La Cámara de Diputados buscará perfeccionar el modelo de Ventanilla Única anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones. El objetivo no será únicamente respaldar una nueva herramienta administrativa, sino ajustar su funcionamiento con base en la experiencia de los sectores económicos que enfrentan permisos, trámites y decisiones de inversión en el país.
Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que los legisladores consultarán a representantes empresariales y productivos para identificar cómo mejorar la medida. Su planteamiento abre la posibilidad de revisar incluso la legislación aprobada recientemente en materia de infraestructura, con el fin de que las normas y la nueva ventanilla operen de manera complementaria.
Una promesa de simplificación que requiere coordinación
La Ventanilla Única puede tener un impacto relevante si reduce tiempos, duplicidades y falta de certeza entre dependencias. Para un inversionista, la decisión de destinar recursos no depende sólo de incentivos fiscales o de la disponibilidad de capital: también pesa la claridad sobre licencias, uso de suelo, permisos ambientales, conexión energética, infraestructura y reglas locales. Una oficina de promoción puede facilitar el primer contacto, pero su eficacia dependerá de que tenga capacidad real para coordinar a las autoridades involucradas.
Altamirano señaló que el país necesita crecimiento y que éste requiere tanto inversión pública como privada. La afirmación coloca el debate en un terreno más amplio que el de atraer anuncios de nuevos proyectos. La inversión privada puede ampliar capacidad productiva, generar empleos y fortalecer cadenas de suministro; la pública, por su parte, debe crear las condiciones físicas e institucionales para que esos proyectos se sostengan. Si ambas avanzan por vías separadas, el efecto de la Ventanilla Única será limitado.
El legislador de Morena recordó que la nueva Ley en Materia de Infraestructura para el Bienestar estableció bases para incentivar la llegada de capital. La revisión que propone no implica necesariamente corregir una falla legislativa, sino comprobar si los mecanismos previstos responden a los obstáculos concretos que detectan empresas, gobiernos estatales y municipios. Esa diferencia importa: una ley puede diseñar instrumentos adecuados en el papel, pero perder eficacia cuando los procedimientos administrativos siguen fragmentados.
La discusión presupuestal condiciona el alcance de la estrategia
La promoción de inversiones también estará vinculada al Paquete Económico 2027. Altamirano anticipó que la propuesta buscará cumplir el compromiso presidencial de reducir el déficit sin introducir nuevos impuestos estructurales. El mensaje persigue preservar certidumbre para hogares y empresas en un momento en que el Gobierno pretende impulsar el crecimiento y, al mismo tiempo, mantener disciplina en las finanzas públicas.
El matiz está en las actualizaciones tributarias. El diputado explicó que modificar o actualizar un impuesto existente no equivale automáticamente a crear uno nuevo. Entre los rubros que podrían discutirse mencionó las bebidas azucaradas, el sodio y las bebidas alcohólicas, bajo una lógica preventiva y de salud pública. La definición será políticamente sensible: cualquier ajuste debe justificar con claridad su propósito, su impacto recaudatorio y el destino de los recursos para evitar que un objetivo sanitario se perciba sólo como una vía de ingresos.
En este punto, la Ventanilla Única y el paquete fiscal forman parte de una misma señal económica. Los inversionistas evalúan costos, pero también estabilidad regulatoria y capacidad de ejecución del Estado. Mantener los impuestos estructurales sin cambios puede ofrecer previsibilidad; reducir trabas administrativas puede mejorar la competitividad. Sin embargo, el beneficio será mayor si las reglas de actualización fiscal son transparentes y si la simplificación se traduce en plazos verificables, no sólo en una nueva instancia de atención.
Una agenda legislativa atravesada por la definición de reglas políticas
El inicio del tercer y último año de la LXVI Legislatura también pondrá en marcha el análisis de la iniciativa presidencial sobre doble nacionalidad. Ricardo Monreal, todavía presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, planteó que la restricción debería acotarse a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno, por tratarse de cargos con facultades que pueden comprometer al Estado mexicano.
La iniciativa establece que las personas con doble nacionalidad deberán renunciar a una de ellas, conforme a la ley, antes de registrar su candidatura. Monreal advirtió que deberá revisarse el alcance de las reformas a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales, en particular para determinar si incluyen presidencias municipales y si tendrían aplicación inmediata para la elección del próximo año, cuando se renovarán 16 mil 609 cargos en 31 entidades, incluidas 17 gubernaturas.
El reto es evitar que la certidumbre se vuelva exclusión
La discusión sobre doble nacionalidad exhibe una tensión que el Congreso tendrá que resolver con precisión. La búsqueda de lealtad exclusiva en cargos de mayor responsabilidad debe ponderarse frente a los derechos políticos de una comunidad transnacional amplia: Monreal recordó que cerca de 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y que muchos tienen ciudadanía por nacimiento o naturalización, además de las comunidades con vínculos en España y otros países.
Ambas agendas, la de inversión y la electoral, comparten una exigencia institucional: reglas claras, proporcionadas y aplicables. La Ventanilla Única será evaluada por su capacidad para hacer más predecible invertir en México. La reforma sobre doble nacionalidad será medida por su capacidad para proteger funciones estratégicas sin imponer restricciones más amplias de las necesarias. En los dos casos, la calidad del proceso legislativo dependerá de escuchar a los sectores afectados, definir con precisión los alcances y traducir los anuncios en criterios que puedan cumplirse y supervisarse.
