Autoridades mexicanas detuvieron a tres personas en Nuevo León cuando transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de 210 armas de fuego presuntamente destinado a grupos criminales en México. El aseguramiento ocurrió en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con el funcionario, fueron incautadas 195 armas largas, 15 armas cortas y cargadores. La acción se realizó en el municipio de Sabinas Hidalgo, ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Monterrey.
En el operativo participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, así como elementos de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Guardia Nacional. García Harfuch señaló que, con este decomiso, suman más de 30 mil armas de fuego aseguradas durante el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El caso se produce en medio de los reclamos de México a Estados Unidos para reforzar las acciones contra el tráfico ilícito de armamento a través de la frontera común. El Gobierno mexicano ha sostenido que ese flujo constituye una fuente relevante de poder de fuego para las organizaciones criminales.
El 11 de agosto, García Harfuch afirmó en una entrevista con la comunicadora Maca Carriedo que más del 80 % de las armas decomisadas desde el inicio de la actual Administración, en octubre de 2024, procedían de Estados Unidos.
Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos registraron 32 mil 144 armas recuperadas en México y enviadas para rastreo en 2025. De ese total, al menos 22 mil 817 fueron identificadas como de origen estadounidense.
El tráfico de armas forma parte de la agenda bilateral de seguridad, junto con el combate al narcotráfico, especialmente al fentanilo, y al tráfico de personas. En junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó por unanimidad una demanda de México contra varios fabricantes de armas, al considerar que las empresas estaban protegidas por una legislación que les otorga amplia inmunidad frente al uso ilícito posterior de sus productos.
