México prohibió la venta de refrescos, frituras y dulces en todas las escuelas del país desde marzo de 2025, mientras que en Estados Unidos una propuesta para impedir que los beneficiarios del programa SNAP utilicen cupones de alimentos en bebidas azucaradas y algunos dulces fue bloqueada por un tribunal federal. La diferencia de enfoques revela tensiones comunes entre salud pública, uso de recursos estatales y libertad individual.
En México la medida forma parte de la estrategia Vida Saludable y se complementa con un aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las bebidas azucaradas que entró en vigor en enero de 2026. Los datos oficiales indican que el 37 % de los niños de entre 5 y 11 años presentan sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias reportan que uno de cada cinco menores de entre 2 y 19 años tiene obesidad, cifra que ronda el 20 % de esa población.
El intento estadounidense y su suspensión judicial
La administración de Donald Trump autorizó a cinco estados —Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental— a restringir la compra de refrescos, bebidas energéticas y ciertos dulces con fondos del programa SNAP. Los estados argumentaron que el dinero público no debe destinarse a productos vinculados con obesidad y diabetes. Sin embargo, la jueza federal Amy Berman Jackson determinó que el Departamento de Agricultura carece de facultad legal para modificar las reglas del programa mediante autorizaciones especiales, por lo que la medida quedó suspendida.
La decisión judicial reabre el debate sobre los límites de la intervención estatal. Quienes defienden las restricciones sostienen que los recursos fiscales deben orientarse a alimentos con mayor valor nutricional. Quienes se oponen advierten que el gobierno no puede sustituir las decisiones de consumo de las familias y que algunas bebidas restringidas responden a necesidades médicas específicas, como en casos de diabetes tipo 1.
Las políticas mexicanas y sus primeros resultados
México optó por actuar en dos frentes simultáneos: la prohibición dentro de planteles escolares y el incremento fiscal a las bebidas azucaradas. El primer efecto visible apareció en los reportes financieros de Coca-Cola, que registró una caída del 4 % en sus ventas en México durante 2025 y atribuyó parte de ese resultado al aumento del impuesto. La norma escolar, vigente desde marzo de 2025, impide la venta de productos con sellos de advertencia por exceso de azúcar, sodio o grasas, incluyendo chocolates, pastelitos y frituras.
Ambos países enfrentan el mismo desafío demográfico: una elevada prevalencia de obesidad infantil que se asocia con enfermedades crónicas futuras. Sin embargo, las herramientas elegidas difieren en alcance y mecanismo. México interviene directamente en el entorno escolar y en la estructura de precios; Estados Unidos intentó condicionar el uso de transferencias monetarias pero encontró un obstáculo legal que obliga a revisar el diseño normativo del programa SNAP.
Implicaciones para la salud pública y la libertad de elección
El contraste entre ambos enfoques ilustra la dificultad de equilibrar objetivos de salud colectiva con principios de autonomía individual. Las medidas fiscales y de restricción en espacios educativos pueden reducir el acceso inmediato a productos de baja calidad nutricional, pero también generan debates sobre su efectividad a largo plazo y sobre posibles efectos regresivos en hogares de menores ingresos. Por otro lado, la vía judicial estadounidense subraya que cualquier cambio en programas de asistencia debe contar con respaldo legal explícito.
Los datos de obesidad infantil en ambos países sugieren que ninguna estrategia aislada resolverá el problema. La experiencia mexicana muestra que combinar prohibiciones en entornos controlados con incentivos de precio puede influir en el consumo, mientras que el caso estadounidense indica que las restricciones sobre transferencias gubernamentales enfrentan límites institucionales que requieren soluciones legislativas más amplias. El resultado final dependerá de cómo cada sociedad defina el margen legítimo de acción del Estado sobre las decisiones alimentarias cotidianas.
