El inicio del primer periodo ordinario del tercer año de la LXVI Legislatura dejó una fotografía clara del escenario político mexicano: mientras la oposición cuestionó al Gobierno federal por seguridad, corrupción, impunidad y resultados sociales, los partidos aliados de Morena defendieron los avances atribuidos a la Cuarta Transformación y ratificaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La sesión del Congreso General, celebrada este 1 de septiembre, combinó el acto formal de recepción del Segundo Informe de Gobierno con una confrontación directa sobre el rumbo del país.
Las 500 diputadas y diputados, junto con las 128 senadoras y senadores, fueron convocados en la sede del Congreso de la Unión para abrir formalmente los trabajos legislativos. Después de la entonación del Himno Nacional, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Congreso General, Raúl Bolaños-Cacho Cué, recibió el informe de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Tras la salida de la funcionaria del recinto, los grupos parlamentarios fijaron postura.
La pregunta que concentró el reclamo opositor
El mensaje más condensado de la oposición fue planteado por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas: si Morena ha concentrado poder político y mayorías legislativas, la discusión ya no puede limitarse a sus promesas, sino a los problemas que sigue sin resolver. “Si Morena lo ganó todo, entonces, teniéndolo todo, ¿qué han resuelto?”, cuestionó al señalar que persisten la corrupción, la violencia, las desapariciones, la pobreza y la impunidad.
La crítica de Colosio Riojas no se dirigió únicamente a la administración actual, sino a la continuidad del proyecto político iniciado en el sexenio anterior. Acusó a la Presidencia de administrar una herencia en vez de corregirla, de proteger aliados en lugar de exigirles cuentas y de colocar la lealtad partidista por encima de la justicia. Su argumento busca desplazar el debate desde la confrontación ideológica hacia una exigencia de eficacia: una fuerza con amplio control institucional debe ser evaluada por su capacidad para traducir poder en soluciones públicas verificables.
El senador emecista también pidió dejar de usar la soberanía como una consigna sin contenido operativo y reclamó mayor inversión en áreas prioritarias, particularmente en salud. Ese señalamiento introduce uno de los dilemas centrales del nuevo periodo legislativo: la defensa de la autonomía nacional puede tener respaldo político, pero su credibilidad depende de que se refleje en servicios públicos funcionales, capacidad estatal y protección efectiva de derechos.
Acusaciones de alto impacto y disputa por la justicia
Desde el PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas elevó el tono al acusar a Morena y al Gobierno de México de proteger a funcionarios y gobernadores afines mediante un supuesto pacto con el crimen organizado. En particular, exigió que el senador Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenten las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico que, según expuso, han surgido en Estados Unidos.
Moreno pidió procesarlos en México y, en caso de que eso no ocurra, entregarlos a autoridades estadounidenses. La exigencia tiene una carga política inmediata, pero también expone una tensión institucional relevante: cuando la oposición plantea que la justicia nacional no actuará contra figuras cercanas al poder, no sólo acusa a personas específicas, sino que cuestiona la autonomía y la capacidad de las instituciones mexicanas para investigar sin protección política. Esas imputaciones deberán distinguirse de hechos probados y procedimientos formales, pero su circulación en el debate parlamentario aumenta la presión pública para que las autoridades den respuestas claras.
El panista Ricardo Anaya Cortés siguió una ruta similar al hablar del contrabando de hidrocarburos y vincular en su discurso a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Anaya sostuvo asimismo que la falta de acción frente a señalamientos contra Rocha Moya no responde a ausencia de pruebas, sino a un exceso de protección. Al hacerlo, convirtió la seguridad y el combate a la corrupción en el principal terreno de contraste con el oficialismo.
El oficialismo responde con el balance de sus avances
La respuesta de los partidos aliados no se concentró en rebatir una por una las acusaciones, sino en defender el balance general de la Cuarta Transformación. El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, expresó respaldo a Claudia Sheinbaum y abordó la posición de México frente a la coyuntura internacional. El Partido Verde, por conducto del diputado Carlos Alberto Puente Salas, destacó avances en justicia, programas sociales, seguridad, economía, salario mínimo y políticas para las mujeres.
Puente Salas reconoció que existen pendientes importantes, aunque sostuvo que el país avanza y que la transformación no está concluida. Esa admisión es significativa porque evita presentar el informe gubernamental como una obra terminada y, al mismo tiempo, preserva la narrativa oficial de continuidad. Para la coalición gobernante, el argumento central es que las mejoras sociales y laborales constituyen evidencia de que el modelo ha producido resultados, aun cuando persistan desafíos estructurales.
La senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena cerró la ronda de posicionamientos con una crítica frontal a la oposición. Afirmó que la derecha ha ganado presencia en Europa y América Latina y recordó que México vivió durante décadas bajo proyectos políticos de ese signo. Frente a ello, defendió a la Cuarta Transformación como un modelo humanista, feminista e igualitario, y reprochó a los opositores carecer de una propuesta alternativa de gobierno.
Un periodo legislativo marcado por la disputa de resultados
La sesión mostró que el eje de la confrontación ya no será solamente la identidad política de cada bloque, sino la definición de qué cuenta como resultado de gobierno. La oposición pretende medir al oficialismo por los problemas que siguen abiertos: violencia, desapariciones, presunta protección a funcionarios, corrupción y debilidades en salud. Morena y sus aliados buscan sostener que la evaluación debe incluir aumentos salariales, programas sociales, cambios en el acceso a derechos y una visión distinta de la acción pública.
En ese contraste se jugará buena parte del debate hacia las elecciones de 2027. El PRI intentó recuperar credibilidad al prometer que no repetirá errores del pasado y al afirmar que sabe gobernar; sin embargo, esa promesa obliga al partido a explicar con precisión qué ha cambiado en su práctica política. Para Morena, el desafío será demostrar que su mayoría no sólo sirve para aprobar reformas, sino también para mejorar la capacidad cotidiana del Estado. El nuevo periodo arranca así con una disputa menos retórica de lo que parece: la credibilidad de cada fuerza dependerá de si puede convertir sus denuncias o sus logros en respuestas comprobables para la vida pública del país.
