Alejandra “N” fue detenida y vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en un fraude superior a 3.2 millones de pesos contra un hombre con quien mantenía una relación de amistad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que la mujer habría convencido a la víctima de entregar dinero para un supuesto portafolio de inversión que prometía altos rendimientos.
La captura ocurrió el 19 de agosto de 2026 en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, con la colaboración de la fiscalía de esa entidad. Después de la audiencia celebrada el 25 de agosto, un juez determinó iniciar el proceso penal por el delito de fraude, impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Una amistad como vía para obtener el dinero
De acuerdo con las indagatorias de la Policía de Investigación, Alejandra “N” conocía al denunciante desde 2017, debido a que sus hijos asistían a la misma escuela. La fiscalía sostiene que el 23 de mayo del año pasado aprovechó esa relación para invitarlo a participar en una inversión que, según la promesa, generaría rendimientos elevados.
Ante esa oferta, el hombre realizó una primera transferencia por 365 mil pesos a una cuenta presuntamente vinculada con la imputada. Posteriormente entregó otras cantidades, hasta efectuar el último envío el 5 de agosto de 2025. La investigación no establece que la víctima haya recuperado el capital ni recibido los rendimientos que le fueron ofrecidos.
También habría solicitado datos de tarjetas
Durante el periodo en que recibió los recursos, la mujer presuntamente le indicó al hombre que debía efectuar compras con dos tarjetas de crédito para liberar el dinero invertido. El denunciante aceptó proporcionar los datos de esos instrumentos, de acuerdo con la información reunida por la fiscalía.
La acusación contempla así tanto las transferencias realizadas para el supuesto portafolio como las operaciones relacionadas con las tarjetas. La fiscalía presentó estos elementos dentro de la investigación iniciada a partir de la denuncia del afectado, sin que la información difundida detalle el monto específico asociado a las compras o el uso posterior de los datos bancarios.
La investigación confirmó el daño patrimonial
Tras la denuncia, el Ministerio Público obtuvo autorización judicial para acceder a la información bancaria necesaria. Con esos datos se corroboraron las transferencias realizadas a la cuenta de la presunta responsable. Además, un dictamen pericial en materia contable cuantificó el daño patrimonial en más de 3.2 millones de pesos.
Las labores de seguimiento técnico permitieron a agentes de la Policía de Investigación ubicar a Alejandra “N” en Huixquilucan y ejecutar la orden de aprehensión. La vinculación a proceso no constituye una sentencia; el caso continuará durante el plazo establecido para la investigación complementaria, mientras la imputada permanece sujeta a prisión preventiva.
