El curso escolar 2026-2027 comienza esta semana con una vuelta a las aulas desigual según la comunidad y la etapa educativa. Navarra sitúa este viernes en las clases a sus alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, mientras que la mayoría de los cerca de ocho millones de estudiantes no universitarios de España se incorporará durante la próxima semana. La apertura no será simultánea: en algunos territorios y niveles se prolongará hasta mediados de septiembre.
Ese calendario distribuido permite ordenar la incorporación de alumnado, profesorado y servicios, pero este año coincide con un escenario más complejo que el habitual. Las familias afrontan un incremento del gasto previo al inicio de las clases, los sindicatos mantienen movilizaciones en distintas comunidades y Ceuta prepara la vuelta con medidas extraordinarias de seguridad y acompañamiento psicológico ante la crisis migratoria. La vuelta al colegio deja así de ser solo una cuestión de fechas y se convierte en un indicador de las tensiones que atraviesan el sistema educativo.
Una reapertura repartida por territorios y etapas
Andalucía ya inició el primer ciclo de Infantil, mientras que el segundo ciclo y Primaria comenzarán el 10 de septiembre. ESO, Bachillerato y FP lo harán el día 15. En Navarra, Infantil, Primaria y FP se incorporan entre este jueves y el 8 de septiembre, después del adelanto de Secundaria y Bachillerato. Euskadi concentrará el inicio de todas sus etapas el 7 de septiembre.
Madrid abrirá ese mismo día para Infantil y Primaria, y dejará para el 8 el resto de enseñanzas no universitarias. Cataluña y Castilla-La Mancha reanudarán las clases el 8. También arrancarán entonces Infantil y Primaria en Murcia, Aragón y Cantabria; en estas dos últimas comunidades, ESO y Bachillerato se sumarán el 9, mientras que Murcia lo hará el 10.
Asturias, Galicia, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Castilla y León recibirán a sus alumnos el 9 de septiembre. En Castilla y León, Bachillerato y FP esperarán hasta el día 15. Canarias iniciará Infantil y Primaria el 9, Secundaria el 10 y Bachillerato el 11. Extremadura abrirá el 10, salvo Bachillerato, previsto para el 11, la misma fecha de regreso en Baleares.
Ceuta concentra la preocupación más inmediata
La situación de Ceuta introduce una excepción relevante dentro de esa planificación. La vuelta está prevista para el 8 de septiembre, pero la Junta de Personal Docente no Universitario ha advertido de la incertidumbre que genera la crisis migratoria y ha solicitado al Ministerio de Educación medidas urgentes antes de la llegada del alumnado. No se trata únicamente de garantizar la apertura de los centros, sino de asegurar que puedan funcionar en condiciones de protección y estabilidad.
Entre las peticiones del profesorado figuran una coordinación efectiva con el Mando Único, más seguridad en los entornos escolares, refuerzo de la vigilancia privada, suficiente personal de conserjería y la ejecución inmediata de vallados suplementarios. También reclaman aulas matinales y vespertinas en todos los centros, flexibilidad en la programación anual, opciones de teletrabajo y gratuidad del transporte escolar.
El Gobierno ha destinado 3,2 millones de euros del plan de apoyo a Ceuta a la seguridad policial en los centros y al acompañamiento psicosocial. Según el Ministerio, la presencia policial se extenderá las 24 horas mientras se mantenga la crisis, y la intervención psicosocial, iniciada este jueves, se dirige a toda la comunidad educativa. Además, se estudia ampliar el aula matinal a varios institutos, especialmente para facilitar la entrada de los estudiantes de primeros cursos de ESO.
La relevancia de estas decisiones supera la dimensión local. Cuando una escuela debe adaptar horarios, accesos y apoyos emocionales a una emergencia exterior, su función cotidiana se amplía: además de enseñar, debe ofrecer continuidad, seguridad y un espacio previsible para menores y familias. La respuesta institucional será determinante para evitar que esa presión acabe trasladándose a la actividad lectiva y a la convivencia escolar.
La factura familiar llega antes que las clases
La otra gran tensión se percibe en los hogares. Libros, ropa o uniforme y material escolar exigirán un desembolso medio de 505 euros por hijo antes incluso del primer día de clase, según la Organización de Consumidores y Usuarios. El coste medio del curso alcanzará los 2.484 euros por alumno. La OCU prevé la vuelta al colegio más cara hasta ahora y señala a la inflación como el principal factor, sin atribuir la subida a una única partida concreta.
La cifra revela que el coste de la educación no depende solo de las matrículas o de los servicios opcionales. La acumulación de pequeños gastos obligatorios o difíciles de eludir convierte septiembre en un momento de fuerte presión presupuestaria, especialmente para las familias con varios hijos. Las ayudas públicas, los bancos de libros y la regulación de determinados materiales pueden aliviar parte de esa carga, pero su alcance varía de manera notable entre territorios y centros.
El problema tiene una dimensión educativa además de económica. Cuando el acceso a uniformes, dispositivos, comedor, transporte o materiales depende de la capacidad de pago, las diferencias sociales se hacen visibles desde el primer día. La igualdad de oportunidades no se decide únicamente dentro del aula; también se juega en las condiciones materiales con las que cada alumno llega a ella.
El malestar docente acompaña al arranque
El inicio del curso estará marcado asimismo por las protestas del profesorado. Los sindicatos han expresado su decepción por el calendario de la ley docente, que contempla una reducción de ratios y de jornada lectiva, pero sigue pendiente de tramitación en el Congreso. La distancia entre los anuncios y su aplicación efectiva alimenta un conflicto que afecta a cuestiones centrales para el funcionamiento de los centros: plantillas, atención individualizada y carga de trabajo.
En Madrid continúan en huelga las educadoras infantiles. CCOO y UGT han anunciado un paro indefinido del profesorado y del personal de la educación pública desde el 14 de octubre, mientras que CSIF ha convocado una primera movilización ante el Ministerio de Educación el 16 de septiembre. Andalucía prevé un paro el 11 de noviembre; Cataluña, una jornada de protesta el 8 de septiembre, primer día de curso; y las tres provincias valencianas acogerán manifestaciones el 12 de septiembre.
La sucesión de convocatorias no equivale necesariamente a una interrupción generalizada de las clases, pero sí anticipa un otoño de negociación y presión política. Reducir ratios o revisar horarios exige recursos estables, planificación de personal y coordinación entre administraciones. Sin esos elementos, las reformas pueden quedar limitadas a compromisos normativos que tardan en traducirse en mejoras perceptibles para docentes y alumnos.
La calidad educativa vuelve al centro del debate
El curso comienza, además, pendiente de la publicación este martes del informe trienal del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de la OCDE. La edición llega condicionada por la polémica en Cataluña, donde un error en la selección de estudiantes llevó a la organización a excluir los resultados de la comunidad de la comparación. El episodio subraya la importancia de los procedimientos técnicos en unas pruebas que influyen en el debate público sobre el rendimiento escolar.
En la edición anterior, el informe reflejó una caída en matemáticas y una tendencia descendente de la lectura en España durante la última década. Esos datos no permiten atribuir por sí solos una causa única al deterioro, pero sí obligan a conectar el diagnóstico académico con las condiciones concretas de enseñanza: tamaño de los grupos, estabilidad de las plantillas, apoyo a alumnado vulnerable, acceso a recursos y capacidad de los centros para responder a crisis sobrevenidas.
La apertura escalonada de septiembre presenta, por tanto, una imagen fragmentada de la educación española: calendarios distintos, necesidades territoriales específicas y conflictos que no se resuelven con el timbre del primer día. El verdadero alcance del curso se medirá en la capacidad de convertir las promesas de apoyo, seguridad y mejora docente en respuestas sostenidas, porque la normalidad escolar depende tanto del calendario como de los recursos que la hacen posible.
