La Dirección General de Tráfico ha actualizado el mapa de radares de Córdoba para el verano de 2026, situando la cifra total en 45 equipos tras la retirada del cinemómetro fijo ubicado en el kilómetro 415,2 de la A-4 en la Cuesta del Espino. Esta modificación representa un descenso respecto a los 46 dispositivos registrados en 2025 y refleja ajustes puntuales en la red de control de velocidad de la provincia.
El dispositivo eliminado formaba parte de un tramo especialmente vigilado en la Autovía del Sur, donde permanecen operativos tres radares fijos adicionales en los puntos kilométricos 417,5, 416 y 410. El radar del kilómetro 417,5, en particular, generó 21.792 denuncias durante el año anterior, lo que equivale a una media de 60 multas diarias y lo situó en el puesto 27 del ranking nacional de equipos más activos.
La carretera N-432 concentra el mayor número de aparatos con 14 radares, de los cuales siete son fijos y se distribuyen entre Córdoba, Cerro Muriano, Espejo, Espiel y Peñarroya. Esta vía, históricamente asociada a elevada siniestralidad, mantiene una presencia reforzada de control que contrasta con la reducción observada en la A-4. En total, la provincia cuenta con 15 radares fijos y 30 móviles, además de dos cámaras de detección de uso de cinturón de seguridad ubicadas en los kilómetros 382,2 y 360,2 de la A-4.
Efectos sobre la recaudación y el comportamiento vial
Los ingresos por sanciones de radares en Córdoba alcanzaron los 4,5 millones de euros en el último ejercicio, un incremento del 32% frente a los 3,4 millones registrados el año anterior. Este aumento se produce a pesar de la desaparición de un equipo fijo, lo que indica que la actividad de los dispositivos móviles y los restantes fijos ha compensado con creces la pérdida. Los excesos de velocidad representaron el 68% de las 81.266 denuncias impuestas en 2024, con 38.078 originadas por radares fijos y 16.914 por móviles.
La reducción de un solo radar fijo no altera de forma sustancial la capacidad de control de la DGT, pero sí modifica la percepción de los conductores habituales de la A-4. La desaparición del equipo del kilómetro 415,2 podría generar un efecto de relajación temporal en ese tramo concreto, aunque la presencia de los tres radares restantes en la misma cuesta mantiene una densidad de vigilancia elevada. Datos históricos de otras provincias muestran que la retirada puntual de un radar suele ir acompañada de un incremento en el uso de controles móviles para evitar que la siniestralidad se desplace.
Perspectivas de conductores y autoridades
Desde el punto de vista de la DGT, los sistemas automatizados siguen considerándose herramientas eficaces para mejorar el cumplimiento de las normas de velocidad y uso de cinturón. Los datos de recaudación y denuncias respaldan esta visión: la provincia registró un crecimiento sostenido de ingresos que sugiere mayor intensidad de control. Sin embargo, asociaciones de conductores argumentan que la dependencia de multas automáticas desincentiva inversiones en diseño de carreteras más seguras, como mejoras de trazado o señalización activa.
Los ayuntamientos de municipios atravesados por la N-432, como Espiel o Peñarroya, suelen valorar positivamente la presencia de radares por su contribución a la reducción de accidentes graves. En cambio, transportistas y usuarios frecuentes de la A-431 expresan que la combinación de radares fijos y móviles genera incertidumbre sobre la velocidad media real permitida en tramos largos. Esta tensión entre seguridad percibida y operatividad económica se repite en otras provincias con características similares.
Tendencias y riesgos futuros
La evolución del sistema apunta hacia una mayor integración entre radares de velocidad y cámaras de cinturón, como ya ocurre en la A-4. Es previsible que en los próximos años se amplíe el uso de equipos móviles conectados en tiempo real, permitiendo una redistribución más dinámica según índices de siniestralidad. Córdoba, con su actual proporción de 30 móviles frente a 15 fijos, se encuentra bien posicionada para este modelo flexible.
No obstante, persisten riesgos asociados a la dependencia excesiva de la recaudación por multas. Un incremento continuado del 32% anual podría alimentar percepciones de motivación económica por parte de la administración, reduciendo la legitimidad social de los controles. Además, la retirada de un radar fijo sin medidas compensatorias podría desplazar comportamientos de riesgo a tramos adyacentes, fenómeno documentado en estudios de antes y después de intervenciones similares en otras comunidades autónomas.
La combinación de datos de denuncias, ingresos y distribución territorial sugiere que Córdoba mantendrá una red de control estable en el medio plazo, con ajustes puntuales más que reducciones estructurales. La clave residirá en equilibrar la eficacia sancionadora con intervenciones de ingeniería vial que disminuyan la necesidad de vigilancia constante.
