El Departamento de Estado de Estados Unidos estudia exigir a padres y tutores que documenten su ciudadanía o su estatus migratorio al solicitar pasaportes para niños nacidos en el país. La medida aparece en un borrador de directrices internas revisado por Reuters y constituye la señal más concreta hasta ahora de cómo la administración de Donald Trump pretende aplicar su nueva orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento.
La propuesta no está vigente ni modifica todavía los requisitos formales para obtener un pasaporte. Su aplicación dependerá de la publicación de instrucciones definitivas por parte del Departamento de Estado y, sobre todo, de los procesos judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la orden firmada el 6 de agosto de 2026. Ese doble condicionamiento convierte al documento filtrado en una guía de intención política más que en una regla operativa inmediata.
Un cambio en la puerta de entrada al documento de ciudadanía
En el procedimiento actual, los progenitores de un menor nacido en Estados Unidos deben acreditar la filiación, presentar una identificación con fotografía y completar el formulario de solicitud correspondiente. Aunque se consulta a los padres si son ciudadanos estadounidenses, no se les exige de manera general adjuntar pruebas documentales de ciudadanía o residencia migratoria para tramitar el pasaporte del hijo.
El borrador elevaría esa declaración a una exigencia probatoria. Los solicitantes podrían tener que aportar un pasaporte estadounidense vigente, un certificado de nacimiento u otra evidencia de ciudadanía. Si no fueran ciudadanos, deberían acreditar una situación migratoria regular mediante documentos como el registro I-94 o la tarjeta de residencia permanente, conocida como green card. El I-94 refleja los movimientos de entrada y salida de numerosos viajeros extranjeros, mientras que la residencia permanente prueba autorización para vivir y trabajar indefinidamente en el país.
El efecto práctico sería que el trámite del menor dejaría de centrarse exclusivamente en su nacimiento dentro del territorio estadounidense y pasaría a incorporar una revisión más detallada de la condición jurídica de sus padres. Esa modificación tiene relevancia porque el pasaporte no solo habilita viajes internacionales: también funciona como una de las pruebas más reconocidas de ciudadanía estadounidense. Por ello, cualquier nuevo filtro en su emisión puede afectar la capacidad de las familias para demostrar de forma rápida el estatus de sus hijos.
La orden apunta a supuestos delimitados, no a todos los nacimientos
La Orden Ejecutiva 14418 fue presentada por la Casa Blanca como una respuesta al llamado “turismo de nacimiento”, expresión utilizada por sectores de la administración para describir viajes de mujeres extranjeras a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos obtengan la ciudadanía automática. Sin embargo, el texto divulgado no se limita a ese fenómeno y contempla categorías específicas de personas cuyos hijos podrían quedar excluidos.
Según la información conocida, la orden alcanzaría a hijos de personas que trabajan para gobiernos extranjeros en Estados Unidos, incluidos diplomáticos, funcionarios consulares y empleados de organismos internacionales con inmunidad. También se dirige a casos en los que la ciudadanía por nacimiento se obtenga mediante transacciones comerciales o fraude, así como a los denominados “enemigos extranjeros”, categoría que la administración vincula con integrantes de organizaciones terroristas designadas por el gobierno federal.
La delimitación es relevante porque la administración no está intentando, mediante esta orden concreta, negar la ciudadanía automática a todos los hijos de personas indocumentadas o titulares de visas temporales. Esa había sido la ambición de una iniciativa anterior de Trump, posteriormente rechazada por la Corte Suprema. El nuevo enfoque parece buscar categorías que el Ejecutivo considera más defendibles, aunque la legalidad de ese criterio sigue bajo revisión judicial.
La Constitución marca el límite de la disputa
La Decimocuarta Enmienda establece que son ciudadanos estadounidenses todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción. Durante más de un siglo, esa disposición ha sido interpretada como garantía de ciudadanía por nacimiento para casi todos los niños nacidos en territorio nacional. Las excepciones tradicionalmente aceptadas se concentran en los hijos de diplomáticos extranjeros y de fuerzas de ocupación, debido a que esas personas no se encuentran plenamente sometidas a la jurisdicción estadounidense.
El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema declaró ilegal una orden previa que pretendía retirar la ciudadanía automática a hijos de personas sin documentos o con estatus temporal. La decisión, adoptada por seis votos contra tres según informó The Guardian, sostuvo que la medida vulneraba la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. El fallo reforzó el principio de que la condición migratoria ordinaria de los padres no elimina por sí sola el derecho del niño nacido en Estados Unidos.
Ese antecedente explica por qué el nuevo borrador despierta atención más allá de la gestión administrativa de pasaportes. Si la exigencia documental se utilizara para retrasar o denegar documentos a niños que constitucionalmente son ciudadanos, los tribunales podrían considerar que una directriz técnica está produciendo, en los hechos, una restricción sustantiva del derecho protegido por la Constitución.
Los jueces pueden frenar la aplicación antes de que llegue a las oficinas consulares
Abogados que representan a bebés potencialmente afectados ya han presentado acciones ante dos jueces federales para impedir que la orden ejecutiva entre en vigor. Uno de los casos se tramita ante la jueza Deborah Boardman, del Distrito de Maryland, quien durante una audiencia en Greenbelt expresó dudas sobre la legalidad de una disposición que calificó como inédita. La magistrada autorizó a los demandantes a modificar su presentación para que el tribunal evalúe una eventual suspensión.
El Departamento de Justicia respondió que sería prematuro imponer una orden de restricción mientras las agencias federales no hayan divulgado instrucciones finales. El argumento subraya una tensión habitual en los litigios contra políticas migratorias: los demandantes buscan bloquear los efectos previsibles de una medida antes de que afecte a familias concretas, mientras el gobierno sostiene que todavía no existe una aplicación definitiva que pueda ser revisada.
La controversia revela que los pasaportes infantiles se han convertido en un punto de fricción institucional entre el Ejecutivo, los tribunales y las familias migrantes. La cuestión inmediata no es solo qué documentos deberá presentar un padre, sino quién puede definir los límites de la ciudadanía al nacer. Hasta que haya directrices oficiales y resoluciones judiciales, el borrador del Departamento de Estado seguirá siendo una propuesta con potencial impacto administrativo, pero sin fuerza normativa.
