El nuevo modelo de financiación autonómica inicia su recorrido político con una contradicción central: el Gobierno prevé obtener este viernes la autorización para tramitarlo en el Congreso, pero lo hace frente al rechazo de alrededor del 90 % de las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunido en Madrid, dispone de quórum suficiente pese a la ausencia de la Comunidad de Madrid y puede formalizar el avance de la propuesta. Sin embargo, la reunión deja patente que la viabilidad procedimental del plan no equivale a un acuerdo territorial sobre su contenido.
La previsión es que Cataluña y Canarias respalden el modelo, mientras que el resto de las autonomías presentes exprese su oposición, con distintos grados de dureza. La composición y las reglas de votación del Consejo permiten que el Ejecutivo impulse la iniciativa aunque no sume una mayoría de gobiernos regionales. Esa diferencia es relevante porque la financiación autonómica no es una reforma ordinaria: determina los recursos con los que las comunidades sostienen servicios como sanidad, educación y dependencia, y requiere una aceptación política amplia para consolidarse en el tiempo.
Una asistencia suficiente, pero sin consenso
La cita comenzó en torno a las once de la mañana con la presencia de todos los consejeros autonómicos salvo el de Madrid. El Gobierno madrileño había propuesto a las comunidades gobernadas por el PP que no acudieran, con el objetivo de impedir el quórum y bloquear la reunión. La iniciativa no prosperó: los ejecutivos populares decidieron participar para defender su posición dentro del órgano, aunque coincidieron con Madrid en la impugnación de fondo al proyecto.
El consejero gallego Miguel Corgos resumió esa estrategia al señalar que su comunidad acudía por coherencia con su compromiso previo, pero con el propósito de intentar que la propuesta fuese devuelta. Las intervenciones de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana siguieron una línea similar. La divergencia táctica, por tanto, no altera el diagnóstico compartido entre las regiones del PP: consideran que el modelo ha sido diseñado sin una negociación multilateral suficiente y que no responde a las necesidades del conjunto de España.
La postura de Cataluña es la más claramente favorable. La consejera de Economía, Alicia Romero, del PSC, defendió que el texto supone una actualización necesaria tras más de una década sin una reforma del sistema. Según expuso, la propuesta incorpora más de 21.000 millones de euros al conjunto del modelo y permitiría a Cataluña reforzar sus servicios públicos. Canarias también prevé votar a favor, lo que ofrece al Ejecutivo apoyos territoriales explícitos, aunque lejos de una adhesión generalizada.
El desacuerdo alcanza también al espacio socialista
El rechazo no queda limitado a las comunidades dirigidas por el PP. Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE, han planteado objeciones de importancia. El consejero asturiano, Guillermo Peláez, reconoció el valor de que el Gobierno haya presentado una iniciativa después de años de bloqueo y criticó la falta de disposición al diálogo por parte del PP. Aun así, cuestionó que el resultado garantice suficientemente la igualdad entre territorios y apuntó a defectos en su tramitación.
Castilla-La Mancha elevó aún más el tono. Su consejero, Amador Pastor, manifestó una oposición frontal al entender que el modelo se negoció con ERC antes de escuchar a las demás comunidades. Su crítica se dirige tanto al método como al posible efecto distributivo: teme que el principio de ordinalidad beneficie a las autonomías más pobladas y con mayor renta. Esa coincidencia entre gobiernos de distinto signo político revela que el conflicto no puede explicarse solo como una confrontación partidista entre el Ejecutivo central y el PP.
La disputa por la igualdad de recursos
La cuestión de fondo es qué debe corregir el sistema de financiación y con qué criterios. Las comunidades que rechazan el plan sostienen que la propuesta puede debilitar la nivelación, el mecanismo destinado a que los ciudadanos accedan a servicios públicos comparables con independencia de su lugar de residencia. Cataluña, en cambio, defiende que una actualización de recursos y un esquema más justo para su aportación al sistema son compatibles con la mejora general de los servicios públicos.
El principio de ordinalidad concentra buena parte de la controversia. Aplicado a la financiación, persigue que una comunidad con mayor capacidad fiscal no descienda de forma desproporcionada en la clasificación de recursos tras contribuir a la solidaridad interterritorial. Sus defensores argumentan que evita penalizar a los territorios que más recaudan; sus críticos advierten de que, si se formula sin salvaguardas suficientes, puede limitar la capacidad redistributiva necesaria para compensar diferencias de renta, dispersión demográfica, envejecimiento o coste de prestación de servicios.
La consejera andaluza Carolina España ha descrito la propuesta como una “traición” a las comunidades al considerar que se fraguó entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña. El valenciano José Antonio Rovira ha añadido otra reclamación pendiente: el fondo de nivelación transitorio que la Comunidad Valenciana venía exigiendo mientras se aprobaba una reforma definitiva. Su reproche subraya que el debate no solo gira sobre el futuro diseño del sistema, sino también sobre cómo atender los desequilibrios que persisten durante la transición.
El Congreso recibirá un proyecto políticamente frágil
La autorización del Consejo abre una fase distinta, la parlamentaria, pero no resuelve las reservas expresadas por la mayoría de los territorios. El Gobierno deberá demostrar que los más de 21.000 millones anunciados se traducen en un reparto comprensible, estable y verificable para todas las comunidades. También tendrá que despejar cómo se combinan la autonomía fiscal, la corresponsabilidad en los ingresos y la solidaridad entre regiones sin generar agravios duraderos.
La escasa adhesión autonómica no impide por sí sola que la reforma avance, pero sí eleva su coste político y su vulnerabilidad institucional. Un modelo de financiación funciona mejor cuando sus reglas sobreviven a los cambios de gobierno y son percibidas como legítimas por quienes deben aplicarlas. La reunión de este viernes permite al Ejecutivo poner fin a la inacción formal, aunque deja abierto el problema más difícil: convertir una mayoría parlamentaria eventual en un acuerdo territorial capaz de sostener la arquitectura financiera del Estado autonómico.
