El Tribunal de Instancia de Córdoba celebra este martes el vigésimo aniversario de su sección de Violencia sobre la Mujer. Los datos oficiales reflejan un salto significativo: de 638 víctimas atendidas en 2007 a 1.531 en 2025. El presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Pareja, subraya que este incremento no indica más agresiones, sino una mayor visibilidad del problema gracias a la concienciación social y la simplificación de los mecanismos de denuncia.
La creación del juzgado especializado en 2006 y la posterior puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 6 en 2017 han permitido contar con equipos psicosociales, forenses y médicos que elaboran informes exhaustivos. Estos recursos técnicos ofrecen al juez elementos de valoración más sólidos que los disponibles en juzgados ordinarios, reduciendo la dependencia exclusiva de testimonios y pruebas tradicionales.
La ampliación de competencias aprobada en octubre pasado, que incorpora agresiones sexuales y trata de seres humanos independientemente del vínculo entre víctima y agresor, ha multiplicado la complejidad de los asuntos. Cada caso de trata puede implicar decenas de personas y derivar en macrocausas que exigen meses de instrucción. Esta carga adicional explica por qué, pese a la incorporación de una segunda jueza, la congestión del órgano se mantiene prácticamente idéntica.
Impacto en el sistema judicial y en las víctimas
La especialización ha mejorado la calidad de las resoluciones, pero también ha generado una brecha de recursos entre territorios. En Málaga o Sevilla las guardias duran 72 horas y cuentan con más plazas; en Córdoba siguen siendo semanales, lo que somete a jueces, letrados y funcionarios a periodos prolongados de disponibilidad sin descanso adecuado. El complemento salarial percibido resulta insuficiente para compensar el desgaste físico y emocional que supone atender de forma continua órdenes de protección y medidas cautelares.
Desde la perspectiva de las víctimas, la existencia de equipos multidisciplinares reduce el número de declaraciones y reconocimientos médicos que deben soportar. Sin embargo, la saturación de los juzgados alarga los tiempos de respuesta en asuntos que requieren intervención inmediata, especialmente cuando la víctima reside en partidos judiciales periféricos ahora integrados en la jurisdicción cordobesa.
Tres tensiones estructurales que el sistema debe resolver
La primera tensión radica en el equilibrio entre especialización y capacidad operativa. La experiencia de Córdoba demuestra que añadir competencias sin dotación proporcional de plazas judiciales traslada la sobrecarga a los mismos profesionales que ya atendían violencia de género. El resultado es un modelo que mejora teóricamente la respuesta pero que, en la práctica, erosiona la sostenibilidad del personal.
La segunda tensión aparece entre centralización y proximidad. La comarcalización impulsada por el CGPJ, que prevé crear una sección en Lucena y redistribuir los partidos judiciales, responde a la crítica histórica del Colegio de Abogados de Lucena. No obstante, esta reorganización puede fragmentar el conocimiento acumulado en la capital si no se establecen protocolos claros de coordinación entre secciones.
La tercera tensión afecta a la formación continua. Los delitos de trata y agresiones sexuales exigen conocimientos específicos que no siempre forman parte del currículo habitual de los jueces destinados a violencia de género. Sin un plan de actualización permanente, el beneficio de la especialización puede diluirse con el tiempo.
Perspectivas de los distintos actores
Los operadores judiciales defienden que la especialización ha elevado el estándar probatorio y reducido la revictimización. Los colegios de abogados, por su parte, insisten en que la comarcalización anterior generaba desplazamientos excesivos para las víctimas y dificultaba el seguimiento de los procedimientos. Las asociaciones de mujeres destacan que el aumento de denuncias refleja confianza en el sistema, pero advierten de que los retrasos en la adopción de medidas cautelares siguen poniendo en riesgo a algunas denunciantes.
El propio presidente de la Audiencia reconoce que Córdoba necesitaría al menos una plaza judicial adicional para implantar guardias de 72 horas similares a las de otras capitales. Esta reivindicación coincide con la posición del CGPJ, que ha respaldado la nueva comarcalización como fórmula para aliviar la presión sobre el Tribunal de Instancia.
Escenarios futuros y riesgos identificados
Si la comarcalización se completa a finales de este año o principios del próximo, el volumen de asuntos por juzgado podría estabilizarse. Sin embargo, persiste el riesgo de que la ampliación de competencias a delitos de trata siga generando macrocausas que desborden la capacidad de los equipos psicosociales actuales. La falta de plazas suficientes podría traducirse en mayor rotación de personal y pérdida de experiencia acumulada.
Otro riesgo deriva de la posible fragmentación interpretativa entre las futuras secciones de Córdoba y Lucena. Sin mecanismos de unificación de criterios, podría aumentar la disparidad en la aplicación de medidas de protección según el territorio. Finalmente, la sobrecarga continuada de los funcionarios de guardia semanal eleva la probabilidad de errores procesales o de agotamiento profesional que, a medio plazo, podría afectar la calidad de las resoluciones.
La evolución de los próximos años dependerá de si la dotación de recursos acompaña realmente a la especialización o si esta se mantiene como un principio formal sin respaldo material suficiente. Los datos de Córdoba ofrecen una radiografía útil para otras provincias que enfrentan procesos similares de ampliación competencial.
