El PP ha convertido la petición del PSOE de proteger datos bancarios ajenos a la investigación del caso Leire Díez en un nuevo frente de confrontación. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, sostiene que reclamar el expurgo de información no vinculada a la causa resulta incompatible con la defensa socialista de que no hubo irregularidades.
Una pieza centrada en pagos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió en julio una pieza separada sobre los pagos presuntamente realizados por el PSOE a la exmilitante Leire Díez. Para ello solicitó a doce entidades información sobre movimientos y saldos de 82 cuentas relacionadas con el procedimiento, entre ellas seis del partido.
El PSOE pide que se eliminen del material obtenido los datos sin relación con la investigación y que se eviten filtraciones que puedan afectar a la intimidad de personas ajenas al caso. La solicitud delimita el alcance de la pesquisa y apela a garantías procesales habituales, pero ofrece al PP un argumento político para cuestionar la transparencia de los socialistas.
El foco pasa de la causa al relato
Muñoz interpreta la cautela del PSOE como señal de que “tiene algo que ocultar” y critica que dirigentes socialistas contemplen una eventual imputación por financiación ilegal mientras niegan anomalías. Sin embargo, la petición de expurgo no acredita por sí misma irregularidad alguna: el dato relevante será si la documentación bancaria aporta indicios verificables sobre los pagos investigados y su eventual encaje contable.
