La expansión del smartphone entre las personas mayores está alterando una idea instalada durante años: que la dependencia del móvil es, sobre todo, un problema adolescente o juvenil. Los datos disponibles muestran otra realidad. En 2023, más del 96% de los mayores de 60 años utilizaba teléfono móvil, según el informe Envejecimiento en red del CSIC. Entre los 65 y 74 años, el uso de internet alcanzaba al 80% de la población; entre los mayores de 75, al 41%. La OCU confirmó en diciembre de 2025 que el smartphone ya es el principal dispositivo de acceso a internet para este grupo de edad. La inclusión digital ha avanzado con rapidez, pero ese éxito también ha trasladado al envejecimiento algunos riesgos que antes se asociaban a otras generaciones.
El asunto no es cuántas horas permanece una persona ante la pantalla, sino qué funciones empieza a cumplir el dispositivo en su vida. Para una persona jubilada, viuda, con movilidad reducida o alejada de sus redes sociales presenciales, el teléfono puede ser al mismo tiempo ventana al mundo, agenda, compañía y mecanismo de evasión. Esa concentración de funciones explica por qué la frontera entre un uso intenso y un uso problemático resulta especialmente difícil de detectar. El móvil puede facilitar una videollamada con los nietos y, pocas horas después, alimentar una cadena de vídeos, compras o noticias que desplaza el descanso, la actividad física y la conversación cara a cara.
La dependencia no se mide solo en horas de pantalla
María Quevedo, directora de tratamiento de Clínica Recal, sitúa el criterio en la pérdida de control, la abstinencia, los conflictos interpersonales y las consecuencias negativas en la vida cotidiana. La precisión es relevante porque evita convertir cualquier hábito digital frecuente en una patología. Una persona mayor puede usar el teléfono varias horas para gestionar citas médicas, hablar con familiares que viven lejos, consultar información bancaria o participar en actividades comunitarias sin que exista una dependencia. El problema aparece cuando intenta reducir el uso y no puede, se irrita si el aparato no está disponible o deja de atender necesidades básicas y vínculos reales para seguir conectado.
Esta distinción debería orientar tanto a las familias como a los profesionales sanitarios. Contar minutos de pantalla es una herramienta pobre si no se analiza el contexto. Dos personas con el mismo tiempo de uso pueden encontrarse en situaciones opuestas: una puede mantener conversaciones significativas, aprender idiomas o participar en grupos de apoyo; otra puede pasar horas consumiendo contenido pasivo, atrapada en recomendaciones automáticas que no generan relación ni bienestar duradero. La primera obtiene un recurso de autonomía; la segunda puede estar usando el dispositivo para anestesiar una sensación de vacío.

La diferencia tiene consecuencias clínicas y sociales. Cuando se califica sin matices el uso del móvil como una adicción, se corre el riesgo de estigmatizar a mayores que han encontrado en la tecnología una vía de independencia. Pero minimizar las señales por considerar que “a su edad ya no pueden engancharse” retrasa la detección de problemas de depresión, ansiedad, duelo o aislamiento. El smartphone no crea automáticamente esas dificultades; con frecuencia actúa como un amplificador o como una salida inmediata ante ellas. Esa relación obliga a tratar el malestar de fondo, no solo a limitar el acceso a la pantalla.
La jubilación y el duelo cambian la relación con la tecnología
El riesgo no se reparte de forma homogénea entre toda la población sénior. La jubilación puede desordenar una rutina construida durante décadas: desaparecen horarios, contactos laborales, desplazamientos y objetivos diarios. La pérdida de la pareja añade un vacío afectivo que a menudo coincide con cambios económicos, de salud o de vivienda. Vivir solo, tener dificultades para salir del domicilio o depender de familiares que residen en otra ciudad puede reducir todavía más las oportunidades de interacción espontánea. En esas circunstancias, el teléfono ofrece gratificación inmediata y permanente: hay mensajes, titulares, vídeos y recomendaciones a cualquier hora.
La primera aportación que conviene subrayar es que el móvil no debe analizarse únicamente como un producto tecnológico, sino como un indicador de la calidad de la vida cotidiana. Cuando una persona mayor encuentra en el scroll infinito su principal ocupación, la pregunta decisiva no es por qué abre una aplicación tantas veces, sino qué actividades, relaciones o servicios están ausentes fuera de ella. Un entorno con pocos espacios de socialización, transporte insuficiente, barreras arquitectónicas o escasa oferta comunitaria favorece que la pantalla asuma un papel desproporcionado. La prevención, por tanto, no puede descansar solo en consejos individuales sobre “usar menos el móvil”.
Este diagnóstico tiene implicaciones para ayuntamientos, centros de mayores, servicios sociales y atención primaria. Las políticas de envejecimiento activo suelen celebrar el acceso digital porque permite trámites, teleasistencia, cultura y contacto familiar. Todo ello es cierto. Sin embargo, la digitalización de servicios también puede producir un efecto paradójico: si la cita médica, la banca, la información pública y parte de la vida social se trasladan a la pantalla, se refuerza la necesidad de estar conectado sin garantizar que esa conexión sea saludable. La inclusión digital necesita acompañamiento, no solo dispositivos y formación técnica.
Comunicar no es lo mismo que consumir
Las investigaciones y la experiencia clínica apuntan a una separación clave entre uso interactivo y uso pasivo. Las llamadas, la mensajería y las videollamadas con familiares pueden aliviar la soledad y reducir síntomas depresivos, especialmente cuando complementan encuentros presenciales imposibles por distancia o dependencia. En cambio, la sucesión pasiva de vídeos, publicaciones o noticias puede intensificar la comparación social, el aislamiento y la percepción de que el tiempo transcurre sin propósito. La misma pantalla puede servir para sostener un vínculo o para sustituirlo de forma precaria.
La segunda idea de fondo es que el diseño de las plataformas importa tanto como la vulnerabilidad individual. Los vídeos cortos, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación no están pensados para responder a necesidades específicas de las personas mayores, sino para prolongar la atención de cualquier usuario. Para alguien con menos rutinas, ansiedad o dificultades de autorregulación, esa arquitectura puede ser especialmente eficaz. No se trata de atribuir toda responsabilidad a las empresas tecnológicas, pero sí de reconocer que el negocio de la economía de la atención aprovecha mecanismos psicológicos universales: recompensa variable, novedad continua y miedo a perderse algo.
Quevedo advierte además de que los usos más asociados a la sobrecarga y la adicción entre mayores de 60 años no se reducen al entretenimiento breve. Las apuestas online, el contenido adulto y las compras compulsivas presentan una capacidad mayor de generar daño económico, relacional y emocional. Este punto merece atención porque rompe el estereotipo de que la vulnerabilidad digital sénior se limita a fraudes o falta de destreza tecnológica. Una persona con experiencia vital y capacidad económica puede ser igualmente vulnerable cuando una aplicación combina pagos fáciles, promociones personalizadas y disponibilidad permanente.
El riesgo económico puede llegar antes que el diagnóstico
En muchos hogares, los primeros indicios no serán necesariamente una confesión de dependencia, sino pequeños cambios en los gastos, el sueño o la conducta. Suscripciones que nadie recuerda haber contratado, compras repetidas, apuestas aparentemente ocasionales, cargos de juegos o pedidos realizados de madrugada pueden ser señales de alarma. A diferencia de la televisión tradicional, el smartphone integra entretenimiento, publicidad, pagos y mensajería en un mismo aparato. Esa convergencia reduce las pausas que antes separaban el impulso de la acción: basta una recomendación, una tarjeta guardada y una confirmación para convertir una necesidad emocional momentánea en una transacción.
La tercera conclusión es que la prevención del uso problemático debe incorporarse a la educación financiera y a la protección frente al fraude. Las campañas dirigidas a mayores suelen centrarse en llamadas falsas, enlaces maliciosos o suplantaciones bancarias. Esas amenazas son necesarias de abordar, pero resultan incompletas si ignoran los mecanismos legales de captación comercial: descuentos temporales, créditos rápidos, publicidad encubierta y sistemas de recompensa. La frontera entre consumo voluntario y comportamiento compulsivo puede desdibujarse cuando el usuario recibe estímulos continuos adaptados a sus hábitos.
También existe una tensión legítima entre protección y autonomía. Los familiares suelen detectar antes que la persona afectada la irritabilidad, el aislamiento o la disminución de actividad física. Sin embargo, retirar el teléfono, imponer contraseñas o vigilar cada uso puede vivirse como una infantilización. Para muchas personas mayores, el móvil es una herramienta de independencia y una conexión esencial con hijos, amistades, médicos o servicios públicos. Las restricciones rígidas pueden aumentar el conflicto y profundizar la sensación de soledad que alimentaba el problema inicial.
Las familias necesitan conversación, no vigilancia permanente
El enfoque más útil pasa por observar cambios concretos y conversar sin acusaciones. Resulta más eficaz preguntar si el móvil está afectando al sueño, si se ha dejado de salir o si determinados gastos preocupan, que reprochar el número de horas de uso. El phubbing, es decir, mirar constantemente la pantalla durante una comida o una conversación, puede ser una señal visible de que el dispositivo está invadiendo las relaciones. También lo son la incapacidad de dejarlo a un lado, la irritación ante una mala conexión y el abandono de aficiones previas.
La atención primaria tiene un papel potencialmente decisivo porque el uso compulsivo del móvil puede presentarse junto a insomnio, síntomas depresivos, ansiedad, deterioro cognitivo subjetivo o sedentarismo. Quevedo señala que una menor autoconciencia y las dificultades de autorregulación pueden hacer que la persona minimice el problema. Esto exige que médicos, psicólogos, trabajadores sociales y cuidadores formulen preguntas sencillas sobre hábitos digitales, del mismo modo que preguntan por sueño, alimentación, alcohol o actividad física. No para medicalizar cada uso, sino para identificar cuándo la pantalla se ha convertido en una forma de evitar una dificultad tratable.
Las intervenciones más razonables combinan límites consensuados y alternativas reales. Sustituir parte del tiempo de pantalla por 30 minutos diarios de actividad física puede mejorar la salud mental y reducir el uso problemático, pero esa recomendación solo será viable si la persona cuenta con un entorno accesible, acompañamiento o actividades que le resulten significativas. Caminar con un vecino, acudir a un taller, recuperar una afición manual, participar en una asociación o fijar llamadas familiares a horas determinadas puede aportar una estructura que la pantalla había ocupado. El objetivo no es desconectar a los mayores del mundo digital, sino devolverles capacidad de elección sobre cómo y para qué se conectan.
Una brecha nueva dentro de la inclusión digital
Durante los próximos años, el debate previsiblemente dejará de centrarse en si las personas mayores saben utilizar tecnología y pasará a preguntarse en qué condiciones la usan. El crecimiento de redes sociales, plataformas de vídeo, comercio electrónico y asistentes basados en inteligencia artificial ampliará las oportunidades de acceso, pero también multiplicará los estímulos diseñados para retener atención. Los sénior más jóvenes ya emplean Facebook, Instagram y TikTok; las generaciones que envejezcan después llegarán con hábitos digitales aún más consolidados. La cuestión dejará de ser marginal para convertirse en un asunto de salud pública, diseño de producto y política social.
La respuesta más sólida no será prohibicionista. Requerirá plataformas con controles comprensibles, configuraciones de descanso más visibles, mecanismos de gasto más transparentes y herramientas de detección de comportamiento anómalo que respeten la privacidad. Exigirá también redes familiares menos basadas en la supervisión y más en el acompañamiento, además de servicios públicos capaces de ofrecer comunidad fuera de la pantalla. El avance digital ha reducido una brecha histórica para millones de mayores; preservar ese beneficio dependerá de evitar que la conexión permanente se convierta, precisamente para quienes más necesitan vínculos, en una nueva forma de aislamiento.
