La conferencia “Vientos del Cambio”, celebrada el 1 de septiembre en el Sheraton de Buenos Aires, fue mucho más que una reunión de respaldo al Gobierno de Javier Milei. Con unos 500 asistentes, representantes de corrientes de derecha radical de varios países latinoamericanos, funcionarios argentinos, jóvenes militantes y empresarios, el encuentro mostró la consolidación de un ecosistema político que combina tres planos: la defensa de la desregulación económica, la construcción de una identidad cultural confrontativa y la búsqueda de capital internacional para sectores estratégicos. La asistencia fue menor y menos ruidosa que la de otros encuentros del espacio, pero esa menor euforia no necesariamente equivale a debilidad: puede expresar el tránsito desde la movilización electoral hacia la institucionalización de una red de influencia.
El dato político más relevante no estuvo solamente en los discursos, sino en la composición del auditorio. Predominaron hombres jóvenes, profesionales y estudiantes, con escasa presencia femenina, en un ámbito donde las ideas de propiedad privada, reducción del Estado y rechazo al feminismo aparecieron entrelazadas. Esa combinación ayuda a entender el tipo de coalición social que el oficialismo busca estabilizar: no se trata únicamente de votantes que apoyan un programa de ajuste o de reforma administrativa, sino de personas que ven en Milei una ruptura cultural con el peronismo, el kirchnerismo y las agendas progresistas que dominaron una parte importante del debate público argentino durante las últimas dos décadas.
Diecisiete mil desregulaciones como emblema y como prueba de poder
La apertura de Federico Sturzenegger sintetizó la narrativa oficial. El ministro de Desregulación afirmó que desde diciembre de 2023 se realizaron 17.000 desregulaciones, definidas como acciones legislativas y administrativas orientadas a desmontar obstáculos estatales. La cifra cumple una función política además de técnica: transforma una agenda compleja de decretos, resoluciones, reformas normativas y revisiones de organismos en un indicador fácilmente comunicable. Para los simpatizantes presentes, es una evidencia de cumplimiento; para sus críticos, plantea interrogantes sobre la calidad institucional, la supervisión sectorial y la capacidad estatal que queda disponible para proteger competencia, consumidores, trabajadores y recursos naturales.
La desregulación no es un fenómeno homogéneo. Eliminar requisitos redundantes, digitalizar trámites o simplificar habilitaciones puede reducir costos administrativos y acelerar inversiones. Pero la misma lógica aplicada sin distinción a mercados concentrados, infraestructura crítica, actividades extractivas o servicios esenciales puede modificar el equilibrio entre actores privados y Estado. La cuestión decisiva no es sólo cuántas normas se eliminan, sino cuáles, con qué evaluación previa, qué controles permanecen y quién asume los costos cuando una falla regulatoria afecta a terceros. El número de 17.000 acciones resulta políticamente potente, pero por sí solo no permite medir productividad, empleo formal, calidad de servicios ni sostenibilidad fiscal.
El foro también dejó ver una diferencia entre la retórica de la “libertad” y la práctica de gobierno. La promesa de reducir trabas opera como una señal para inversores y emprendedores, especialmente en sectores acostumbrados a regulaciones cambiantes y a costos burocráticos elevados. Al mismo tiempo, el Estado conserva una función central al definir incentivos, aprobar marcos especiales, otorgar previsibilidad jurídica y negociar condiciones para grandes proyectos. En otras palabras, el programa no supone simplemente una retirada estatal: implica una reorientación del Estado hacia la atracción de capital, la protección de reglas contractuales y la selección de áreas consideradas prioritarias.
Vaca Muerta y la inteligencia artificial conectan negocios, regulación y geopolítica
La ausencia de Peter Thiel fue uno de los elementos más comentados del encuentro. Los organizadores habían anunciado su participación, pero posteriormente informaron que no asistiría por razones de fuerza mayor ajenas al evento. La ausencia cobró relevancia porque coincidió con noticias sobre la compra, a través de Thiel Macro LLC, de más de 75 millones de dólares en acciones de Vista Energy, equivalente al 1 % de la empresa. Vista posee activos relevantes en Vaca Muerta, la principal formación argentina de hidrocarburos no convencionales, un área clave para las aspiraciones exportadoras del país.
El episodio revela que la relación entre el mileísmo y el capital tecnológico internacional no se limita a afinidades ideológicas. Vaca Muerta, los centros de datos, la inteligencia artificial y la infraestructura energética forman un mismo mapa económico. La explotación de gas y petróleo puede generar divisas y abastecimiento energético; los centros de datos demandan electricidad confiable, conectividad y reglas estables; la inteligencia artificial requiere infraestructura computacional, protección de inversiones y disponibilidad de datos. El Gobierno intenta presentar a Argentina como una plataforma donde esos sectores pueden encontrar un régimen más competitivo que en etapas anteriores.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, es una pieza decisiva de esa estrategia. Su objetivo es ofrecer previsibilidad tributaria, cambiaria y aduanera a proyectos de gran escala. El llamado Super RIGI, aún en trámite según la información difundida en el encuentro, ampliaría ese horizonte hacia tecnología, centros de datos e inteligencia artificial. Para los inversores, estos instrumentos reducen el riesgo de que un proyecto de largo plazo quede expuesto a cambios abruptos de reglas. Para gobiernos provinciales, proveedores y sindicatos, abren expectativas de empleo, infraestructura y encadenamientos productivos. Para organizaciones sociales y sectores opositores, pueden implicar beneficios excesivos, menor capacidad regulatoria local y una captura privada de rentas vinculadas a recursos estratégicos.
La inversión de Thiel en Vista Energy ilustra un punto que suele quedar diluido en la polarización política: la llegada de capital no es una validación automática de todo el programa económico, pero sí indica que ciertos inversores perciben oportunidades concretas. A la vez, una participación accionaria del 1 % no equivale al control de una compañía ni garantiza nuevas inversiones operativas. Convertir una operación financiera en señal de confianza general puede ser útil para la comunicación gubernamental, pero el impacto real dependerá de decisiones posteriores sobre exploración, producción, exportaciones, infraestructura de transporte y condiciones macroeconómicas.
La coalición cultural tiene una frontera de género difícil de ignorar
Las declaraciones recogidas entre asistentes expusieron otra dimensión del foro: la debilidad relativa del espacio libertario para ampliar su representación entre mujeres. Un estudiante de Derecho sostuvo que muchas mujeres se identifican más con partidos donde las ideas feministas son predominantes; una abogada participante afirmó, por su parte, que el feminismo produjo una “degradación” social y cuestionó determinados modelos de independencia femenina. Más allá de las posiciones individuales, el intercambio muestra una tensión estratégica. Un movimiento puede consolidar una identidad intensa al fijar fronteras culturales nítidas, pero también puede limitar su expansión electoral si sectores amplios perciben que sus experiencias o demandas quedan caricaturizadas.
La cuestión no se reduce a cuántas mujeres asisten a un hotel o militan en un partido. Tiene consecuencias sobre políticas de empleo, cuidados, educación, violencia de género, salud reproductiva y representación. Las mujeres no constituyen un bloque político uniforme, y sería erróneo asumir que todas comparten una visión sobre el feminismo o sobre el Gobierno. Sin embargo, cuando las voces visibles de un espacio vinculan la propiedad privada y la libertad con una crítica generalizada a las agendas de igualdad, se refuerza una percepción de exclusión. Esa percepción puede resultar funcional para movilizar a una base ideológica, pero dificulta construir una mayoría social más transversal.
Esta es una de las contradicciones centrales del proyecto. El oficialismo necesita sostener una identidad diferenciada para conservar el entusiasmo de sus seguidores, pero también necesita ampliar apoyos si pretende que sus reformas sobrevivan más allá de un período presidencial. La frase de un asistente, que separó las “formas” violentas de Milei de la continuidad deseada de sus cambios, resume esa apuesta: el liderazgo personal puede ser transitorio, mientras que las reformas deberían volverse permanentes. La pregunta es si puede institucionalizarse un programa que depende en parte de una retórica de confrontación permanente.
Del entusiasmo militante a la prueba de resultados verificables
La menor efervescencia respecto del foro celebrado en diciembre de 2024 en el Hilton de Buenos Aires puede leerse de dos maneras. Para los críticos, revela que la épica inicial enfrenta ahora la dureza de gobernar: inflación, ingresos, empleo, pobreza, conflictos legislativos y escándalos obligan a contrastar promesas con resultados cotidianos. Para los seguidores, el clima más sobrio puede ser la señal de una fuerza que dejó atrás la campaña y se concentra en sostener reformas. Ninguna de las dos interpretaciones queda resuelta por la puesta en escena; la respuesta dependerá de indicadores económicos y de la percepción social de sus efectos.
El apoyo juvenil fue uno de los activos más visibles del encuentro. Los jóvenes que votaron a Milei y expresan intención de permanecer en Argentina asocian el programa oficial con una expectativa de futuro que antes no encontraban en la política tradicional. Esa expectativa es relevante en un país marcado por ciclos de emigración, pérdida de poder adquisitivo y frustración con las élites partidarias. Pero es también un capital frágil: se sostiene si la promesa de movilidad, trabajo formal, creación de empresas y estabilidad se traduce en trayectorias concretas. La desregulación puede ser valorada como principio; para conservar respaldo, deberá demostrar que mejora oportunidades fuera de los círculos financieros, tecnológicos y empresariales.
Los escándalos mencionados por algunos asistentes, incluida la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, quien fue asesor de campaña de Milei, agregan una prueba de consistencia. Los seguidores entrevistados distinguieron entre hechos que consideran desafortunados y los logros generales del Gobierno. Esa separación es habitual en coaliciones políticas con fuerte identificación ideológica, pero tiene límites. La promesa libertaria se apoya en una crítica severa a la vieja política, a sus privilegios y a su opacidad. Por eso, cualquier caso que sugiera falta de transparencia, conflictos de interés o tolerancia con prácticas cuestionadas puede tener un costo simbólico mayor que en fuerzas que no hicieron de la renovación moral uno de sus principales argumentos.
La inversión necesita reglas estables, no sólo señales ideológicas
El encuentro de Buenos Aires confirmó que el Gobierno dispone de una red transnacional de afinidades políticas y empresariales interesada en Argentina. Esa red puede facilitar contactos, visibilidad y proyectos en energía, tecnología y servicios asociados. Sin embargo, la permanencia de esas inversiones no dependerá exclusivamente de foros, discursos o figuras internacionales. Los proyectos de gran escala exigen seguridad jurídica, acceso a divisas, infraestructura, previsibilidad tributaria, licencias sociales y capacidad de resolución de conflictos. También requieren una administración pública que, aun siendo más pequeña o más ágil, conserve conocimientos técnicos para fiscalizar contratos complejos y proteger intereses públicos.
El escenario más favorable para el oficialismo sería que el RIGI atraiga proyectos que generen exportaciones, encadenamientos locales y empleo calificado, mientras la estabilización macroeconómica reduce la incertidumbre de hogares y empresas. El escenario adverso sería una economía con inversiones concentradas en pocos enclaves, beneficios fiscales difíciles de compensar, baja integración de proveedores nacionales y una sociedad que no percibe mejoras proporcionales en su vida diaria. Entre ambos extremos existe un terreno intermedio, probablemente más realista, donde algunos sectores despegan y otros continúan expuestos a la volatilidad.
“Vientos del Cambio” mostró que el mileísmo busca convertir su identidad ideológica en una arquitectura duradera de reformas, negocios y alianzas regionales. Su desafío ya no consiste sólo en convocar a quienes comparten una visión del Estado y del mercado. Consiste en demostrar que la reducción de regulaciones puede convivir con instituciones confiables, que la apertura al capital puede producir desarrollo distribuido y que una coalición culturalmente intensa puede gobernar una sociedad plural. La respuesta se medirá menos por la ovación de un foro que por la capacidad de traducir esas promesas en resultados verificables, controles creíbles y beneficios que alcancen a grupos sociales más amplios.
