Las instalaciones nucleares y radiactivas españolas funcionaron en 2025 dentro de las condiciones de seguridad exigidas, sin que la vigilancia radiológica ambiental detectara niveles que supusieran un riesgo para la población. Esa es la principal conclusión del informe anual del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), remitido al Congreso y al Senado, que sitúa el balance del último ejercicio en un marco de normalidad operativa, pero también de intensa actividad regulatoria.
El dictamen no se limita a certificar que las centrales, hospitales, laboratorios y demás instalaciones bajo supervisión cumplieron los requisitos establecidos. También refleja que el regulador afronta simultáneamente varios procesos sensibles: la expansión de aplicaciones médicas con radiación, el desmantelamiento de instalaciones antiguas, la gestión de residuos y la revisión de autorizaciones de centrales que se acercan a decisiones relevantes sobre su continuidad.
Un balance de seguridad sin incidencias con impacto radiológico
La conclusión sobre la seguridad tiene un alcance que va más allá de la generación eléctrica. El CSN supervisa tanto las centrales nucleares como las instalaciones radiactivas empleadas en medicina, investigación e industria. Que el organismo no haya identificado riesgos para la población implica que las barreras de control, los programas de vigilancia y los protocolos de respuesta mantuvieron su eficacia durante el año analizado.
La calidad radiológica del medio ambiente se mantuvo, según el informe, en valores aceptables. Este dato resulta especialmente relevante porque constituye la comprobación externa de que la operación de las instalaciones no ha trasladado un impacto indebido al entorno. La regulación nuclear no descansa únicamente en la inspección interna de cada centro: exige mediciones ambientales, seguimiento de emisiones y contraste continuado con límites técnicos diseñados para proteger a trabajadores, ciudadanos y ecosistemas.
El informe incorpora además el análisis del apagón eléctrico del 28 de abril y del estado operativo de las centrales durante aquella incidencia. La inclusión de ese episodio subraya un aspecto central de la seguridad nuclear: una planta debe mantener sus funciones esenciales incluso cuando falla la red eléctrica exterior. El examen posterior permite verificar la disponibilidad de sistemas de respaldo y extraer lecciones operativas de una perturbación que afectó al conjunto del sistema eléctrico.
La medicina concentra una parte creciente de la actividad regulatoria
Entre las decisiones destacadas figura el informe favorable para autorizar diez nuevas instalaciones radiactivas de uso médico. Dos de ellas corresponden a unidades de protonterapia en Santiago de Compostela y Fuenlabrada. La protonterapia es una técnica de radioterapia de alta precisión que puede concentrar mejor la dosis sobre determinados tumores y reducir la irradiación de tejidos sanos cercanos, aunque su implantación exige una infraestructura compleja y una supervisión radiológica especialmente rigurosa.
La expansión de estos tratamientos ilustra cómo la tarea del CSN evoluciona junto con la innovación sanitaria. El control regulatorio no representa un freno ajeno a la atención médica, sino una condición para que tecnologías con alto valor terapéutico puedan incorporarse con garantías. Cada nueva instalación requiere evaluar diseño, blindajes, procedimientos, formación del personal y gestión de posibles incidentes antes de entrar en funcionamiento.
Esta dimensión sanitaria también modifica la percepción pública de la energía y la radiación. Mientras el debate nuclear suele centrarse en las centrales eléctricas, una parte creciente de los usos regulados está vinculada al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. La credibilidad del sistema depende, por tanto, de aplicar criterios homogéneos de seguridad a actividades muy distintas en escala, riesgo y finalidad.
Residuos y desmantelamiento, la prueba de la continuidad regulatoria
El informe da cuenta del seguimiento de la primera fase del desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña, en Burgos, y del visto bueno a la ampliación de su Almacén Temporal Individualizado. Ambos asuntos evidencian que la responsabilidad sobre una central no concluye cuando deja de producir electricidad. El cierre abre un periodo prolongado en el que deben retirarse estructuras, clasificar materiales, custodiar combustible y controlar el emplazamiento hasta que alcance las condiciones previstas para cada etapa.
En paralelo, el CSN destaca los niveles de desclasificación aplicables a materiales residuales con contenido radiactivo de origen natural y el proyecto de construcción de la celda 31 para residuos de muy baja actividad en El Cabril, Córdoba. Son decisiones técnicas con una consecuencia práctica directa: separar con precisión los materiales que requieren control radiológico de aquellos que pueden gestionarse por vías convencionales evita tanto la minimización indebida del riesgo como la ocupación innecesaria de capacidad especializada.
La gestión de residuos es uno de los ámbitos donde la seguridad se mide por la consistencia a largo plazo. No basta con que las instalaciones funcionen correctamente en un ejercicio concreto; es necesario preservar recursos, capacidad de almacenamiento y trazabilidad documental durante periodos mucho más largos que los ciclos políticos o empresariales. El caso de El Cabril muestra que la planificación de residuos de baja y muy baja actividad sigue siendo una pieza operativa del sistema, no una cuestión aplazable.
Almaraz y los almacenes, en el centro de las próximas decisiones
El regulador recibió en 2025 la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central de Almaraz, en Cáceres. El trámite no anticipa por sí mismo la decisión final, pero abre un proceso de evaluación especialmente significativo en un contexto de discusión sobre el calendario de cierre del parque nuclear español. La revisión deberá valorar el estado de la instalación, las mejoras implantadas, el envejecimiento de equipos y el cumplimiento de los requisitos vigentes.
El CSN informó favorablemente todas las solicitudes de ejecución y montaje de los almacenes temporales individualizados de las centrales españolas. Estos ATI permiten mantener el combustible gastado en el propio emplazamiento bajo condiciones controladas cuando se agota la capacidad de las piscinas de combustible. Su desarrollo pone de relieve una realidad estructural: mientras no exista una solución definitiva para el combustible irradiado, la seguridad depende de mantener alternativas temporales robustas, inspeccionadas y financiadas.
La actividad internacional completa el alcance del informe. El CSN participó en 315 reuniones, presidió de turno la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares y renovó la presidencia del Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear. Esa presencia no es meramente institucional: facilita el intercambio de experiencias, la actualización de estándares y la comparación de prácticas ante desafíos comunes. El balance de 2025 certifica una operación segura, pero también recuerda que esa seguridad se sostiene mediante supervisión continua, decisiones técnicas acumulativas y una regulación capaz de anticipar los cambios del sector.
