La decisión de San Lorenzo Cacaotepec de rechazar en Asamblea el proyecto carretero denominado Corredor Zapoteco, o BinniZaa, marca un nuevo punto de tensión en la relación entre las grandes obras de infraestructura y las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca. El pronunciamiento no representa únicamente una negativa local a la construcción de una carretera. Expresa una disputa más profunda sobre quién define el desarrollo, cómo se calcula el valor de un territorio y qué condiciones deben cumplirse antes de transformar tierras que todavía producen alimentos, ingresos y vínculos comunitarios.
El proyecto es presentado por los gobiernos estatal y federal como una vía para mejorar la conectividad regional y reducir el tránsito de largo itinerario que cruza la zona metropolitana de Oaxaca. Sin embargo, para los habitantes de Cacaotepec, la promesa de movilidad se enfrenta con un costo inmediato: la posible pérdida de parcelas agrícolas, patrimonio familiar y capacidad productiva. Esa diferencia de perspectivas explica por qué una obra concebida desde la lógica regional puede ser recibida en el ámbito local como una amenaza directa a la seguridad económica de las familias.
Una carretera con antecedentes que aún pesan
El Corredor Zapoteco no surgió de manera repentina. Sus antecedentes se encuentran en el proyecto conocido como Libramiento Sur, planteado desde administraciones anteriores y posteriormente rebautizado como Corredor Vial o Corredor Zapoteco. Desde 2025, ejidatarios, comuneros y autoridades agrarias de distintos puntos de los Valles Centrales han expresado reservas sobre el trazo, sus posibles efectos ambientales y la forma en que se pretende disponer de terrenos comunitarios y particulares.
La continuidad de esos cuestionamientos revela un problema de confianza. Cuando un proyecto cambia de nombre, administración o etapa de planeación sin que las comunidades perciban respuestas suficientes, cada nuevo anuncio tiende a ser interpretado como la reactivación de una decisión ya tomada. La oposición, por tanto, no se explica solo por la carretera que se propone construir, sino también por la sensación de que la consulta y la negociación llegan después de que las definiciones técnicas ya fueron elaboradas.
La ruta anunciada tendría entre 67.5 y 70 kilómetros y atravesaría alrededor de 25 comunidades. El trazo partiría de la zona de Soledad Etla, se conectaría con la carretera 135-D, avanzaría hacia los Valles Centrales y enlazaría con la carretera federal 175 en las inmediaciones de San Martín Tilcajete. Después continuaría hacia San Jerónimo Tlacochahuaya y Macuilxóchitl de Artigas Carranza, hasta llegar a la carretera Federal 190.
La dimensión territorial es significativa. No se trata de una intervención limitada a un punto urbano, sino de una infraestructura lineal capaz de modificar accesos, precios del suelo, patrones de movilidad, actividades agropecuarias y relaciones entre comunidades. Además, el proyecto contempla un derecho de vía de hasta 60 metros, entronques y estructuras para vehículos, peatones y ganado. Cada kilómetro puede multiplicar los predios afectados y generar impactos que no aparecen reflejados en un plano general.
El valor de una parcela no cabe en un avalúo
Uno de los principales desacuerdos en Cacaotepec está relacionado con las cantidades propuestas para adquirir los terrenos necesarios para liberar el derecho de vía. Los propietarios cuestionan que esas cifras correspondan con el valor comercial y la plusvalía de sus predios. Pero la controversia central no consiste únicamente en determinar cuánto cuesta una hectárea en el mercado, sino en establecer qué se pierde cuando una parcela deja de estar disponible para una familia.
Una tierra agrícola genera valor de varias maneras al mismo tiempo. Puede producir alimentos para el autoconsumo, ingresos mediante la venta de cosechas, forraje para animales y una reserva patrimonial que puede transmitirse entre generaciones. También reduce la dependencia de empleos temporales o de mercados externos. Si la indemnización solo considera la superficie y el precio promedio de predios cercanos, deja fuera el rendimiento acumulado, la ubicación, el acceso al agua, la fertilidad del suelo y el costo de encontrar una alternativa equivalente.
La diferencia puede observarse en un razonamiento sencillo. Una familia que vende una parcela recibe un pago único, pero pierde una fuente de ingresos que podía mantenerse durante décadas. Si el terreno se encuentra dentro de una zona con crecimiento urbano, además renuncia a una posible valorización futura. Si está conectado con caminos, canales o sistemas de riego, sustituirlo puede resultar mucho más caro que comprar otra superficie de igual tamaño. Por eso, una negociación considerada justa por la autoridad puede ser percibida como insuficiente por quien debe reorganizar toda su economía familiar.
Este tipo de conflicto también suele intensificarse cuando la carretera incrementa el valor de los terrenos ubicados en los alrededores, mientras los propietarios directamente afectados reciben compensaciones fijadas antes de que ocurra esa valorización. La obra puede producir beneficios inmobiliarios para terceros y, al mismo tiempo, trasladar los costos a quienes pierden tierras productivas. Esa distribución desigual de ganancias y pérdidas alimenta la percepción de que el progreso regional se construye sobre sacrificios concentrados en determinadas comunidades.
Consulta, información y legitimidad pública
La presidenta municipal de San Lorenzo Cacaotepec, Ivonne Arisbeth Díaz Santiago, solicitó al Gobierno de Oaxaca información suficiente sobre el proyecto y una consulta previa, libre e informada. El Ayuntamiento difundió en su Gaceta Oficial información presentada por Caminos Bienestar, junto con el plano del eje de trazo dentro del territorio municipal. Estos pasos muestran que la disputa no se limita a una negociación privada entre propietarios y funcionarios: involucra el derecho de la comunidad a conocer el alcance completo de una decisión que puede alterar su territorio.
Para que una consulta tenga efectos reales, la población necesita acceder a documentos comprensibles sobre el trazo definitivo, los estudios ambientales, las afectaciones prediales, los accesos previstos y las medidas de compensación. También debe conocer qué alternativas fueron evaluadas y por qué se eligió una ruta determinada. Entregar un plano sin explicar sus consecuencias prácticas puede cumplir una formalidad, pero difícilmente construye consentimiento informado.
La consulta tampoco debería reducirse a una reunión de presentación cuando las decisiones fundamentales ya están cerradas. En proyectos que atraviesan tierras ejidales, comunales o de propiedad privada, la legitimidad depende de que las comunidades puedan plantear modificaciones, solicitar estudios independientes y negociar medidas de protección. La Asamblea de Cacaotepec funciona precisamente como un mecanismo de decisión colectiva frente a una obra que afecta intereses individuales y bienes compartidos.
El conflicto plantea además una diferencia jurídica y política que las autoridades deberán atender con precisión. No todas las comunidades tienen el mismo régimen de propiedad ni idénticas obligaciones de consulta, pero una obra con impactos territoriales amplios requiere procedimientos transparentes para todos los afectados. Si el gobierno trata de manera uniforme situaciones agrarias distintas, puede provocar nuevos litigios y retrasos. Si, por el contrario, establece reglas claras desde el inicio, tendrá mayores posibilidades de reducir la incertidumbre.
Los beneficios regionales frente a los costos locales
La justificación de una vía de altas especificaciones se apoya en beneficios que, en principio, son de alcance regional: mejorar la comunicación entre localidades, agilizar el transporte y disminuir parte del tránsito que atraviesa la zona metropolitana de Oaxaca. Esos objetivos pueden ser relevantes para el comercio, los servicios y la seguridad vial. Sin embargo, para que sean socialmente sostenibles deben compararse con los costos concretos que recaen sobre las comunidades por donde pasa el trazo.
Una carretera nueva no garantiza por sí misma desarrollo equilibrado. Puede reducir tiempos de traslado para quienes cruzan la región, pero también dividir parcelas, dificultar el paso de ganado, modificar escurrimientos, aumentar el ruido y crear puntos de riesgo para peatones. Los entronques pueden favorecer ciertos corredores comerciales y dejar aisladas otras zonas. La valorización del suelo puede beneficiar a desarrolladores y propietarios con capacidad de inversión, mientras las familias campesinas pierden sus activos productivos.
La experiencia de otros proyectos carreteros muestra que los impactos no terminan con la inauguración. Cuando no se construyen pasos suficientes para personas y animales, los habitantes deben recorrer distancias mayores o cruzar vialidades peligrosas. Cuando se alteran cauces naturales sin medidas adecuadas, las lluvias pueden convertir la infraestructura en un factor de inundación. Cuando el crecimiento urbano se adelanta a la planeación, la carretera puede funcionar como un eje de expansión desordenada en lugar de ordenar el territorio.
Por esa razón, el debate debe incluir indicadores verificables: cuántas hectáreas agrícolas se perderían, cuántas familias serían desplazadas de su actividad, qué sistemas de riego resultarían afectados, cuánto tránsito se desviaría realmente y cuáles serían los beneficios para cada comunidad. Sin esa información, la promesa de conectividad queda en el terreno de la expectativa, mientras el costo de la afectación es inmediato y cuantificable para los propietarios.
Un precedente para los Valles Centrales
La postura de Cacaotepec puede influir en las comunidades ubicadas a lo largo del corredor. Si otras asambleas consideran que sus dudas tampoco han sido respondidas, la oposición podría coordinarse mediante autoridades agrarias y organizaciones campesinas. En ese escenario, el proyecto enfrentaría no solo negociaciones predio por predio, sino una discusión regional sobre el modelo de infraestructura que se pretende imponer en una zona donde la agricultura continúa siendo parte esencial de la economía y de la identidad social.
También puede ocurrir lo contrario: una negociación transparente con Cacaotepec podría establecer un precedente para mejorar el proceso en el resto de los Valles Centrales. Publicar los estudios, revisar el avalúo con participación de los propietarios, reconocer el valor productivo de las parcelas y garantizar pasos, agua y accesos adecuados permitiría transformar una confrontación en una deliberación pública. Esto no eliminaría todos los desacuerdos, pero haría que las decisiones fueran defendibles y reduciría el riesgo de que cada comunidad tenga que comenzar desde cero.
El rechazo adoptado en Asamblea no cierra necesariamente el futuro del Corredor Zapoteco, pero sí modifica las condiciones para que pueda avanzar. Las autoridades tendrán que demostrar que la obra no descansa en la compra apresurada de terrenos ni en la aceptación pasiva de sus impactos. También deberán explicar si existen ajustes de trazo, mecanismos de compensación de largo plazo o medidas para preservar la actividad agrícola.
En Cacaotepec, la discusión quedó planteada en términos que rebasan el precio de una hectárea. La pregunta es si una política de conectividad puede reconocer que el territorio tiene funciones económicas, sociales y culturales que no se reemplazan con un pago único. La respuesta que den los gobiernos determinará no solo el destino de este proyecto, sino el nivel de confianza con el que futuras obras serán recibidas en Oaxaca. Una carretera puede unir regiones, pero si su planeación rompe la relación entre las comunidades y sus tierras, también puede profundizar las divisiones que pretendía superar.
