Los comercios de capital de origen chino se expandieron en República Dominicana durante la última década y ya concentran la atención de las autoridades fiscales y aduaneras por el volumen de empresas registradas, las infracciones detectadas y las denuncias de competencia desigual. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabiliza 2.070 compañías con inversión china entre 2016 y 2026, de las cuales 1.300 permanecen activas y 770 están inactivas.
El Distrito Nacional reúne la mayor presencia empresarial, con 639 compañías activas y 542 suspendidas, según los registros citados. La concentración se suma al crecimiento de nuevas inscripciones: en 2025 se registraron 265 empresas y en lo que va de 2026 la cifra alcanza 132, de acuerdo con datos publicados por Diario Libre.
La DGII eleva las fiscalizaciones
El aumento de estos negocios ha planteado nuevos desafíos para el control tributario. Entre las principales infracciones identificadas por la DGII figura la falta de emisión de comprobantes fiscales, que representa cerca del 26 % del monto total de las multas impuestas. También se han detectado establecimientos sin impresoras fiscales, una irregularidad vinculada directamente con la facturación.
Ambas categorías reúnen casi un tercio de las sanciones económicas aplicadas al sector. La autoridad tributaria también ha señalado deficiencias en la declaración de inventarios y en el registro del movimiento real de las operaciones. El mayor monto de multas corresponde a la categoría de “otros incumplimientos”, aunque la DGII no ha precisado públicamente las infracciones incluidas debido a las normas de confidencialidad tributaria.
Entre 2018 y 2026, la DGII realizó 261 fiscalizaciones internas a 159 contribuyentes de origen chino y determinó deudas tributarias superiores a 73.500 millones de pesos dominicanos. Las mayores recaudaciones se produjeron en 2024 y 2023, con 23.000 millones y 18.000 millones, respectivamente. En ese mismo periodo se ejecutaron 57 auditorías externas, con determinaciones por unos 10.000 millones de pesos.
El control aduanero enfrenta dificultades adicionales por las denuncias de subvaluación de mercancías. Comerciantes locales sostienen que la declaración de valores inferiores reduce los costos de entrada y permite ofrecer precios difíciles de igualar para los negocios dominicanos. La Dirección General de Aduanas ha intensificado las revisiones, pero todavía no cuenta con un sistema público que permita seguir una operación desde la importación hasta la venta al consumidor final.
Precios bajos y denuncias laborales
Ferreteros, industriales y representantes de pequeñas y medianas empresas, especialmente de los sectores del calzado y los textiles, han cuestionado las diferencias de precios frente a los comercios de capital chino. Atribuyen esa ventaja a posibles menores cargas fiscales, laborales o de importación y señalan dificultades para acceder a financiamiento formal y mantener sus operaciones.
También se han presentado denuncias sobre la comercialización de productos falsificados, una práctica que, según los sectores afectados, perjudica a las empresas que venden mercancía legítima y puede exponer a los consumidores a riesgos al adquirir esos bienes.
En el ámbito laboral, operativos recientes detectaron empleados extranjeros sin documentación regular y algunas empresas fueron sancionadas por incumplimientos relacionados con la contratación de mano de obra extranjera. Uno de los casos más notorios ocurrió en la avenida Duarte, donde una intervención de las autoridades migratorias derivó en un proceso legal contra el propietario de un comercio chino por presunta obstrucción y agresión.
Pese a las controversias, estas tiendas mantienen su atractivo entre los consumidores dominicanos por la variedad de productos, la posibilidad de realizar compras de uso cotidiano en un solo lugar y sus precios competitivos. También son utilizadas por minoristas locales que buscan abastecerse. La falta de información integral sobre el flujo de mercancías y el cumplimiento de las normas continúa siendo un reto para las autoridades y los actores económicos.
