La compra de un departamento en el edificio de San José 1111, ubicado debajo de la vivienda de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a colocar bajo escrutinio a María Soledad Calle, militante kirchnerista y excolaboradora de Abel Furlán en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Tras la difusión de la operación inmobiliaria, personas cercanas al exsecretario general del sindicato sostuvieron que el inmueble no fue adquirido para Fernández de Kirchner ni con recursos de la organización gremial, y vincularon la compra con un proyecto de fundación orientado al estudio de modelos de desarrollo.
La explicación fue difundida mientras se amplía la controversia sobre la administración de Furlán al frente de la UOM, intervenida judicialmente. El interventor designado, Alberto Biglieri, dispuso el despido de Calle poco después de asumir y suspendió el 15 de agosto un contrato que había sido firmado durante la conducción anterior con la empresa USEM. Esa firma, según las denuncias presentadas por sectores opositores dentro del gremio, estaba vinculada con dirigentes cercanos a La Cámpora y percibía más de 100 millones de pesos mensuales por el manejo de aportes sindicales.
La operación inmobiliaria y la versión del entorno
Según allegados a Furlán consultados por medios nacionales, Calle integraba un grupo de militantes que analizaba la creación de una fundación dedicada al debate sobre desarrollo, industria y trabajo. Bajo esa versión, la adquisición de la unidad en San José 1111 no habría tenido como finalidad beneficiar a Cristina Kirchner ni a personas de su entorno político. La fuente añadió que Calle no deseaba regresar a cargos públicos y que el proyecto buscaba darle una orientación institucional a actividades de estudio y formación.
Hasta el momento, esa explicación forma parte de la defensa política del sector identificado con Furlán y no equivale a una resolución judicial sobre el origen de los fondos ni sobre el destino del inmueble. La relevancia pública del caso proviene de la coincidencia entre la compra y la investigación sobre los contratos de la UOM, además de la cercanía física de la propiedad con el departamento de la exmandataria. La existencia de una eventual fundación, sus integrantes, su financiamiento y su actividad efectiva serán datos centrales para evaluar la consistencia de la versión difundida.
Una denuncia que incorpora contratos, viajes y bienes
La controversia se profundizó luego de que opositores internos aportaran a la Justicia documentación sobre 114 viajes internacionales realizados por Calle entre 2010 y 2026. Los destinos mencionados incluyen Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México. También se incorporaron referencias a la compra de un BMW M135 XDrive, valuado en torno de los 70.000 dólares, y a dos propiedades registradas a su nombre en Campana, provincia de Buenos Aires.
La acumulación de esos datos no acredita por sí sola una irregularidad. Sin embargo, amplía el marco de preguntas sobre la evolución patrimonial de una figura que tuvo influencia en la conducción sindical sin haber ocupado un cargo electivo dentro de la UOM. Para los denunciantes, los bienes, los viajes y el contrato con USEM deben ser examinados en conjunto. Para el entorno de Furlán, en cambio, Calle contaba con una buena situación económica antes de trabajar para el gremio y sus desplazamientos obedecieron en buena medida a funciones sindicales internacionales.
En paralelo, Clarín informó que Biglieri detectó once vehículos destinados al uso personal de Furlán y que el interventor debió intimarlo a devolverlos. De acuerdo con esa publicación, uno de los autos era utilizado por un hijo del exdirigente, quien inicialmente se habría negado a restituirlo. Furlán no realizó hasta ahora un descargo público detallado sobre esas acusaciones, sobre el contrato con USEM ni sobre el caso de Calle.
El contrato con USEM, eje de la investigación
La suspensión del acuerdo con USEM es uno de los puntos más sensibles de la intervención. La empresa recibió durante la gestión de Furlán el manejo de aportes sindicales y su vínculo con dirigentes asociados a La Cámpora motivó cuestionamientos de la oposición metalúrgica. La denuncia judicial apunta a una posible administración fraudulenta de fondos, una calificación que deberá ser analizada por la Justicia a partir de contratos, pagos, prestaciones efectivamente realizadas y decisiones internas de la conducción gremial.
La intervención judicial cambió además la correlación de fuerzas dentro de la UOM. Por eso, las defensas y denuncias no se desarrollan únicamente en el terreno patrimonial: también expresan una disputa por la legitimidad de la gestión saliente y por el control de uno de los sindicatos industriales más relevantes del país. Los allegados a Furlán sostienen que la ofensiva contra Calle busca debilitar al exlíder metalúrgico, a quien consideran el verdadero objetivo de las acusaciones.
La defensa de la trayectoria de Calle y de la gestión saliente
El sector de Furlán señala que Calle es presidenta de IndustriALL Global Union para América Latina y el Caribe y que alcanzó la presidencia del Comité Global de Empresas Multinacionales tras un concurso con 17 postulantes. Según esa versión, esas responsabilidades explican sus viajes y derivan de una trayectoria reconocida por sindicatos industriales de distintos países. También destacan que fue concejal de Campana durante dos períodos, entre 2015 y 2023, y que no administra recursos públicos desde hace tres años.
La misma fuente rechazó que Calle haya actuado como una figura oculta detrás de las decisiones de la UOM, aunque admitió que era influyente y mantenía un círculo de trabajo reducido. Según sus allegados, ese perfil alimentó tensiones internas y le valió el apodo de “Dama de la UOM”, atribuido al histórico dirigente Naldo Brunelli. En una ampliación de la denuncia opositora, en cambio, se consignó que personas vinculadas a USEM la habrían identificado como “primera dama”, una denominación que refuerza las sospechas sobre su peso en la estructura sindical.
En defensa de Furlán, su entorno afirma que recibió una UOM con un capital aproximado de 17 millones de dólares, tras más de dos décadas de administración de la empresa Donington, perteneciente al Grupo Olmos, y que la intervención encontró más de 31 millones de dólares. Ese dato tampoco resuelve las denuncias sobre contrataciones y uso de recursos, pero introduce una discusión más amplia: la evaluación de una administración sindical no depende sólo de su patrimonio final, sino también de la transparencia de los mecanismos utilizados, los controles internos y la justificación de cada gasto. La investigación judicial y las decisiones de la intervención serán determinantes para establecer responsabilidades y separar las acusaciones políticas de los hechos comprobables.
