Una reforma contra la narcopolítica
El Partido Acción Nacional propuso sancionar con penas de entre 80 y 140 años de prisión a los funcionarios públicos que colaboren con organizaciones criminales, una medida que en la práctica equivaldría a cadena perpetua. La iniciativa busca convertir esa colusión en delito e impedir que los responsables recuperen su libertad mediante licencias, separaciones del cargo o movimientos parlamentarios.
El planteamiento fue presentado en la Cámara de Diputados por el coordinador de la bancada panista, Elías Lixa, y el legislador José Hinojosa. La reforma alcanzaría al titular del Ejecutivo federal, gobernadores, secretarios, integrantes de fiscalías y responsables del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siempre que utilicen las instituciones del Estado en beneficio del crimen organizado. En esos casos, la conducta sería considerada equiparable a la traición a la patria y no prescribiría.
La propuesta también contempla castigar a integrantes del crimen organizado que intenten influir en decisiones de los poderes públicos o alterar los resultados de una elección. El PAN sostiene que la captura de instituciones no se limita a la seguridad pública: también amenaza la democracia cuando las redes criminales intervienen en gobiernos, fiscalías o procesos electorales.
El desafío político
Lixa reconoció que su partido no cuenta con los votos suficientes para aprobar por sí solo la reforma, por lo que el avance dependerá de otras fuerzas políticas. El debate se produce en medio de los señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con Los Chapitos, señalamientos que él ha rechazado. El PAN exige que esos casos no se resuelvan únicamente con licencias o cambios de bancada, sino mediante investigaciones y sanciones judiciales. La discusión central será si el Congreso convierte la condena política a la narcopolítica en un mecanismo penal aplicable y con garantías de debido proceso.
