El Gobierno ha autorizado la distribución de 432,8 millones de euros entre las comunidades autónomas de régimen común para financiar programas de interés social. La cuantía procede del 0,7 % asignado por los contribuyentes en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades y supone un incremento del 15 % respecto al ejercicio anterior.
Más recursos, reparto condicionado
La propuesta excluye a País Vasco y Navarra por su régimen fiscal propio y deberá recibir ahora el visto bueno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema de dependencia. Después, cada autonomía abrirá sus convocatorias para entidades del Tercer Sector que atiendan a personas en pobreza, exclusión o especial vulnerabilidad.
El reparto combina 13 indicadores, entre ellos población, renta per cápita, riesgo de pobreza, envejecimiento, discapacidad, dispersión territorial y hogares monomarentales. La Rioja, Ceuta y Melilla mantienen porcentajes mínimos garantizados. El modelo busca que el volumen de fondos no responda solo al tamaño demográfico, sino también a la intensidad de las necesidades sociales de cada territorio.
Un sistema prorrogado hasta 2028
La última convocatoria con datos disponibles, la de 2024, permitió financiar más de 10.000 proyectos de atención directa para personas con discapacidad, mayores, infancia, familias y población gitana. El resultado confirma la capilaridad de unos recursos que se ejecutan desde el ámbito autonómico y local, donde se detectan las demandas concretas.
La distribución conserva el esquema pactado en 2021: el Estado retiene el 20 % de la recaudación y transfiere el 80 % a las comunidades de régimen común. Aunque aquel acuerdo venció en junio, Derechos Sociales logró prorrogarlo dos años y medio, hasta diciembre de 2028, con programas ejecutables en 2029. La continuidad evita una interrupción administrativa en una red de ayudas cuya eficacia depende de convocatorias estables y previsibles.
