El 26 de junio de 2025, autoridades de Ciudad Juárez hallaron 386 cadáveres apilados dentro del Crematorio Plenitud, en la colonia Granjas Polo Gamboa. Algunos permanecían dentro de las bolsas plásticas entregadas por funerarias; otros llevaban varios años acumulados. El hallazgo reveló que decenas de familias habían recibido urnas con tierra en lugar de cenizas de sus seres queridos.
El caso expuso fallas graves en la supervisión sanitaria y en los controles del Ministerio Público. El crematorio operaba sin las revisiones periódicas exigidas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris). Un año después, 135 cuerpos siguen sin identificar y el propietario, José Luis A. C., permanece prófugo.
Cronología de los hechos
Tras el aseguramiento de los cuerpos por el Servicio Médico Forense, se inició una investigación que involucró inicialmente a los dueños del crematorio y a funcionarios de Coespris. Las familias comenzaron a acudir a la Fiscalía General del Estado zona Norte con las urnas recibidas, preguntando si las cenizas correspondían realmente a sus difuntos. En paralelo, 157 demandas por fraude fueron presentadas.
El encargado del crematorio, Facundo Teófilo M. R., falleció en prisión en noviembre de 2025 por causas naturales. El propietario fue liberado por un juez federal en enero pasado y, según las autoridades, se encuentra en Estados Unidos. Hasta la fecha no se ha emitido la ficha roja de Interpol que permita su localización y extradición.
Organización de las familias
La lentitud en la identificación de los restos llevó a las familias a formar el colectivo Justicia para Nuestros Deudos. Su vocera, Dora Elena Delgado Barraza, ha señalado que las autoridades “simulan la justicia” al limitarse a ofrecer cifras de cuerpos identificados sin avanzar en sanciones contra las funerarias ni contra los funcionarios responsables de la supervisión.
Según el colectivo, las propias familias identificaron funerarias involucradas y detectaron irregularidades, como la autorización de cremaciones de personas fallecidas por violencia pese a existir investigaciones abiertas. Un documento oficial indica que la funcionaria Maribel Próspero Cobos dejó de revisar el crematorio desde marzo de 2022.
Respuesta institucional
La Fiscalía General del Estado informa que continúa recabando documentación para solicitar la ficha roja contra José Luis A. C. Hasta ahora se han individualizado 251 cuerpos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) ha proporcionado apoyo psicológico y acompañamiento a las familias durante los procesos de identificación y entrega de restos.
El coordinador de Servicios Periciales en la zona norte, Héctor Jácome, explicó que se ha convocado a quienes contrataron servicios de cremación con las funerarias Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latino Americana, Paraíso y Camino al Cielo entre marzo de 2022 y junio de 2025 para realizar pruebas genéticas.
Perspectivas a un año del caso
El próximo 27 de junio, el colectivo realizará una marcha desde la funeraria Latinoamericana hasta las oficinas de la Fiscalía en Ciudad Juárez. Las familias exigen que se penalice a las funerarias que siguen operando, algunas bajo nuevo nombre, y que se aclare por qué el crematorio pudo funcionar durante años sin controles sanitarios efectivos.
El caso evidencia deficiencias estructurales en la cadena de supervisión de servicios funerarios en Chihuahua. La ausencia de sanciones concretas contra las empresas involucradas y la falta de avances en la captura del principal responsable mantienen abierto un capítulo de impunidad que afecta a más de mil quinientas familias.
