La explosión de un carro bomba frente a la Estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, elevó a por lo menos 204 el número de atentados con explosivos registrados en Colombia durante 2026. El ataque, ocurrido en Norte de Santander, dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos policías, y volvió a poner en primer plano la capacidad de los grupos armados para llevar artefactos hasta objetivos urbanos.
Una explosión que amplía el balance nacional
De acuerdo con el registro citado por El Tiempo, las autoridades contabilizaban 174 atentados hasta el 30 de julio. Durante agosto se sumaron al menos 30 hechos, cerca de 15 de ellos ocurridos durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El conteo incluye distintas modalidades, desde vehículos cargados con explosivos hasta drones adaptados para transportar granadas, lo que revela una amenaza diversificada y no limitada a una sola forma de operación.
El ataque de Los Patios ocurrió aproximadamente a las 11:15 de la noche del lunes. La detonación causó daños en la infraestructura policial y afectó vehículos y motocicletas que terminaron incinerados. La víctima mortal fue un civil. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaron la inspección del lugar y la evaluación de los daños en las instalaciones.
El vehículo permaneció varios días sin ser detectado
Uno de los aspectos que concentra la investigación es la manera en que el automóvil llegó hasta las inmediaciones de la estación. Según información conocida por el diario, el vehículo habría permanecido estacionado durante cerca de cinco días en distintos puntos de la zona sin despertar alertas. Una de las hipótesis señala que pudo haber sido acondicionado previamente y trasladado por trochas hasta Los Patios, una posibilidad que deberá ser comprobada mediante peritajes, revisión de cámaras y reconstrucción de sus movimientos.
El mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, atribuyó el atentado al Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco, del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El oficial explicó que el vehículo había sido hurtado en junio de 2024 y que su propietario apareció muerto un día después de la desaparición. Posteriormente, el automotor habría sido acondicionado como taxi.
La Policía indicó que el artefacto fue activado mediante un sistema de frecuencia radial y que contenía amonal, en una cantidad cercana a los 80 kilogramos. Los responsables habrían dispuesto de entre 15 y 25 segundos desde el momento en que abandonaron el vehículo hasta la detonación. La precisión de esos datos será clave para establecer si el ataque requirió una operación prolongada de vigilancia, transporte y ubicación del automóvil.
El ELN concentra una parte importante de los ataques
El balance nacional atribuye al ELN al menos 75 de los 204 atentados contabilizados en 2026. Varios de ellos se registraron en el Catatumbo, región donde los grupos armados han recurrido también a drones cargados con explosivos. En el suroccidente del país, algunas acciones ocurridas durante abril fueron atribuidas a disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.
La distribución de los hechos muestra que el problema no responde a una única estructura ni a un solo territorio. Sin embargo, Norte de Santander aparece como un escenario especialmente sensible: combina la presencia de organizaciones armadas, corredores utilizados para actividades ilegales y una frontera que facilita la movilidad de personas, armas y recursos. En ese contexto, un ataque contra una estación policial no solo busca causar daños materiales; también pretende demostrar capacidad de penetración y afectar la percepción de control estatal.
La investigación apunta a una estructura urbana
Las autoridades indagan la posible participación de varios integrantes de la estructura urbana del ELN en Cúcuta. Entre los señalados figura alias David, identificado como uno de los principales cabecillas y presunto explosivista. Según la información disponible, llevaría cerca de cinco años operando en la zona, después de llegar desde el Catatumbo. Es investigado por terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio, y se ofrece una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita localizarlo.
También es investigado alias Nay o Nike, señalado de coordinar ataques, reclutar personas para transportar explosivos y participar en la selección de objetivos. Llevaría aproximadamente tres años en la estructura y es relacionado con delitos como terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas. Por información sobre su paradero se ofrecen 150 millones de pesos. A la organización se sumaría alias el Rolo, descrito como articulador del frente urbano.
Los tres recibirían órdenes de Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, señalada por las autoridades como una de las responsables de la actividad terrorista del ELN en la región. Estas hipótesis aún forman parte de la investigación y no equivalen a decisiones judiciales definitivas.
Un antecedente cercano refuerza la preocupación
El atentado de Los Patios ocurrió aproximadamente un mes después de otro carro bomba contra la sede de la Policía de Norte de Santander. El hecho se registró en la madrugada del 1 de agosto, cuando los explosivos fueron ocultados entre bultos de papa y zanahoria transportados en un camión. La detonación, ocurrida hacia las 3:18 de la mañana, dejó 12 policías y tres civiles heridos. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo, que terminó frente a un concesionario y una entidad bancaria.
Ambos ataques comparten el uso de vehículos cargados con explosivos, la proximidad temporal y la elección de instalaciones policiales en el área metropolitana de Cúcuta. No obstante, las autoridades no han establecido públicamente una conexión entre ellos. Confirmarla exigiría demostrar coincidencias operativas, logísticas o de mando, y no únicamente semejanzas en el método utilizado.
La persistencia revela un problema que va más allá de las capturas
Expertos consultados por El Tiempo advierten que la continuidad de los ataques no puede explicarse solo por la permanencia de determinados cabecillas. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, sostuvo que la escalada de violencia venía incubándose desde hace tres años y que la captura o muerte de líderes no desmantela por sí misma a las estructuras cuando estas conservan sus fuentes de financiación y control territorial.
El consultor Hugo Acero describió a estas organizaciones como grupos criminales dedicados a las rentas ilegales, principalmente vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal. La incorporación de drones y otros recursos tecnológicos amplía sus opciones tácticas, pero el uso repetido de carros bomba también evidencia fallas en la prevención, el control de vehículos robados y el intercambio de inteligencia local.
Por esa razón, el desafío inmediato no consiste únicamente en reparar la estación policial o capturar a los autores materiales. También implica detectar con mayor anticipación la preparación de los ataques, seguir las redes financieras y logísticas que los sostienen y recuperar control sobre los corredores utilizados por las estructuras armadas. La cifra de 204 atentados funciona así como un indicador de violencia, pero también como una advertencia sobre la distancia que aún existe entre la reacción institucional y la capacidad operativa de los grupos ilegales.
