El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la billetera digital Chivo dejó de estar bajo control mayoritariamente estatal y pasó a manos de un operador privado. Al mismo tiempo, el organismo sostuvo que el aumento reciente de las tenencias de Bitcoin de El Salvador no se financió con recursos públicos, sino con donaciones privadas. Ambas definiciones forman parte del acuerdo técnico alcanzado para las revisiones segunda y tercera del programa financiero suscrito con el país.
La declaración tiene un alcance que va más allá de la estructura corporativa de una plataforma digital. El control de Chivo y la forma en que se acumulan los criptoactivos son dos asuntos centrales para determinar cuánto riesgo financiero conserva el Estado salvadoreño dentro de su estrategia de Bitcoin. Para el FMI, la reducción de la participación pública y la prohibición de nuevas compras financiadas por el presupuesto son condiciones necesarias para mantener acotada esa exposición.
Un cambio de control con una excepción decisiva
Según el comunicado difundido el 3 de septiembre, el Gobierno redujo sustancialmente su participación en Chivo. La propiedad mayoritaria y el control operativo quedaron en manos de un operador privado, mientras el Estado retuvo una participación minoritaria y la custodia de los activos pertenecientes a los usuarios. La distinción es relevante: aunque la administración cotidiana de la billetera ya no estaría en manos públicas, las autoridades seguirían vinculadas a la protección y gestión de los fondos depositados por sus clientes.
Ese esquema desplaza hacia el sector privado una parte importante de las responsabilidades operativas, pero no elimina por completo la exposición estatal. La custodia de activos de usuarios mantiene al Gobierno dentro de una zona sensible, especialmente porque cualquier problema de seguridad, solvencia, supervisión o gobernanza podría generar obligaciones políticas y financieras aun cuando la plataforma tenga un controlador privado.
La transformación de Chivo se integra en un programa de 40 meses aprobado bajo el Servicio Ampliado del FMI por aproximadamente 1.400 millones de dólares. El entendimiento técnico todavía debe ser ratificado por el Directorio Ejecutivo del Fondo y está sujeto al cumplimiento de medidas previas. Si se completan esos pasos, El Salvador podría acceder a un nuevo desembolso cercano a los 140 millones de dólares. Hasta ahora, el país ha recibido 172,32 millones de derechos especiales de giro.
La reserva crece, pero cambia la explicación oficial
El aspecto más controvertido aparece al comparar la explicación del FMI con la evolución de la reserva divulgada por las autoridades salvadoreñas. La Oficina Nacional de Bitcoin informó que el país acumulaba más de 7.764 monedas al 3 de septiembre de 2026, con un valor aproximado de 632 millones de dólares al precio de ese día. En diciembre de 2025, la reserva era de 7.517 bitcoins.
El incremento fue presentado anteriormente como el resultado de una política de adquisición diaria de una moneda, práctica que el Gobierno había mantenido durante meses. Sin embargo, el FMI afirmó que la acumulación registrada desde la primera revisión del programa se explicó por donaciones privadas y que, por tanto, no implicó el uso de fondos públicos. El organismo añadió que no espera nuevas acumulaciones, salvo aquellas respaldadas por donaciones debidamente documentadas.
La diferencia no necesariamente se refiere al número de bitcoins existentes, sino al origen de las monedas añadidas durante el período revisado. No obstante, esa distinción modifica la lectura financiera del programa: una compra con dinero público aumentaría directamente la exposición del presupuesto, mientras que una donación trasladaría la discusión hacia la trazabilidad, la valoración y las condiciones bajo las cuales esos activos fueron entregados al Estado.
Más transparencia, aunque todavía faltan datos
El acuerdo contempla actualizar el marco legal, regulatorio y de supervisión aplicable a los activos digitales. También prevé fortalecer la gobernanza y la gestión de riesgos de las tenencias de criptoactivos del sector público. El FMI indicó que continuarán los esfuerzos para transparentar los bitcoins distribuidos en las distintas billeteras bajo control estatal.
Ese compromiso será determinante porque el comunicado no detalla el valor individual ni el origen de las donaciones que, según el Fondo, explican el crecimiento de la reserva. Tampoco identifica cuáles son las billeteras incluidas en el proceso de transparencia. Sin esa información, la afirmación de que no se utilizaron recursos públicos resulta difícil de verificar externamente, aunque constituya la interpretación aceptada por el organismo dentro del acuerdo técnico.
La transparencia, en este contexto, no consiste únicamente en publicar el saldo total. También requiere identificar los movimientos, las fechas de recepción, los responsables de la custodia, los criterios de valoración y cualquier obligación asociada a los activos. Sin esos elementos, el dato agregado de la reserva permite conocer su tamaño, pero no evaluar plenamente su riesgo ni establecer con precisión quién asumió los costos de su formación.
El legado de la apuesta iniciada en 2021
Chivo fue uno de los instrumentos principales de la estrategia impulsada por el presidente Nayib Bukele después de que Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal en septiembre de 2021. La plataforma buscaba facilitar pagos, ampliar la inclusión financiera y acelerar el uso cotidiano de la criptomoneda. Con el paso del tiempo, sin embargo, su papel quedó condicionado por las negociaciones con el FMI y por la necesidad de reducir la participación directa del Estado.
En enero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó cambios que eliminaron la obligación de los comercios de aceptar pagos con Bitcoin y redujeron el papel estatal en su promoción y utilización. La transferencia del control operativo de Chivo profundiza esa reorientación: la criptomoneda permanece en el marco legal salvadoreño, pero su expansión deja de apoyarse en una intervención pública tan directa.
El acuerdo revela así una fórmula de compromiso. El Gobierno conserva activos y una presencia minoritaria en la infraestructura, mientras el FMI busca que las decisiones futuras no generen nuevas presiones sobre las cuentas públicas. La continuidad de los desembolsos dependerá ahora de que ese nuevo equilibrio pueda demostrarse con información verificable y de que las donaciones anunciadas no se conviertan en una vía opaca para ampliar nuevamente la exposición estatal al Bitcoin.
