Janet González, estudiante de 16 años y ciudadana estadounidense, vive pendiente de una fecha que podría alterar la vida de su familia: el 9 de septiembre. Su padre, Marcos, y su madre, ambos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), podrían perder esa protección junto con otros 170.000 salvadoreños. Ante esa posibilidad, la adolescente dice que ya no logra concentrarse en la escuela y que su familia prepara un plan para una posible separación.
La incertidumbre se agravó el 25 de junio, cuando el Tribunal Supremo permitió por seis votos contra tres que la Administración Trump ponga fin al TPS de inmigrantes de Haití y Siria. Aunque el fallo se refiere a esos grupos, podría facilitar medidas similares para otros beneficiarios del programa, entre ellos los salvadoreños. El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para dar protección frente a la deportación y permisos de trabajo a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países.
Marcos González, trabajador de la construcción de 50 años, huyó de la violencia en El Salvador y lleva 25 años en Estados Unidos. Ahora prepara a sus dos hijos mayores, uno ya empleado y otra universitaria, para que puedan cuidar de sus hermanas menores si él y su esposa deben abandonar el país. “Nos estamos preparando para el peor escenario posible”, afirma. Para Janet, la preocupación se cuela en las clases de geometría y biología: se pregunta si sus padres siguen en casa o si ya fueron detenidos.
El temor no se limita a esta familia de San Bernardino. En Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande del país, la asistencia cayó el pasado noviembre en unos 7.000 alumnos más de lo previsto, según informó el distrito. La matrícula del curso 2025-2026 también bajó un 4% respecto al año anterior. Investigaciones previas han asociado las redadas y otras acciones de control migratorio con descensos en el rendimiento académico y con más síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión.
En diciembre de 2025, una encuesta nacional del Urban Institute halló que más de uno de cada cinco adultos de familias inmigrantes con hijos dejó de realizar actividades esenciales, incluida la asistencia a la escuela, por preocupaciones migratorias. Más de uno de cada siete señaló un aumento del malestar emocional en sus hijos. Otra encuesta de KFF y The New York Times indicó que la proporción de adultos inmigrantes que evitó pedir ayuda para alimentos, vivienda o atención sanitaria pasó del 8% en 2023 al 12% en 2025.
La familia González ha reducido sus salidas a lo imprescindible. Janet pasa las tardes con sus padres, juega a juegos de mesa y trata de tranquilizar a su hermana de 10 años cuando pregunta si sus padres llegarán bien a casa. También ha aprendido, por indicación de su padre, a no dar información sobre ellos si alguien la interroga. Marcos sostiene que hablar español o el color de piel hace que su familia se sienta señalada.
Janet espera terminar la secundaria en dos años, entrar en la universidad y convertirse en enfermera. Quiere trabajar mientras estudia para ayudar a sus padres, pero teme que no estén presentes en su graduación. Tatiana Londoño, profesora adjunta de Bienestar Social en la UCLA, describe esta reacción como una “parentalización emocional”: jóvenes que asumen una responsabilidad afectiva hacia sus padres y hermanos. Según la especialista, esa carga puede ser enorme a largo plazo para niños y adolescentes.
