La aprobación del Decreto-Ley 128 marca uno de los cambios más relevantes en el marco cubano para la inversión extranjera en décadas. Desde su entrada en vigor, las empresas mixtas y las compañías de capital extranjero al 100% podrán contratar directamente a trabajadores cubanos, pagar bonificaciones en moneda extranjera y abrir cuentas bancarias fuera de la isla sin autorización previa del Banco Central de Cuba. Bastará con notificar la operación en un plazo de siete días y someter los movimientos a auditorías posteriores.
La reforma no aparece aislada. Forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado en junio y coincide con la entrada en vigor del Decreto-Ley 133, que autoriza la creación de empresas privadas con más de 100 empleados y permite la participación de cubanos residentes en el exterior. También se han anunciado nuevas reglas para formar cadenas comerciales y para que el sector privado constituya agencias de viajes. El Gobierno intenta así modificar, en varios frentes simultáneos, un modelo empresarial que durante años estuvo marcado por la centralización, la escasez de divisas y la intermediación estatal.
El cambio decisivo no está en el permiso, sino en quién controla la relación laboral
La eliminación de las agencias empleadoras estatales como intermediarias obligatorias puede tener un efecto más profundo que la simple reducción de un trámite. Bajo el sistema anterior, una empresa extranjera no negociaba plenamente con el trabajador que necesitaba incorporar: debía canalizar la contratación a través de una estructura estatal. Ese mecanismo limitaba la capacidad de las compañías para seleccionar perfiles, definir incentivos y responder con rapidez a las necesidades de producción.
Con la contratación directa, la relación laboral se vuelve más cercana a los estándares que suelen exigir los inversionistas internacionales. Una empresa podrá buscar especialistas concretos, evaluar experiencia, establecer objetivos y premiar resultados mediante gratificaciones en moneda extranjera. En sectores como tecnología, logística, turismo especializado, energía o servicios profesionales, esa flexibilidad puede ser determinante para decidir si un proyecto se instala en Cuba, se amplía o permanece en una escala mínima.
El impacto también puede sentirse en el mercado laboral cubano. La competencia por trabajadores calificados probablemente aumentará allí donde existan empresas extranjeras con capacidad de pagar bonificaciones. Para los empleados, esto abre una oportunidad de mejorar ingresos y acceder a estructuras profesionales más competitivas. Pero crea al mismo tiempo una tensión: las compañías nacionales y muchas pequeñas empresas privadas podrían quedar en desventaja si no tienen acceso a divisas o si sus márgenes no permiten igualar esas remuneraciones.
La consecuencia no será necesariamente una mejora general de los salarios. Puede producirse una segmentación más marcada entre trabajadores vinculados a empresas con ingresos externos y quienes permanecen en actividades dependientes del mercado interno. En una economía con dificultades para abastecerse de combustible, alimentos y bienes básicos, esa diferencia podría reforzar la migración de talento hacia los sectores dolarizados, sin resolver el problema estructural de la baja productividad.
Las cuentas en el exterior alivian un cuello de botella, pero trasladan el riesgo al control posterior
La posibilidad de operar cuentas bancarias fuera de Cuba sin una autorización previa responde a un problema operativo evidente. Las empresas que comercian internacionalmente necesitan cobrar, pagar proveedores, gestionar seguros, financiar importaciones y reducir los retrasos asociados a los controles bancarios. En un entorno de sanciones, restricciones de corresponsalía y dificultades para acceder a moneda convertible, la autorización previa podía convertirse en un freno para operaciones que requieren velocidad.
El nuevo esquema sustituye el control ex ante por una notificación posterior y auditorías. La lógica es clara: permitir que la actividad se realice y verificar después su legalidad. Sin embargo, este cambio solo será eficaz si las auditorías cuentan con personal especializado, acceso a información financiera y capacidad para actuar ante incumplimientos. Si la supervisión es lenta o meramente formal, la medida puede generar opacidad en vez de confianza.
El plazo de siete días es importante porque establece una obligación concreta, pero no resuelve por sí solo la incertidumbre de los bancos extranjeros. Las entidades financieras internacionales no evalúan únicamente la legislación cubana; también consideran el riesgo de sanciones estadounidenses, las reglas de prevención del lavado de dinero y la posibilidad de que una transacción sea bloqueada por su vínculo directo o indirecto con instituciones estatales. La apertura normativa puede ser, por tanto, más rápida que la respuesta del sistema financiero internacional.
Este es el primer gran límite de la reforma: una autorización cubana no garantiza acceso efectivo a la banca global. El régimen puede eliminar un obstáculo doméstico, pero no controla las decisiones de bancos corresponsales, aseguradoras, navieras ni proveedores extranjeros. El propio ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, reconoció que todavía no es posible cuantificar los efectos y mencionó un “componente de presión externa” que las autoridades no pueden ignorar.
Tres reformas en una: inversión, empresa privada y turismo buscan la misma divisa
La contratación directa y las cuentas en el exterior deben leerse junto con las otras medidas anunciadas. La autorización de empresas privadas con más de 100 empleados modifica el techo de crecimiento que había restringido a muchos negocios. La participación de cubanos residentes en el exterior amplía las fuentes potenciales de capital y conocimiento. La creación de cadenas comerciales permite integrar establecimientos y ganar escala. Y las agencias privadas de viajes abren una nueva vía de ingresos en un sector tradicionalmente dominado por entidades estatales.
La primera conclusión es que el Gobierno intenta pasar de una liberalización limitada de actividades a una liberalización parcial de las conexiones empresariales. Ya no se trata solo de permitir que exista una pequeña empresa, sino de facilitar que esa empresa se asocie con capital extranjero, importe, exporte y establezca alianzas con entidades públicas. La escala y la conexión internacional pasan a ser el centro de la política económica.
La segunda conclusión es menos favorable: todas estas reformas competirán por el mismo recurso escaso, la divisa. Si la economía no genera más ingresos externos, la expansión de empresas privadas y extranjeras puede intensificar la disputa por trabajadores, proveedores, transporte y financiamiento, sin aumentar proporcionalmente la producción. La apertura puede dinamizar determinados nichos, pero también producir una economía más dual, en la que los negocios con acceso a moneda extranjera operen con reglas de facto distintas a las del resto.
La tercera conclusión es que la implementación será más importante que el texto legal. En Cuba, las empresas no enfrentan únicamente restricciones formales. También deben lidiar con deficiencias de infraestructura, apagones, falta de combustible, escasez de insumos, cambios regulatorios y dificultades para repatriar beneficios. Si esos problemas permanecen, la contratación directa y la apertura de cuentas serán ventajas reales, pero insuficientes para transformar la percepción de riesgo del país.
Turismo privado: una oportunidad de diversificación con impacto territorial desigual
La autorización para que el sector privado cree agencias de viajes, desde microempresas hasta compañías de mayor tamaño, puede alterar la estructura de la oferta turística. La medida permite diseñar paquetes más flexibles y conectados con experiencias de naturaleza, patrimonio y comunidades locales. Viñales, Trinidad y la Ciénaga de Zapata son ejemplos de destinos que ya cuentan con demanda asociada al paisaje, la historia y el turismo comunitario.
El atractivo principal para los emprendedores no será competir directamente con los grandes hoteles, sino organizar servicios alrededor de ellos: transporte, excursiones, guías, alojamiento no estatal, gastronomía y actividades culturales. Esto puede distribuir una mayor parte del gasto turístico hacia pequeñas localidades y generar empleos donde la economía formal tiene menos alternativas.
Los incentivos previstos para proyectos de ecoturismo son significativos: un impuesto reducido del 25% sobre los beneficios, eliminación de aranceles para importar equipamiento destinado a la inversión y exención tributaria sobre las utilidades reinvertidas. La combinación favorece a los proyectos que logren operar con una visión de mediano plazo, porque reduce el costo de reinvertir en vehículos, equipos, instalaciones y servicios.
Pero la política turística enfrenta una contradicción. El ecoturismo depende precisamente de recursos que pueden deteriorarse con un crecimiento mal gestionado. La llegada de más visitantes a áreas patrimoniales o de conservación puede aumentar la presión sobre el agua, los residuos, los caminos y los ecosistemas. Si los incentivos fiscales no se acompañan de límites de carga, estándares ambientales y mecanismos de participación comunitaria, el beneficio económico puede terminar debilitando el activo que atrae al turista.
Lo que dicen las empresas, los trabajadores y el Estado
Para los inversionistas extranjeros, el paquete mejora la previsibilidad operativa en tres puntos concretos: contratación, tesorería y comercio exterior. La digitalización de permisos para importaciones y exportaciones también puede reducir tiempos y costos administrativos. Desde esa perspectiva, el Gobierno está enviando una señal de pragmatismo: reconoce que la inversión no llegará si cada operación depende de autorizaciones sucesivas.
Los empresarios privados cubanos pueden valorar especialmente la posibilidad de asociarse con capital extranjero y operar comercio exterior de forma directa. No obstante, es probable que reclamen igualdad de condiciones. Si solo las compañías extranjeras o mixtas acceden con facilidad a cuentas externas, trabajadores especializados e importaciones, la apertura podría beneficiar a un grupo reducido sin construir un ecosistema privado integrado.
Los trabajadores reciben una oportunidad y, al mismo tiempo, una fuente de incertidumbre. La remuneración en moneda extranjera puede proteger parcialmente el poder adquisitivo, pero también puede ampliar las diferencias entre sectores. Además, será relevante saber cómo se resolverán los conflictos laborales, qué autoridad supervisará los contratos directos y qué garantías existirán frente a despidos, incumplimientos salariales o prácticas discriminatorias.
El Estado, por su parte, busca atraer actividad sin renunciar al control político y regulatorio. El desplazamiento de la autorización previa hacia la auditoría posterior indica una voluntad de descongestionar la administración, pero también exige una burocracia más profesional. La supervisión de cuentas internacionales, contratos, impuestos, comercio y medio ambiente requerirá capacidades que no se construyen mediante un decreto.
El riesgo de una reforma correcta que no logre cambiar las expectativas
La crisis económica cubana se prolonga desde hace seis años y combina restricciones externas con limitaciones internas de financiamiento, oferta y productividad. En ese contexto, es razonable esperar efectos positivos en proyectos concretos, pero arriesgado anticipar una recuperación amplia y rápida. El propio Gobierno ha evitado cuantificar el impacto inmediato, una cautela que refleja la distancia entre aprobar una norma y conseguir inversión efectiva.
El primer riesgo es financiero: que las empresas puedan abrir cuentas, pero no encuentren bancos dispuestos a trabajar con ellas o enfrenten bloqueos de pagos. El segundo es laboral: que la contratación directa atraiga a los mejores profesionales hacia un número limitado de empresas, debilitando hospitales, universidades, industrias y negocios nacionales. El tercero es regulatorio: que la falta de criterios uniformes en las auditorías reintroduzca incertidumbre por otra vía.
Existe también un riesgo de concentración. Las compañías con mayor acceso a capital externo podrían dominar las cadenas comerciales, el turismo y la importación de determinados bienes. Sin políticas de competencia y transparencia, la expansión empresarial no necesariamente se traducirá en precios más bajos ni en una oferta más amplia para los consumidores.
Durante los próximos meses, tres indicadores permitirán medir si el paquete supera la fase declarativa. El primero será el número de nuevas empresas mixtas, privadas y extranjeras que efectivamente comiencen operaciones. El segundo, la evolución de los contratos laborales con remuneración en moneda extranjera y su impacto sobre la retención de profesionales. El tercero, la capacidad de las agencias privadas de viajes y de los proyectos de ecoturismo para generar ingresos fuera de los polos turísticos tradicionales.
Si las autoridades aplican las reglas con rapidez, publican criterios de auditoría claros y garantizan que las empresas privadas compitan en condiciones razonablemente equilibradas, Cuba podría avanzar hacia un modelo más descentralizado y conectado con los mercados internacionales. Si la apertura queda atrapada entre sanciones, falta de infraestructura y controles imprevisibles, el resultado será más modesto: algunas operaciones eficientes, nuevos nichos de divisas y una mayor desigualdad entre quienes están integrados al exterior y quienes permanecen dentro de la economía de escasez.
El Decreto-Ley 128 abre una puerta que llevaba décadas estrechamente vigilada. La cuestión decisiva ya no es si Cuba permite contratar directamente o manejar cuentas fuera de la isla, sino si puede convertir esa flexibilidad en confianza, inversión productiva y empleos sostenibles. Esa transformación dependerá tanto de la presión externa como de la capacidad interna para sostener reglas estables, instituciones eficaces y resultados visibles.
