Un centenar de personas se concentró este domingo en Córdoba para reclamar que los ayuntamientos cumplan la ley de bienestar animal y asuman una gestión estable de las colonias felinas. La movilización, convocada por la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (Fapac) junto a otras acciones celebradas en distintos puntos de España, puso el foco en una idea central: el control de los gatos comunitarios no puede depender de intervenciones puntuales, sino de programas continuados, coordinados y sometidos a seguimiento.
La organización situó a Córdoba como un ejemplo de ese enfoque. En los últimos cinco años, el programa CER —captura, esterilización y retorno— ha permitido intervenir sobre unos 7.200 gatos, principalmente en el núcleo urbano. Más de un centenar de colonias están completamente controladas y, según los datos difundidos por Fapac, el conjunto de las colonias presenta un nivel de control de al menos el 85 por ciento.
La cifra no está solo en las capturas, sino en la continuidad
Lola Alcalde, integrante de Fapac y coordinadora del programa CER junto a Mercedes Vara, defendió durante la concentración que el método funciona únicamente cuando se aplica con intensidad y durante años. “No puede reducirse a actuaciones aisladas durante unos meses”, señaló. La advertencia es relevante porque una campaña limitada puede producir una reducción temporal de animales, pero no impide que las colonias vuelvan a crecer si quedan hembras sin esterilizar o si siguen llegando nuevos ejemplares.
El modelo aplicado en Córdoba parte de una regla operativa amplia: se captura y esteriliza todo animal que entra en la jaula, incluidas hembras, machos, cachorros y gatas gestantes. La intervención se completa con atención veterinaria para tratar atropellos, heridas, traumatismos y otros problemas de salud. De esta forma, el CER no se limita a frenar la reproducción, sino que incorpora una respuesta sanitaria básica para animales que, de otro modo, quedarían fuera de los circuitos ordinarios de protección.
Cuando el descenso de animales se convierte en un indicador
Los resultados empiezan a apreciarse en la evolución de algunas colonias. Fapac cita el caso del Rectorado de la Universidad de Córdoba, donde se pasó de 102 gatos a 23 después de cinco años de trabajo. El dato no representa una eliminación inmediata de la colonia, sino una reducción progresiva de la población mediante el control de los nacimientos y el seguimiento de los animales que permanecen en el entorno.
Ese matiz define la dimensión ética del programa. El objetivo no es retirar de forma indiscriminada a los gatos comunitarios, sino impedir que la población continúe creciendo hasta generar situaciones de abandono, enfermedad o conflicto. Con menos animales también tienden a disminuir las peleas, los marcajes de orina y los maullidos relacionados con el celo, molestias que suelen alimentar el rechazo vecinal y complicar la convivencia.
La gestión incluye además una tarea menos visible, pero decisiva: evitar que queden restos de comida en la vía pública. Las cuidadoras organizan los puntos de alimentación y procuran mantenerlos limpios para reducir problemas higiénicos y no atraer a otros animales. La eficacia del sistema depende, por tanto, tanto de la esterilización como de la disciplina cotidiana con la que se mantiene cada colonia.
Una red voluntaria con funciones reguladas
El programa se apoya en una red de voluntarias, en su mayoría cuidadoras de colonias. No se trata únicamente de personas que alimentan a los gatos: están registradas, reciben formación y disponen de una acreditación que delimita las colonias en las que pueden actuar. Esta estructura permite ordenar la intervención, identificar responsables y mejorar la comunicación entre las protectoras, los servicios municipales y los profesionales veterinarios.
La formalización de estas tareas también responde a una dificultad habitual: cuando la gestión carece de responsables reconocibles, resulta complicado saber cuántos animales hay, qué ejemplares han sido esterilizados o dónde se producen nuevas incorporaciones. El registro y la formación convierten una actividad tradicionalmente informal en un sistema con mayor capacidad de evaluación. La colonia deja de ser un fenómeno invisible y pasa a contar con una evolución que puede medirse.
El coste plantea un debate sobre las prioridades municipales
Fapac sostiene que el modelo tiene un coste aproximado de 67 céntimos al año por vecino de Córdoba. La cifra, presentada por la federación como una de las fortalezas del programa, no pretende reducir el debate a una cuestión económica, pero sí mostrar que la prevención puede resultar más eficiente que responder de manera fragmentaria a los conflictos que aparecen cuando las colonias crecen sin control.
El cálculo debe leerse junto a la continuidad presupuestaria que exige el CER. Las esterilizaciones, la atención veterinaria, el material de captura, la identificación de animales y la coordinación de voluntariado requieren recursos mantenidos en el tiempo. Un programa barato en términos individuales puede fracasar si la financiación se interrumpe o si se concentra solo en los meses de mayor presión social. La clave no es únicamente cuánto cuesta, sino si el gasto permite sostener el seguimiento necesario.
La periferia será la prueba decisiva
Con buena parte del núcleo urbano ya gestionada, el siguiente desafío se encuentra fuera de las zonas más visibles. Fapac señala especialmente la periferia y los polígonos industriales de Las Quemadas y La Torrecilla, espacios donde la dispersión, el tránsito de vehículos y la menor presencia vecinal pueden dificultar la localización de colonias y el control de los animales.
La expansión del programa hacia esos puntos determinará si el modelo cordobés puede consolidarse como referencia provincial e internacional. La experiencia acumulada ofrece cifras alentadoras, pero también deja una lección: controlar una colonia no significa dar por terminado el trabajo. La reproducción, los abandonos y los desplazamientos pueden reabrir el problema. Por eso, la reivindicación de las protectoras no se limita a reclamar más capturas, sino una política pública estable que convierta la gestión felina en una responsabilidad municipal permanente.
