El Gobierno de Costa Rica presentó ante el Congreso un presupuesto para 2027 de 12,4 billones de colones, equivalentes a unos 27.000 millones de dólares, con una reducción del 3,1 % frente al aprobado para 2026. El recorte llega en un contexto fiscal condicionado por una deuda pública que se mantiene por encima del 60 % del producto interno bruto (PIB) y por una estructura presupuestaria cada vez menos flexible: el 40 % de los recursos previstos estará comprometido con el pago de obligaciones financieras.
Un presupuesto menor con escaso margen de maniobra
La disminución nominal del presupuesto no implica necesariamente una reducción equivalente de las presiones sobre las finanzas públicas. Hacienda prevé que los ingresos propios aumenten apenas un 2,3 %, mientras el 37,7 % del plan de financiamiento deberá cubrirse con deuda. La combinación expone una restricción central: el Estado depende todavía de endeudamiento para atender una parte significativa de sus gastos, aunque el servicio de esa misma deuda limita la capacidad para reforzar políticas públicas.
El dato más relevante no es solo el tamaño del presupuesto, sino su composición. Si cuatro de cada diez colones quedan destinados a pagar deuda, las decisiones sobre educación, seguridad, justicia, salud e infraestructura se toman sobre una porción mucho más reducida del gasto total. En esa situación, incluso recortes moderados en ministerios estratégicos pueden tener efectos operativos mayores que los que su porcentaje nominal sugiere.
La deuda vuelve a marcar el horizonte fiscal
El proyecto anticipa que la deuda seguirá por encima del 60 % del PIB, umbral que Costa Rica supera desde 2020, salvo en 2024, cuando se ubicó en 58,9 %. Al cierre del primer semestre de 2026, ya representaba el 61,1 % del PIB. La persistencia de este nivel no significa por sí misma una crisis inmediata, pero reduce la tolerancia del país a cambios adversos en las tasas de interés, el crecimiento económico o la recaudación tributaria.
Las proyecciones oficiales contemplan un crecimiento económico del 3,4 % en 2026 y del 3,5 % en 2027. A la vez, el déficit fiscal sería del 4,62 % y del 4,38 % del PIB, respectivamente. La lectura conjunta de estas cifras muestra una mejora limitada del desequilibrio fiscal, pero no una reversión rápida de la carga financiera. Para que la deuda pierda peso de forma sostenida, el crecimiento, los ingresos y la reducción del déficit deberán evolucionar favorablemente durante varios años, sin que aumenten de manera significativa los costos de financiamiento.
Educación conserva prioridad, aunque pierde recursos nominales
El Ministerio de Educación será la institución con mayor asignación, equivalente al 4,9 % del PIB. Sin embargo, su presupuesto caerá un 0,7 % en términos nominales. Esta diferencia entre prioridad constitucional y disponibilidad efectiva ilustra la tensión del proyecto: preservar partidas relevantes no impide que el ajuste alcance su capacidad de ejecución. Si la inflación supera esa variación, la reducción real de recursos sería aún mayor.
También sufrirán recortes el Poder Judicial, con una baja del 1,9 %; el Ministerio de Seguridad, con 1,7 % menos; y el Ministerio de Justicia, con una disminución del 2,5 %. Las reducciones en seguridad y justicia adquieren relevancia por el debate público sobre el narcotráfico y la violencia. El Ejecutivo de Laura Fernández ha mantenido, al igual que la administración anterior de Rodrigo Chaves, una postura crítica hacia el Poder Judicial, al que atribuye parte de las dificultades para contener la criminalidad. El ajuste presupuestario se inserta, por tanto, en una relación institucional ya marcada por desacuerdos políticos.
Ganadores selectivos y debate legislativo
Entre las pocas entidades con incrementos presupuestarios figuran los ministerios de Hacienda, Presidencia, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y Salud. La selección sugiere que el Gobierno busca resguardar funciones vinculadas con la gestión fiscal, la coordinación política, la modernización estatal y la atención sanitaria. No obstante, el aumento para unas áreas no elimina la discusión sobre las prioridades generales de un presupuesto que reduce su monto total y depende en más de una tercera parte de recursos obtenidos mediante deuda.
Hacienda acompañó el proyecto con un llamado al Congreso para aprobar reformas destinadas a eliminar exoneraciones fiscales, combatir el contrabando, reducir el tamaño de instituciones, disminuir gastos en alquileres y pensiones de lujo, revisar transferencias a universidades públicas y municipios, y obtener financiamiento en condiciones más favorables. La aprobación del presupuesto abrirá así una discusión doble: sobre la distribución inmediata de los recursos y sobre la viabilidad política de medidas estructurales necesarias para evitar que el pago de deuda continúe desplazando el gasto público disponible.
