en una experiencia común de violencia, impunidad y abandono institucional. El atentado que sufre durante su primer mitin —dos disparos de los que sobrevive— no la retira de la contienda. Esa persistencia funciona como contraste con una clase política que puede administrar cargos sin alterar las redes que sostienen la inseguridad.
El primer dato decisivo: la paridad cambió la composición, no necesariamente las reglas
México alcanzó la paridad constitucional y eligió por primera vez a una mujer para la Presidencia. Ese logro tiene una dimensión histórica indiscutible: durante décadas, las mujeres fueron excluidas de candidaturas competitivas, dirigencias partidistas, gobiernos estatales y posiciones estratégicas de seguridad y justicia. Sin presencia institucional, la igualdad política era imposible. Pero la llegada numérica no garantiza por sí misma autonomía, rendición de cuentas ni resultados.
La trayectoria de Yeraldine Bonilla ilustra esa diferencia. Fue gobernadora interina durante más de cuatro meses, después de haber ocupado la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, el relato sobre su ascenso estuvo marcado por la dependencia política: el gobernador Rubén Rocha Moya la llamó públicamente “meserita”, en referencia a su trabajo previo en una lonchería, y se presentó como su padrino político. La expresión no es solamente clasista u ofensiva. También revela una relación de subordinación: quien otorga el acceso considera que conserva la propiedad política del cargo.
El hecho de que Bonilla regresara inmediatamente a la Secretaría General de Gobierno cuando Rocha decidió volver refuerza esa lectura. Formalmente había ocupado la gubernatura; materialmente, el poder decisorio permanecía en otra parte. La experiencia muestra que una mujer puede alcanzar la cúspide institucional mediante una designación y, aun así, carecer de margen para revisar el gabinete, cambiar prioridades o confrontar al grupo que hizo posible su nombramiento.
La primera observación crítica es, por tanto, que la paridad puede ser absorbida por estructuras políticas masculinizadas si no se acompaña de mecanismos de autonomía. El problema no reside en que una mujer sea interina o llegue con respaldo partidista. El problema aparece cuando el respaldo se convierte en tutela, cuando la lealtad personal pesa más que la autoridad legal y cuando la continuidad se presenta como estabilidad aunque impida investigar responsabilidades.
Graciela Domínguez enfrenta una prueba de autoridad, no de simbolismo
La designación de Graciela Domínguez Nava como nueva gobernadora interina abre una segunda fase. Socióloga, militante de izquierda durante décadas, diputada local y exsecretaria de Educación del gobierno de Rocha, Domínguez cuenta con una trayectoria política propia. No obstante, conserva por ahora el gabinete heredado. Esa continuidad puede ser razonable desde el punto de vista administrativo: una administración provisional necesita evitar el vacío de mando y garantizar la operación cotidiana del estado. Pero también puede bloquear cualquier señal de renovación.
Exigirle resultados inmediatos sería injusto. La crisis de Sinaloa no nació con su nombramiento y ninguna gobernadora interina puede resolver en días una disputa criminal, una investigación federal y una crisis de confianza acumulada. La cuestión más relevante está en sus primeras decisiones: si establece controles independientes sobre seguridad, si transparenta la información disponible, si escucha a las familias de desaparecidos y si delimita públicamente su relación con el poder que la precedió.
Su caso demuestra que la autoridad se construye mediante decisiones verificables. Una gobernadora provisional no necesita prometer una transformación total para demostrar autonomía. Puede hacerlo al ordenar auditorías, exigir informes con plazos, proteger a denunciantes, revisar nombramientos sensibles o hacer públicos los criterios con que se coordina con la Federación. La ausencia de tales señales convertiría el interinato en una simple sustitución administrativa.
Para la burocracia estatal, la continuidad ofrece previsibilidad. Para las familias afectadas por la violencia, puede significar que nada cambia. Para Morena, un gobierno interino estable reduce el riesgo de fracturas internas. Para las organizaciones civiles, en cambio, la estabilidad carece de valor si no produce investigación y protección. Estas perspectivas no son equivalentes, y el desafío de Domínguez consiste precisamente en demostrar que gobernabilidad y rendición de cuentas no deben ser opciones excluyentes.
La posible candidatura de Imelda Castro medirá la autonomía de Morena
Imelda Castro aparece encaminada hacia la candidatura de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Si esa posibilidad se concreta, el estado podría ser gobernado por primera vez por una mujer elegida directamente en las urnas. La diferencia con un interinato sería sustancial: el voto otorgaría una fuente propia de legitimidad. Pero ganar una elección no elimina automáticamente las dependencias partidistas, financieras o territoriales.
Castro tendría que responder a una disyuntiva de fondo. Puede representar la continuidad del grupo que gobernó Sinaloa durante el sexenio señalado o utilizar la candidatura para construir una autoridad diferenciada. La continuidad no es necesariamente negativa: permite preservar programas, equipos eficaces y políticas públicas que funcionen. Se vuelve problemática cuando incluye silencios sobre abusos, opacidad en la seguridad o protección a intereses particulares.
La segunda observación es que la sucesión de una mujer por otra no garantiza una transformación política. La representación descriptiva —que una mujer ocupe el cargo— debe conectarse con representación sustantiva: que sus decisiones atiendan los problemas de quienes históricamente han quedado fuera del poder. El indicador no será únicamente el género de la próxima gobernadora, sino la composición de su gabinete, la independencia de sus órganos de control, la atención a las víctimas y la capacidad para investigar a aliados y adversarios con el mismo criterio.
En este punto, la dirigencia nacional de Morena adquiere un peso determinante. Ariadna Montiel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, participa en la conducción del partido que gobierna México y Sinaloa y que probablemente definirá la candidatura. Los partidos no sólo seleccionan nombres: distribuyen recursos, construyen lealtades, arbitran conflictos y determinan qué conductas tienen consecuencias internas.
La controversia será inevitable. El partido puede argumentar que la unidad es indispensable para enfrentar a grupos criminales y evitar una fractura electoral. Sus críticos pueden responder que invocar la unidad para impedir una revisión interna convierte la disciplina en impunidad. Una dirigencia encabezada por una mujer será observada no por su identidad, sino por su disposición a examinar críticamente el poder que su propia organización construyó en el estado.
La justicia federal será el verdadero medidor de la capacidad institucional
Ernestina Godoy, como fiscal general de la República, ocupa una posición decisiva ante la violencia derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. El texto señala que permanecen abiertos diez expedientes, incluido uno relacionado con Rocha. Para las familias de personas asesinadas y desaparecidas, la autoridad no se mide por comunicados ni por conferencias, sino por investigaciones concluidas, detenidos, procesos judiciales y sentencias.
Ese criterio modifica la conversación sobre mujeres en el poder. Una fiscal puede representar un avance histórico en términos de género y, al mismo tiempo, ser evaluada por la eficacia de su institución. La legitimidad no se deriva de ocupar una oficina ni de formar parte de un gabinete paritario. Depende de que la Fiscalía resista presiones políticas, proteja a testigos, preserve evidencias y explique por qué determinados casos avanzan o se estancan.
La falta de resultados visibles tiene un efecto doble. Primero, prolonga el sufrimiento de las víctimas y favorece la expansión de la incertidumbre. Segundo, deteriora la credibilidad del Estado, porque la población interpreta la ausencia de sanciones como una señal de que ciertas redes son intocables. En regiones donde el crimen organizado disputa territorios y controla economías locales, cada investigación inconclusa puede reforzar la percepción de que el poder formal es menos eficaz que el poder clandestino.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, enfrenta otro tipo de responsabilidad. Su tarea no se limita a la seguridad pública: también debe preservar la gobernabilidad y la relación entre la Federación y el estado. Intervenir para contener una crisis puede evitar un colapso institucional, pero administrar el conflicto no equivale a resolverlo. La coordinación política tiene un límite: no puede sustituir la investigación penal ni convertir la paz aparente en una política permanente.
Claudia Sheinbaum concentra la mayor autoridad y la mayor obligación
Como primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum dispone de la capacidad constitucional y política más amplia para intervenir en la crisis sinaloense. El significado de su llegada a la Presidencia no debe minimizarse. Sin embargo, el carácter histórico de la elección empieza a ceder espacio a una exigencia más concreta: evaluar qué decisiones adopta y qué resultados produce su gobierno.
La Presidencia puede ordenar coordinación federal, reforzar capacidades de investigación, proteger a víctimas y presionar a las instituciones para que entreguen resultados. También puede optar por una administración de bajo conflicto, basada en preservar equilibrios partidistas y evitar acusaciones que afecten a figuras cercanas. La primera opción implica costos políticos inmediatos; la segunda puede reducir tensiones en el corto plazo, pero aumenta el riesgo de que la crisis se vuelva estructural.
El tercer planteamiento es que la violencia redefine el significado de la paridad. Mientras la agenda de igualdad se concentre en porcentajes de representación, puede ignorar que las mujeres que llegan al poder también enfrentan presiones para reproducir pactos, jerarquías y silencios. La paridad abre la puerta; no decide qué ocurre dentro del edificio. La verdadera transformación exige instituciones capaces de proteger a las mujeres que denuncian, incluidas aquellas que desafían a partidos, policías, funcionarios y grupos criminales.
La ficción de Carmen señala el vacío que la política todavía no llena
Carmen Larrañaga es la octava mujer del relato, aunque no existe. Paradójicamente, es la única cuya finalidad política aparece con absoluta claridad. Quiere modificar las condiciones que producen violencia familiar, sexual y criminal. Su entorno no discute cuotas, sino desapariciones, asesinatos, miedo y falta de justicia. En esa construcción literaria reside una crítica contundente: la sociedad puede saber con precisión qué necesita, mientras las instituciones se limitan a administrar quién ocupa cada puesto.
Su historia también permite observar un riesgo que afecta especialmente a las mujeres que entran en política desde comunidades violentadas. Cuando una candidata desafía intereses criminales o redes de poder, puede convertirse en objetivo de ataques, campañas de desprestigio y exclusión interna. El atentado narrado en la novela condensa una amenaza real para la participación política en zonas donde la autoridad está fragmentada. Sin garantías de seguridad, la competencia electoral puede convertirse en un filtro que expulsa a quienes intentan cambiar las reglas.
En los próximos meses, tres tendencias serán determinantes. La primera será la definición de la candidatura de Morena y la manera en que se resuelvan las disputas internas. La segunda, la capacidad de la Fiscalía para convertir los expedientes abiertos en procesos comprobables. La tercera, el margen de decisión de la gobernadora interina frente al gabinete y las redes heredadas. Si estos tres procesos avanzan sin transparencia, la presencia de mujeres puede ser utilizada como evidencia de renovación sin que cambie el funcionamiento del poder.
También existen riesgos específicos. Una crisis de seguridad mal gestionada puede aumentar los desplazamientos, la desaparición de personas y la presión sobre periodistas, activistas y candidatas. Una investigación percibida como selectiva puede profundizar la polarización y alimentar la idea de que la justicia opera según conveniencias políticas. Y una sucesión diseñada únicamente para conservar equilibrios internos puede provocar desencanto entre las mujeres que esperaban que la paridad significara protección y justicia.
La pregunta que deja la novela no pierde fuerza al pasar a la realidad: no cuántas mujeres tienen poder, sino para qué lo usan y qué límites aceptan. Sinaloa ofrece una prueba excepcional porque concentra, al mismo tiempo, una gobernadora interina, una posible candidata, una dirigente partidista nacional, responsables federales de justicia y gobernabilidad, y una presidenta con autoridad máxima. El desenlace no dependerá de la fotografía de conjunto, sino de decisiones capaces de separar el cargo de la tutela, la unidad de la impunidad y la estabilidad de la simple conservación del orden existente.
