Pachuca. Entre 10 y 15 migrantes originarios de Hidalgo, deportados recientemente de Estados Unidos, han sido enviados a puntos de recepción ubicados en el sureste de México, principalmente en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. La situación ha complicado su regreso a sus municipios y comunidades de origen, informó Manuel Aranda, titular de Atención al Migrante.
El funcionario explicó que la dependencia estatal ha recibido varios reportes sobre personas mexicanas que, después de ser detenidas por autoridades migratorias estadounidenses y retornadas al país, no son trasladadas directamente a sus estados de procedencia. En el caso de los hidalguenses, algunos terminan en la frontera sur, a una distancia considerable de sus lugares de origen.
El retorno comienza sin documentos ni recursos
De acuerdo con Aranda, varios de los migrantes llegan a territorio mexicano sin dinero, identificaciones, equipaje o pertenencias personales. Estas condiciones, relacionadas con la forma en que se ejecuta su deportación, dificultan tanto la acreditación de su identidad como la compra de boletos para continuar el viaje hacia Hidalgo.
Ante esta situación, las autoridades federales deben intervenir para verificar quiénes son y confirmar su procedencia. Cuando los afectados carecen de documentos oficiales, se gestiona una constancia o una hoja de repatriación, documento en el que pueden aparecer datos como la Clave Única de Registro de Población y fotografías del migrante.
La constancia permite formalizar el retorno y adquirir boletos de transporte terrestre o aéreo. Sin ese respaldo, los migrantes enfrentan mayores dificultades para acreditar que fueron repatriados y para acceder a los mecanismos institucionales de apoyo previstos para su traslado.
La dependencia estatal señaló que, una vez activados esos mecanismos, los deportados reciben asistencia para viajar desde los puntos de recepción hasta sus comunidades en Hidalgo. También se les entrega un apoyo económico de 2 mil pesos, destinado a atender necesidades inmediatas durante el trayecto y los primeros días posteriores a su llegada.
Distancia y separación familiar, efectos del proceso
Para Atención al Migrante, el problema no se limita al costo o a la duración del viaje. La ubicación de los centros de recepción puede prolongar la incertidumbre de las familias y retrasar el reencuentro con sus integrantes. La dependencia mantiene seguimiento de los casos para conocer las condiciones de retorno, orientar a las personas y coordinar la ayuda disponible.
Hasta el momento, indicó Manuel Aranda, no se han recibido reportes de hidalguenses trasladados a terceros países durante su proceso de deportación. Los casos identificados corresponden a personas que fueron devueltas a México y posteriormente canalizadas a entidades distintas de Hidalgo.
El funcionario agregó que, bajo las nuevas políticas migratorias estadounidenses, la mayoría de los retornos atendidos corresponde a personas que permanecieron varios años en Estados Unidos, más que a migrantes que recientemente intentaron cruzar la frontera. Esta diferencia es relevante porque quienes llevan largo tiempo fuera suelen tener vínculos familiares, laborales y comunitarios consolidados en ambos países.
El retorno, por tanto, no representa únicamente el traslado físico de una persona. También implica la reorganización de hogares que pueden haber dependido de las remesas, la reincorporación de quienes estuvieron ausentes durante años y la atención de necesidades documentales y económicas que aparecen desde el momento de la deportación.
Aranda advirtió que estos procesos provocan una fuerte desintegración familiar, ya que las familias quedan divididas y deben adaptarse a cambios abruptos en su estabilidad y dinámica cotidiana. Mientras continúen los envíos de deportados a puntos alejados de sus estados de origen, la coordinación entre autoridades federales y estatales será determinante para reducir los tiempos de traslado y garantizar que los retornados puedan llegar a sus comunidades con documentación y apoyo básico.
