Las empresas familiares peruanas enfrentan un escenario de presión simultánea sobre sus ventas, costos, abastecimiento y liquidez ante la posible intensificación de los efectos del fenómeno de El Niño. La advertencia adquiere relevancia por el peso de este segmento en la economía: las compañías de núcleo familiar concentran el 36,7% del empleo formal del país, según el informe Relevancia de la Empresa Familiar en el Perú: Continuidad y Desafíos, citado por la Asociación de Empresas Familiares (AEF).
El Banco Interamericano de Desarrollo estima, además, que cerca del 80% de las empresas peruanas son familiares. Esa presencia abarca desde pequeños negocios hasta grupos de mayor escala en actividades como comercio, manufactura, transporte, servicios y agroexportación. Por ello, una interrupción climática no solo puede afectar a una empresa aislada, sino trasladarse a redes de proveedores, trabajadores, clientes y comunidades dependientes de su actividad.
La continuidad depende de una red que va más allá de la empresa
Mario Salazar, representante de la AEF, señaló que el principal riesgo no se limita a una reducción de la producción o de la demanda. Una empresa puede mantener pedidos y clientes, pero quedar impedida de cumplirlos si las carreteras se bloquean, los proveedores no pueden movilizar insumos o los productos terminados no alcanzan los mercados de destino.
“Una empresa puede tener mercado y clientes, pero si una carretera se interrumpe, un proveedor no puede abastecerla o su producción cae, rápidamente aparece un problema de continuidad”, explicó Salazar. Su planteamiento sitúa el riesgo climático como un problema de interdependencias: la preparación interna puede ser insuficiente cuando fallan puentes, vías, energía, telecomunicaciones o servicios logísticos.
La exposición es mayor para empresas situadas fuera de Lima, especialmente en el norte del país, donde lluvias intensas, desbordes y daños en la infraestructura pueden prolongar los tiempos de traslado. En estas zonas, las alternativas de transporte suelen ser más limitadas y los costos de reemplazar una ruta interrumpida pueden elevarse con rapidez. Para las firmas de menor tamaño, que cuentan con menos capacidad financiera y menor poder de negociación, un sobrecosto temporal puede convertirse en una dificultad estructural.
Fletes, inventarios y contratos bajo presión
El encarecimiento de la logística es una de las primeras consecuencias de una emergencia climática. Los desvíos, las demoras y la menor disponibilidad de transporte elevan los fletes y alteran la planificación de despachos. En productos perecibles, el riesgo es especialmente sensible: el retraso puede causar deshidratación, deterioro, pérdida de calidad y una reducción del valor comercial antes de llegar al comprador.
En el caso de bienes no perecibles, la afectación puede no ser inmediata, pero tampoco es menor. La falta de entrega puede generar incumplimientos contractuales, penalidades, acumulación de inventarios o pérdida de relaciones comerciales construidas durante años. La dependencia de pocos proveedores, de una sola carretera o de un único canal de distribución amplifica el impacto cuando ocurre una contingencia.
La vulnerabilidad, por tanto, no se explica únicamente por la ubicación física de una planta, un almacén o un cultivo. También está determinada por la concentración de proveedores, la disponibilidad de inventario, las condiciones pactadas con los compradores y la capacidad de trasladar costos sin perder competitividad. En un mercado donde muchas empresas familiares operan con márgenes ajustados, estas variables pueden definir la diferencia entre una interrupción manejable y una crisis de caja.
La liquidez se convierte en una herramienta de resistencia
Salazar sostuvo que, en períodos de incertidumbre climática, la caja deja de ser solo un indicador financiero habitual y pasa a ser un instrumento para sostener la operación. La recomendación de la AEF es elaborar escenarios que contemplen una situación normal, otra adversa y una de mayor impacto, con el fin de estimar la capacidad de respuesta antes de que ocurra una emergencia.
Ese análisis debe incluir, entre otros factores, una caída de ventas, un aumento del transporte, una paralización parcial de actividades durante varias semanas y la posibilidad de almacenar productos sin que pierdan valor después de un corte de carretera. El objetivo no es anticipar con exactitud cada evento, sino identificar cuánto tiempo puede resistir la empresa y qué decisiones deben tomarse en cada etapa.
La revisión alcanza al capital de trabajo, los inventarios, las líneas de crédito y los vencimientos de deuda. También obliga a distinguir entre inversiones que pueden postergarse y aquellas que reducen riesgos operativos, como proteger almacenes, instalar generadores eléctricos, mejorar drenajes o reforzar sistemas de bombeo. La prioridad financiera puede desplazarse desde la expansión hacia la preservación de la continuidad del negocio.
Seguros y crédito preventivo aún muestran limitaciones
La AEF observa una mayor conciencia empresarial sobre la necesidad de contar con seguros y financiamiento frente a riesgos climáticos, aunque persisten brechas de cobertura, costo y acceso. Las dificultades se acentúan en las empresas más pequeñas, que suelen enfrentar primas más altas, productos menos adaptados a sus necesidades o exigencias financieras difíciles de cumplir.
Según Salazar, el financiamiento suele llegar cuando el daño ya se produjo, una lógica que limita su utilidad para prevenir pérdidas. En ese sentido, planteó la necesidad de mecanismos que permitan anticipar inversiones de adaptación, responder durante la contingencia y reconstruir con mayor velocidad. También propuso desarrollar cláusulas específicas vinculadas a El Niño y protocolos conocidos por empresas, entidades financieras y familias propietarias.
La coordinación anticipada con bancos, proveedores y clientes puede reducir parte de la incertidumbre. Renegociar plazos de pago, revisar condiciones de entrega o acordar alternativas de abastecimiento antes de una interrupción ofrece mayor margen que intentar resolver esas decisiones cuando la operación ya está afectada. La preparación, en este caso, tiene una dimensión comercial y financiera, además de logística.
El agro concentra riesgos que no pueden detenerse
El sector agrícola presenta una exposición particular porque sus ciclos productivos no pueden suspenderse mientras pasa una emergencia. El exceso de humedad, las lluvias, las variaciones de temperatura y los problemas de disponibilidad de agua pueden afectar rendimiento, calidad y calendario de venta. Salazar mencionó posibles efectos sobre cultivos como mango, arándano y uva, productos relevantes para el mercado interno y la exportación.
Las empresas del agro pueden reforzar infraestructura propia, pero siguen dependiendo de obras públicas como carreteras, puentes y defensas ribereñas. Esa dependencia revela un límite de la gestión privada del riesgo: una firma puede proteger sus instalaciones y conservar liquidez, pero su capacidad de cumplir contratos seguirá condicionada por el funcionamiento de la infraestructura territorial.
La AEF resume la preparación en cinco frentes: identificar puntos críticos, proteger la liquidez, elaborar escenarios, asegurar proveedores y logística, y definir quién toma decisiones durante una emergencia. Convertir esas medidas en parte de la planificación ordinaria puede reducir pérdidas, aunque no elimina la necesidad de infraestructura pública resiliente, seguros accesibles y crédito preventivo para un sector que sostiene una porción decisiva del empleo formal peruano.
