El 28 de mayo una niña de siete años saltó desde una ventana del primer piso en Pico Truncado para pedir auxilio. Su escape puso fin a un régimen de encierro que, según la investigación judicial, incluía aislamiento prolongado, privación sistemática de alimentos y violencia física. Las autoridades provinciales consideran que este caso representa el episodio de maltrato infantil más grave registrado en la última década en Santa Cruz.
La menor y su hermano de cinco años fueron hallados en condiciones de salud severamente deterioradas. Ambos presentaban desnutrición avanzada, anemia y parasitosis intestinal. Tras ser rescatados, debieron ser internados de urgencia. Los exámenes médicos confirmaron que los niños habían sido sometidos a restricciones extremas de higiene y alimentación, con episodios en los que se les obligaba a realizar sus necesidades en un recipiente dentro de la misma habitación donde dormían.
Reconstrucción de los hechos
La investigación, a cargo de la Fiscalía de Pico Truncado, se desarrolló bajo reserva durante casi un mes. Las declaraciones de la niña en Cámara Gesell, junto con los informes psicológicos y las imágenes obtenidas del sistema de videovigilancia instalado en la vivienda, permitieron reconstruir la dinámica de control ejercida sobre los menores. Según las fuentes judiciales, la madre y su pareja mantenían a los niños encerrados, limitaban su acceso a agua potable y los golpeaban cuando no aumentaban de peso. La tía de los niños relató que la alimentación se reducía en ocasiones a sopa y que el contacto con el exterior estaba completamente prohibido.
El 28 de mayo la niña logró escapar y alertó a vecinos. El Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes intervino de inmediato. Los menores fueron retirados del domicilio y derivados al sistema de salud. Desde ese momento, la familia ampliada asumió su cuidado bajo supervisión judicial.
Cargos y elementos probatorios
La Justicia imputó a la madre y a su pareja por los delitos de reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y el deber de cuidado. Las filmaciones del circuito cerrado resultaron determinantes: mostraban el encierro prolongado y la ausencia de interacción afectiva o estímulos adecuados para la edad de los niños. Los peritajes psicológicos señalaron un patrón de violencia sistemática que buscaba anular la autonomía de las víctimas.
El caso ha puesto de relieve el papel de las redes de contención comunitaria. La intervención de los vecinos permitió activar los protocolos de protección antes de que el deterioro físico de los menores alcanzara consecuencias irreversibles. Organismos provinciales han recordado que la detección temprana depende en gran medida de la denuncia responsable de quienes detectan señales de alerta.
Respuesta institucional y acompañamiento
Tras la detención, el Poder Judicial dispuso medidas de protección para los niños y ordenó su alojamiento en un entorno familiar seguro. La tía de los menores ha manifestado que la familia priorizará su recuperación física y emocional, así como la restitución de rutinas propias de la infancia. Las autoridades sanitarias continúan el seguimiento de los cuadros de desnutrición y anemia, mientras equipos de psicología trabajan en la elaboración del trauma.
El expediente judicial sigue en etapa de instrucción. Las partes han sido notificadas de las imputaciones y se aguarda la producción de nuevas medidas de prueba antes de definir el curso del proceso. Mientras tanto, el caso ha generado un debate local sobre los mecanismos de detección de violencia intrafamiliar en zonas de escasa visibilidad institucional.
La Fiscalía ha subrayado que el nivel de sometimiento descrito no tiene precedentes recientes en la localidad. El uso de videovigilancia como elemento probatorio central también marca un precedente en la forma de documentar este tipo de delitos en la provincia. Las organizaciones de derechos del niño que siguen el expediente destacan la importancia de garantizar que los menores reciban atención integral sin revictimizarlos durante las etapas procesales.
