Abelardo de la Espriella, puntero en las encuestas presidenciales colombianas, anunció el 25 de junio de 2026 la fumigación inmediata de más de 330.000 hectáreas de coca a partir del 8 de agosto. La medida, basada en el herbicida glifosato, se presenta como solución directa al narcotráfico, pero ignora décadas de evidencia sobre sus efectos ambientales y sociales.
El glifosato, clasificado como probable carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ha sido vinculado en estudios de la Universidad Nacional de Colombia a la contaminación de acuíferos y la reducción de biodiversidad en zonas de fumigación aérea. En Putumayo y Nariño, regiones con antecedentes de aspersión entre 2000 y 2015, se registró un aumento del 18 % en casos de malformaciones congénitas según datos del Ministerio de Salud de 2018.
Impacto real en las economías rurales
La destrucción masiva de cultivos de coca no elimina el narcotráfico, sino que desplaza el problema. Tras las fumigaciones de 2006-2010 en el sur de Colombia, los cultivos se trasladaron a zonas de reserva forestal y territorios indígenas, incrementando la deforestación en un 23 % según el Ideam. Las familias campesinas, sin alternativas productivas viables, migran hacia cultivos ilícitos de menor escala o hacia las ciudades, donde enfrentan desempleo estructural.
Un análisis del Observatorio de Tierras de la Universidad de los Andes muestra que el 67 % de los municipios con alta presencia de coca carecen de vías secundarias pavimentadas y acceso a crédito formal. La propuesta de De la Espriella omite este vacío institucional y asume que la erradicación química bastará para romper el ciclo de violencia.
Trayectoria profesional y acumulación de capital
La carrera de De la Espriella como penalista incluye la defensa de figuras vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Aunque el derecho a defensa es un pilar democrático, el volumen de recursos obtenidos en estos casos genera una pregunta distinta: ¿cómo se convierte esa fortuna en capital político? En México, la elección de una exabogada de Joaquín Guzmán como jueza provocó rechazo incluso dentro de la derecha por la percepción de conflicto de intereses. El mismo estándar debería aplicarse en Colombia.
Los datos de la Registraduría Nacional muestran que las campañas presidenciales de 2022 superaron en promedio los 8.000 millones de pesos en gasto publicitario digital. Cuando un solo candidato puede financiar operaciones masivas de redes sin fiscalización efectiva, la competencia electoral deja de ser simétrica.
Tres tensiones estructurales
Primero, la democracia colombiana enfrenta el riesgo de que la riqueza privada derivada de la representación legal de actores ilícitos se transforme en plataforma electoral. Esta dinámica erosiona la confianza ciudadana: encuestas de Invamer de mayo de 2026 revelan que el 71 % de los colombianos considera que los candidatos con mayor poder económico tienen ventaja desproporcionada.
Segundo, la política de drogas basada exclusivamente en la erradicación química choca con la evidencia internacional. El informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas de 2023 documenta que países que combinaron desarrollo rural con reducción gradual de cultivos obtuvieron mejores resultados en reducción de violencia que aquellos que priorizaron la fumigación.
Tercero, la desinformación digital actúa como multiplicador. Mensajes de WhatsApp con afirmaciones falsas sobre candidatos han circulado en Colombia con tasas de reenvío superiores al 40 % según mediciones de la Fundación para la Libertad de Prensa. La ausencia de corrección posterior por parte de los receptores indica una normalización del consumo de propaganda.
Perspectivas de actores clave
Los cultivadores de coca en Cauca y Catatumbo temen la pérdida de ingresos sin programas de sustitución consolidados. Los ambientalistas alertan sobre la contaminación de suelos y la afectación a polinizadores. Los sectores empresariales urbanos ven en la mano dura una señal de estabilidad para la inversión. Los organismos de control, como la Procuraduría, advierten que cualquier plan de fumigación debe someterse a estudios de impacto ambiental previos, requisito que la propuesta actual no ha cumplido.
Riesgos futuros y escenarios probables
Si la estrategia de fumigación se implementa sin acompañamiento de desarrollo territorial, es previsible un aumento de desplazamientos internos y un fortalecimiento de grupos armados que ofrezcan protección a los cultivos. El escenario alternativo, una combinación de erradicación manual selectiva con inversión en infraestructura rural, requiere tiempos y recursos que superan un solo periodo presidencial.
La concentración de poder político en manos de quienes poseen recursos para dominar el espacio digital también puede profundizarse. Sin reformas que limiten el gasto en publicidad pagada y fortalezcan la verificación de información, la brecha entre candidatos con y sin respaldo financiero seguirá ampliándose. El resultado sería una democracia formal que, en la práctica, funcione como oligarquía competitiva.
Colombia se encuentra ante la decisión de aceptar que el dinero acumulado en la defensa de clientes de alta peligrosidad puede comprarse acceso al Estado o de establecer límites institucionales que preserven la equidad del proceso electoral y la viabilidad ambiental del territorio rural.
