La reciente crisis de César Sena y la orden judicial de una nueva evaluación psiquiátrica el 7 de julio exponen un problema estructural: tres años después del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la Justicia argentina carece aún de un diagnóstico clínico preciso sobre el condenado. Los documentos oficiales y testimonios recabados muestran que Sena recibe atención psicológica en el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán, ha sido derivado varias veces al Hospital Perrando y sigue tratamiento farmacológico, aunque en más de una ocasión lo abandonó por decisión propia. El certificado del psicólogo penitenciario que solicitó atención urgente el 17 de junio menciona un cuadro de psicosis sin que se trate de un diagnóstico definitivo.
Durante el juicio de noviembre de 2025, su madre Marcela Acuña declaró que antes del crimen Sena estaba bajo tratamiento psiquiátrico y que ella ocultó la información incluso a Emerenciano Sena, refiriendo que la psiquiatra había señalado una “alarma roja”. Testimonios de personas cercanas indican un deterioro progresivo: de conversaciones fluidas en los primeros meses de detención a silencios prolongados, respuestas inconexas, autolesiones, menciones a familiares fallecidos y alteraciones del sueño. La medicación actual genera preocupación por sedación excesiva, según quienes comparten el pabellón con él.
Impacto en el sistema penitenciario y judicial
El caso revela cómo la ausencia de diagnósticos oportunos complica tanto la ejecución penal como la protección de derechos. En Chaco, donde más de 3.000 personas están alojadas en cárceles y comisarías, el Comité para la Prevención de la Tortura realizó una inspección interdisciplinaria esta semana y concluyó que Sena se encontraba “controlado”. Sin embargo, esa valoración contrasta con la decisión de la jueza Dolly Fernández de ordenar una junta médica especializada. La falta de integración entre el Servicio Penitenciario y los hospitales públicos genera demoras que afectan la continuidad del tratamiento y aumentan el riesgo de crisis recurrentes.
Un primer análisis muestra que los sistemas penitenciarios de provincias con alta carga de causas por violencia de género enfrentan una tensión permanente: equilibrar la seguridad interna con la atención de salud mental. Cuando los internos presentan cuadros que no reciben diagnóstico preciso, las decisiones sobre régimen de visitas, traslados y medidas de contención se toman con información incompleta, lo que puede derivar en incidentes evitables.
Perspectivas de los actores involucrados
El entorno familiar de los Sena sostiene que la atención recibida exclusivamente por el Servicio Penitenciario resulta insuficiente y reclama evaluaciones externas. Marcela Acuña, en una carta manuscrita, insistió en que su hijo necesita atención especializada y que “es necesario que se sepa lo que hicieron y hacen con César”. Emerenciano Sena, que comparte pabellón con él, ha manifestado preocupación por el estado de sedación que observa. Desde la Justicia, la orden de interconsulta busca resolver la incógnita central que persiste desde el juicio: establecer un diagnóstico actualizado y definir si corresponde internación o ajuste farmacológico.
El Comité para la Prevención de la Tortura representa una tercera mirada institucional que prioriza el monitoreo de condiciones de detención. Su conclusión de que Sena se encuentra controlado introduce un elemento de controversia: mientras la familia reclama mayor intervención, el organismo de control considera que las condiciones actuales no configuran una situación de riesgo inmediato. Esta divergencia refleja la dificultad de armonizar criterios clínicos con estándares de derechos humanos en contextos de privación de libertad.
Tres dimensiones estructurales que el caso pone en evidencia
La primera dimensión es la fragmentación de la información clínica. Aunque Sena ha sido evaluado en reiteradas oportunidades, ningún diagnóstico médico ha sido incorporado formalmente al expediente judicial. Esta brecha impide que las decisiones sobre régimen penitenciario se ajusten a un cuadro clínico verificado y genera que tanto la defensa como la acusación operen con datos parciales. La segunda dimensión es el rol de la medicación sin seguimiento adecuado. El abandono voluntario del tratamiento y la percepción de sedación excesiva sugieren que los protocolos de control farmacológico en el penal son insuficientes para garantizar adherencia y ajuste de dosis. La tercera dimensión es la ausencia de equipos interdisciplinarios permanentes dentro de los penales de mediana complejidad, lo que obliga a derivaciones puntuales que no siempre resuelven la continuidad asistencial.
Riesgos futuros y tendencias probables
Si la junta del 7 de julio confirma un cuadro de psicosis grave sin que se implementen mecanismos de seguimiento continuo, existe el riesgo de que nuevas crisis generen intervenciones de emergencia que saturen los servicios de salud mental del Hospital Perrando. En términos más amplios, el caso puede acelerar la discusión sobre la creación de unidades psiquiátricas penitenciarias especializadas en provincias del noreste argentino, un modelo que ya se discute en otras jurisdicciones pero que enfrenta resistencias presupuestarias. Otro riesgo es que la falta de diagnóstico oportuno se convierta en argumento recurrente en apelaciones o pedidos de revisión de condena, dilatando la resolución definitiva del proceso.
A mediano plazo, es previsible que organismos de derechos humanos intensifiquen sus pedidos de auditorías sobre atención de salud mental en contextos de encierro. La experiencia de Chaco podría servir como precedente para que otras provincias revisen sus protocolos de derivación y establezcan plazos máximos entre la detección de un cuadro y la realización de evaluaciones especializadas. Sin embargo, cualquier reforma requerirá superar la histórica escasez de psiquiatras dispuestos a trabajar en el sistema penitenciario, un obstáculo que trasciende el caso particular y afecta la calidad de las respuestas institucionales.
El resultado de la evaluación del 7 de julio no solo definirá el tratamiento inmediato de César Sena, sino que marcará un punto de referencia sobre cómo el sistema judicial argentino gestiona la intersección entre salud mental y privación de libertad en causas de alta visibilidad.
