El Gobierno de Groenlandia presentó este viernes dos informes de expertos que llegan a conclusiones distintas sobre si Dinamarca cometió genocidio al implantar espirales anticonceptivas a más de 40.000 mujeres groenlandesas entre 1960 y 1991, muchas de ellas sin un consentimiento suficiente. Ambos trabajos coinciden en que hubo graves vulneraciones de derechos humanos y de los pueblos indígenas, pero discrepan sobre el elemento decisivo para calificar los hechos como genocidio: la intención de destruir total o parcialmente a la población inuit.
El informe firmado por Jonas Christoffersen, exdirector del Instituto Danés de Derechos Humanos, y la investigadora Jensine Nedergaard sostiene que no hay pruebas empíricas de que autoridades o profesionales sanitarios daneses o groenlandeses pretendieran destruir a la población groenlandesa. Los autores no cuestionan que se colocaran dispositivos intrauterinos sin consentimiento suficiente a niñas y mujeres, una práctica contemplada por el derecho internacional, pero consideran que esa constatación no permite por sí sola establecer la existencia de genocidio.
La intención, centro de la discrepancia
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio incluye entre sus actos la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre ellas figuran la esterilización forzada y los abortos forzados cuando buscan limitar de forma sistemática la capacidad reproductiva del grupo. Christoffersen y Nedergaard estiman que algunos médicos pudieron haber querido restringir la capacidad de los groenlandeses para tener hijos, pero concluyen que el Estado danés no actuó con la intención de destruir a esa población.
El segundo informe, elaborado por la experta en derechos humanos Dalee Sambo Dorough y la investigadora y abogada Miriam Cullen, no da una respuesta concluyente sobre la posible calificación de genocidio. Sus autoras afirman que no hay base suficiente para determinar que el propósito de la campaña anticonceptiva fuera necesariamente destruir total o parcialmente a la población inuit, aunque sí aprecian un deseo de limitar su crecimiento demográfico.
Dorough y Cullen describen que los médicos recurrieron a “técnicas de motivación activa” y a una “persuasión entusiasta” para colocar las espirales, además de negarse en algunos casos a retirarlas cuando las mujeres lo solicitaban. Según su análisis, esas actuaciones fueron realizadas por personas empleadas por el Estado y bajo autoridad danesa, por lo que pueden atribuirse a Dinamarca conforme al derecho internacional. Añaden que la responsabilidad estatal puede existir aunque no se pruebe una intención genocida, ya que el Estado debería haber conocido lo ocurrido y haber intervenido para impedirlo.
Indemnización y comisión de reconciliación
Los cuatro especialistas habían integrado inicialmente un mismo grupo investigador, pero las diferencias de enfoque entre los expertos daneses y las investigadoras internacionales llevaron a la presentación de dos documentos separados. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, indicó que su Gobierno estudiará ambos informes “con gran interés” y que abrirá un proceso político junto al Ejecutivo groenlandés para encontrar “el camino correcto”.
Frederiksen aceptó la propuesta del presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, de crear una comisión de reconciliación para examinar críticamente los aspectos oscuros de la historia común y reconocer el dolor causado. Ambos dirigentes ya pidieron perdón oficialmente en septiembre del año pasado, durante un acto celebrado en Nuuk. El Parlamento danés aprobó el jueves una indemnización de 300.000 coronas danesas, algo más de 40.000 euros, para cada una de las miles de mujeres afectadas. Frederiksen subrayó, no obstante, que esa compensación no debe cerrar el asunto.
