El Gobierno ha situado la defensa de la convivencia en Ceuta en el centro de su respuesta a las concentraciones convocadas para este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconocieron el derecho de la ciudadanía a manifestarse, pero reclamaron que cualquier movilización se desarrolle sin violencia. Al mismo tiempo, el Ejecutivo acusó al Partido Popular de utilizar instituciones de representación territorial con fines partidistas.
El derecho a protestar, ligado a la preservación de la normalidad
La posición del Gobierno no cuestiona formalmente la convocatoria, sino las condiciones en las que debe ejercerse. Saiz expresó “máximo respeto” por el derecho de manifestación siempre que no desemboque en violencia, una advertencia que revela la preocupación oficial por el impacto que pueda tener una escalada de tensión sobre la vida cotidiana de la ciudad autónoma. Para el Ejecutivo, la protesta puede ser una vía legítima de expresión política y social, pero deja de contribuir a la solución cuando compromete la seguridad o deteriora la convivencia.
Torres reforzó ese mensaje al pedir explícitamente “no violencia” y al solicitar la colaboración de los medios de comunicación para que el foco público no quede absorbido por incidentes. Su planteamiento parte de una premisa clara: recuperar la normalidad en Ceuta exige reducir la confrontación, no amplificarla. El ministro sostuvo que la movilización puede desarrollarse de forma cívica, incluso desde la crítica a los responsables públicos, y evocó las protestas con flores como ejemplo de una expresión firme pero pacífica.
La disputa se traslada a la Federación de Municipios
Junto al llamamiento a la calma, el Gobierno abrió un frente político con el PP por el papel de la FEMP. Saiz afirmó que los populares “instrumentalizan” las instituciones y vinculó esta crítica con el uso que, a juicio del Ejecutivo, ya hicieron del Senado. La acusación tiene relevancia porque la FEMP reúne a ayuntamientos y diputaciones de distinto signo político y, por su propia naturaleza, aspira a representar intereses locales compartidos, no únicamente posiciones de partido.
Torres insistió en esa idea al recordar que la Federación es un órgano colegiado, con una dirección también colegiada. El mensaje apunta a que las decisiones relacionadas con Ceuta deberían sustentarse en consensos internos y en una representación plural de los municipios, especialmente cuando se convocan actos públicos que pueden ser interpretados como respaldo institucional a una causa concreta. La controversia, por tanto, no se limita a la legitimidad de las concentraciones, sino que afecta a quién define su significado político y bajo qué procedimiento se adopta esa decisión.
Ceuta como escenario de una tensión institucional más amplia
Las preguntas planteadas al Gobierno reflejaron dos interpretaciones enfrentadas sobre la convocatoria: una, que la presenta como una muestra de apoyo a Ceuta; otra, que la considera una acción dirigida contra el presidente Pedro Sánchez. El Ejecutivo trató de separar ambas dimensiones al defender que respaldar a los ceutíes exige lealtad institucional y trabajo sostenido, no la utilización de una situación sensible para alimentar la confrontación partidista.
Ese contraste es especialmente significativo en una ciudad donde la estabilidad institucional y social tiene una dimensión estratégica. Cualquier episodio de tensión pública puede tener efectos que exceden el debate político nacional, desde la percepción de seguridad hasta la capacidad de las administraciones para coordinar respuestas. Por ello, el Gobierno busca colocar la violencia fuera del marco admisible de la discusión, incluso cuando mantiene un discurso abiertamente crítico con la oposición y con la gestión de la FEMP.
El respaldo de Juan Jesús Vivas
Torres destacó el llamamiento a la no violencia realizado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y subrayó la coincidencia entre ambas administraciones en este punto. Esa convergencia es relevante porque Vivas representa una institución clave en la gestión directa de la ciudad y porque introduce un elemento de cooperación en medio de la disputa entre el Gobierno central y el PP. La coincidencia no elimina las diferencias políticas, pero sí delimita una prioridad compartida: evitar que las movilizaciones alteren la convivencia.
El reconocimiento público al presidente ceutí también permite al Ejecutivo proyectar una respuesta institucional más amplia que la estrictamente partidista. Frente a la acusación de que las concentraciones puedan convertirse en un instrumento contra Sánchez, el Gobierno intenta asociar su posición con la protección de los ciudadanos y con la coordinación entre administraciones. La eficacia de esa estrategia dependerá, en buena medida, de que la jornada transcurra sin incidentes y de que la discusión posterior se mantenga en el terreno político e institucional.
Una jornada que medirá la capacidad de contención
La movilización de este miércoles será observada no solo por su asistencia, sino por el tono que adopte. Una protesta pacífica reforzaría la tesis de que existe espacio para expresar malestar sin fracturar la convivencia. En cambio, cualquier episodio violento daría mayor peso al mensaje preventivo del Gobierno y podría desplazar las reivindicaciones de fondo por una discusión centrada en el orden público. En ese escenario, la disputa sobre la FEMP quedaría ligada a una cuestión más delicada: la responsabilidad de las instituciones y de los partidos al convocar, encauzar y representar el descontento ciudadano en Ceuta.
