El principal cambio en la violencia entre pares no reside únicamente en la aparición de nuevas plataformas, sino en la desaparición práctica de la frontera que antes separaba la escuela del hogar. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advierte que el bullying y el ciberbullying operan hoy como un fenómeno híbrido: una agresión que comienza en un aula puede prolongarse por WhatsApp, redes sociales o videojuegos, llegar al dormitorio de un niño y reaparecer al día siguiente en el mismo grupo escolar. Esa continuidad modifica la dimensión del problema. Ya no se trata sólo de proteger la convivencia dentro de una institución educativa, sino de responder a una exposición potencialmente permanente.
La advertencia adquiere peso en un contexto de cifras elevadas, aunque metodológicamente distintas. Las Pruebas Aprender 2023, que incluyeron a 614.817 estudiantes de sexto grado de 19.272 escuelas, registraron que el 63% reportó al menos una situación de agresión o violencia durante el año. La Encuesta Rápida de UNICEF Argentina mostró, entre adolescentes de 13 a 17 años, que quienes dijeron haber sufrido acoso en su entorno pasaron del 25% al 41% entre 2024 y 2025. La SAP aclara correctamente que los datos no son comparables de forma directa: miden poblaciones, períodos y definiciones diferentes. Sin embargo, convergen en una señal difícil de relativizar: la violencia entre pares no es una anomalía marginal ni un conflicto limitado a casos aislados.
El teléfono convirtió el tiempo libre en una extensión del conflicto
Durante años, el regreso a casa podía funcionar como una interrupción física del hostigamiento. No resolvía el problema, pero ofrecía horas de distancia respecto del agresor, del grupo y de los espacios donde se producía la humillación. Esa pausa se ha debilitado. El celular reúne conversación, entretenimiento, pertenencia grupal, información escolar y exposición pública; por eso, pedir a un adolescente que simplemente “apague el teléfono” puede equivaler a pedirle que se desconecte también de sus amistades, tareas, equipos o actividades cotidianas. La recomendación puede ser útil en momentos puntuales de crisis, pero no constituye una política de prevención ni una solución estructural.
La primera consecuencia de esta mutación es sanitaria. La SAP vincula el acoso sostenido con cansancio, dolores de cabeza, dolor abdominal, vómitos, alteraciones del sueño y de la alimentación, ansiedad, descenso del rendimiento y pérdida de interés por actividades habituales. En situaciones graves, pueden aparecer aislamiento, depresión, ideaciones de muerte e intentos de suicidio. No toda cefalea o baja escolar expresa una situación de bullying, pero la acumulación de señales exige una escucha clínica y familiar más cuidadosa. Cuando el estrés se instala sin un horario claro de inicio y fin, el cuerpo suele convertirse en una de las primeras vías para expresar lo que el niño o adolescente no logra contar.
Hay un dato que ayuda a entender esa dificultad para pedir ayuda. Una encuesta del Programa Convivencia Respetuosa entre Pares del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, difundida en noviembre de 2024, indicó que el 66,2% de 1.380 adolescentes de 12 a 18 años había sido víctima de bullying o conocía a alguien que lo sufrió. El 77,2% de los episodios se ubicaba en el ámbito escolar y el 33,8% en redes sociales; las categorías pueden coexistir porque una misma secuencia se desplaza de un espacio al otro. Más revelador aún resulta que el 24,4% de quienes eran víctimas respondiera que no hablaba con nadie. El silencio no es un detalle estadístico: es una barrera operativa que retrasa la intervención y permite que la dinámica se consolide.
La escala digital altera la relación entre daño, audiencia y permanencia
El ciberbullying no debe analizarse como una versión virtual, y por lo tanto menor, del acoso presencial. Sus mecanismos agregan tres factores que agravan el daño: velocidad de circulación, amplitud de audiencia y persistencia del contenido. Un insulto dicho en un recreo puede ser escuchado por un grupo delimitado; una imagen manipulada, un meme humillante, una votación denigrante o una suplantación de identidad pueden ser reenviados a cientos de personas en minutos. Incluso si se elimina la publicación original, las capturas de pantalla y las copias multiplican la dificultad de reparar el perjuicio.
La lista de conductas identificadas por la SAP refleja esa complejidad: mensajes de odio, burlas, acecho, perfiles falsos, exclusión de grupos, difusión no consentida de información privada, manipulación de fotos y videos, entre otras. No son expresiones equivalentes ni requieren idéntica respuesta. Un comentario cruel aislado puede demandar una intervención educativa inmediata; una campaña organizada de humillación, la difusión de material íntimo o una amenaza pueden requerir además resguardo de evidencias, reportes a las plataformas, comunicación institucional y, según el caso, asesoramiento especializado. Tratar todas las situaciones bajo la categoría vaga de “problemas de chicos” impide medir la gravedad y elegir mecanismos de protección proporcionales.
La inteligencia artificial añade un riesgo específico porque reduce el costo técnico de fabricar evidencia falsa o contenido degradante. Una fotografía alterada, una voz clonada o un video manipulado pueden ser verosímiles para compañeros, familias e incluso adultos que no conocen las herramientas utilizadas. El desafío no consiste sólo en detectar archivos sintéticos: consiste en evitar que la duda sobre la autenticidad se convierta en una nueva forma de desprotección. Para quien es atacado, el impacto social puede ser real aunque la imagen sea falsa. La pregunta decisiva no es únicamente si el archivo ocurrió tal como se presenta, sino qué daño produjo su circulación y quiénes contribuyeron a expandirlo.
El error de reducir el problema a dos estudiantes
La definición de bullying requiere intención de dañar, repetición en el tiempo y desequilibrio de poder. Esa precisión es relevante para no etiquetar como acoso cualquier discusión, pelea o conflicto ocasional entre compañeros. Pero la distinción no debe utilizarse como excusa para ignorar una agresión aislada. Toda violencia entre pares requiere intervención adulta, especialmente porque puede anticipar una escalada. La SAP advierte, además, que no existe un perfil único de quien hostiga: puede tratarse de estudiantes con conductas problemáticas visibles, pero también de alumnos integrados, populares o con buen desempeño académico. Esa constatación cuestiona la comodidad de buscar un “culpable típico”.
El bullying es una dinámica grupal. Quien agrede puede obtener estatus, atención, miedo o aprobación; quien observa puede reforzarla con risas, silencios, reenvíos o simples reacciones digitales; la institución puede permitir su continuidad si tarda en actuar o si trata el hecho como una disputa simétrica. La víctima, por su parte, puede quedar atrapada por la expectativa de que debe defenderse sola, responder con violencia o demostrar fortaleza. Esa lógica es especialmente dañina porque traslada al niño la responsabilidad de detener una relación marcada precisamente por una desigualdad de poder.
La segunda conclusión que surge del documento es que el espectador digital debe ser considerado parte central de la prevención. En las plataformas, una persona no necesita redactar un insulto para participar en el daño: alcanza con compartir, comentar, votar, conservar en circulación o mirar sin intervenir cuando existe una relación de cercanía. La educación digital suele concentrarse en evitar que los chicos publiquen información privada, pero debería incluir una noción más exigente de corresponsabilidad. El reenvío no es neutral cuando prolonga una humillación; el silencio tampoco es siempre inocuo cuando deja aislada a la persona atacada.
Familias, escuelas y salud: responsabilidades que no pueden reemplazarse
Las familias suelen recibir el problema de manera tardía, a través de síntomas físicos, cambios de ánimo, evasión escolar o revisiones compulsivas del teléfono. Su margen de acción es relevante, pero limitado si la respuesta se reduce a controlar dispositivos o prohibir aplicaciones. Una vigilancia invasiva puede llevar a que adolescentes oculten más sus conversaciones, mientras que una prohibición general puede aislarlos de redes donde también encuentran pertenencia y apoyo. La tarea más útil empieza por construir un canal de escucha sin castigo ni ridiculización, registrar lo sucedido y evitar reacciones impulsivas que expongan todavía más a la víctima.
La escuela, en cambio, tiene una responsabilidad institucional que no se agota en sancionar a quien agrede. Debe investigar con rapidez, proteger a la persona afectada durante el proceso, trabajar con el grupo y comunicar criterios claros a las familias. Existe una tensión frecuente: algunos adultos reclaman respuestas punitivas inmediatas y expulsiones, mientras otros temen que las sanciones sin acompañamiento educativo sólo desplacen el problema. Ambas preocupaciones tienen fundamento. La impunidad destruye la confianza en la institución; una medida exclusivamente disciplinaria puede no modificar las condiciones grupales que hicieron posible el hostigamiento. La respuesta debe combinar límites, reparación, seguimiento y prevención de represalias.
Los equipos de salud ocupan un lugar cada vez más estratégico porque pueden detectar señales antes de que exista un relato explícito. Un pediatra, un médico de cabecera o un profesional de salud mental no reemplaza a la escuela, pero puede preguntar por vínculos, uso de redes, sueño, asistencia y cambios en la rutina cuando aparecen síntomas recurrentes. Esa intervención requiere prudencia: patologizar toda tensión adolescente sería un error, pero atribuir de forma automática el malestar a una etapa normal también lo es. La consulta médica puede transformarse en una puerta de entrada para activar una red de adultos cuando el niño no encuentra otra forma de pedir ayuda.
Cambiar de escuela puede proteger, pero no corrige el mecanismo
La SAP desaconseja presentar el cambio de escuela como una solución automática. En algunos casos, una separación urgente del entorno puede ser necesaria para resguardar la integridad de la víctima. Sin embargo, convertirla en la única salida contiene una injusticia evidente: la persona hostigada abandona su espacio, sus amistades y su rutina, mientras la dinámica grupal puede sobrevivir intacta y alcanzar a otro estudiante. También puede transmitir el mensaje de que denunciar tiene como consecuencia perder el lugar propio. La decisión debe evaluarse según el riesgo concreto, la capacidad de respuesta institucional y el deseo del niño o adolescente, no como reflejo administrativo.
Esta discusión revela una falla más amplia en muchas estrategias escolares: se actúa cuando el caso ya es visible, pero se invierte poco en detectar las condiciones previas. Los grupos donde la exclusión se vuelve una forma de pertenencia, donde ciertos apodos se naturalizan o donde los adultos aparecen sólo después de una crisis ofrecen terreno fértil para el acoso. La prevención efectiva no depende de una campaña anual ni de un protocolo archivado. Requiere tiempos de escucha, reglas conocidas, adultos identificables, canales de denuncia confiables y seguimiento de los acuerdos. La campaña de la SAP, prevista entre el 7 y el 12 de septiembre, puede ampliar la conversación pública; su efecto dependerá de que las instituciones traduzcan esa visibilidad en rutinas sostenidas.
La próxima disputa será por la capacidad de intervención, no por el diagnóstico
La evidencia disponible sugiere que el desafío futuro no será convencer a la sociedad de que el ciberbullying existe, sino crear capacidad real para actuar a tiempo. A medida que las plataformas integren mensajería efímera, comunidades de videojuegos, contenidos generados por inteligencia artificial y nuevas formas de interacción privada, las escuelas tendrán menos visibilidad directa sobre episodios que, sin embargo, repercuten en la convivencia cotidiana. Las familias tampoco podrán resolver el problema solas desde el hogar. El modelo basado en compartimentos separados —la escuela se ocupa del aula y el hogar de la pantalla— ya no corresponde con la experiencia real de niños y adolescentes.
El riesgo más inmediato es que la multiplicación de canales produzca fatiga institucional: demasiados mensajes, pruebas fragmentadas, versiones enfrentadas y temor a intervenir de manera incorrecta. Esa fatiga puede conducir a respuestas tardías o burocráticas. El riesgo opuesto es la sobrerreacción, con controles indiscriminados sobre teléfonos, exposición pública de los involucrados o sanciones que vulneren la privacidad y agraven el conflicto. Entre la pasividad y el castigo automático existe un trabajo más exigente: documentar, contener, evaluar la gravedad, impedir represalias y reconstruir vínculos sin negar el daño.
La transformación de fondo consiste en reconocer que la seguridad escolar ya no termina en la puerta de la escuela. La salud, el aprendizaje y la pertenencia social de un estudiante pueden verse afectados por una cadena de agresiones que circula a cualquier hora y atraviesa múltiples espacios. La respuesta más sólida será la que preserve la dignidad de la víctima, responsabilice a quien agrede, movilice al grupo de pares y obligue a los adultos a coordinarse. Cuando el hostigamiento se vuelve continuo, la protección también debe serlo.
