El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunirá el próximo 10 de septiembre en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dentro de una nueva etapa de su ronda de consultas con capitales europeas para preparar la negociación del presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. El encuentro se enmarca en una agenda que, durante esa semana, llevará al dirigente portugués a conversar con varios jefes de Gobierno de la Unión Europea sobre las prioridades, el diseño y los equilibrios políticos del próximo Marco Financiero Plurianual.
La cita con Sánchez adquiere relevancia en un momento inicial de una negociación que previsiblemente será compleja. El presupuesto de largo plazo de la UE define durante siete años el reparto de recursos entre políticas tradicionales, como la cohesión territorial y la Política Agrícola Común, y nuevas áreas de gasto vinculadas a la competitividad, la defensa, la seguridad económica y la transición industrial. Para España, que mantiene intereses directos en los fondos de cohesión y agrícolas, el debate combina la defensa de programas consolidados con la necesidad de responder a nuevas demandas estratégicas europeas.
Una ronda que busca fijar posiciones antes de la negociación formal
Costa ha convertido las visitas a las capitales en una herramienta para identificar márgenes de acuerdo antes de que las instituciones y los Estados miembros entren de lleno en la discusión presupuestaria. Hasta ahora, el expresidente del Gobierno portugués ha visitado trece países, entre ellos Hungría, Grecia y Chipre. La selección de interlocutores refleja la necesidad de acercar posiciones entre Estados con diferentes prioridades: los países que reclaman preservar las políticas tradicionales, aquellos que ponen el énfasis en el control del gasto y los que exigen una respuesta financiera europea más ambiciosa ante los desafíos geopolíticos.
La próxima secuencia de reuniones comenzará el miércoles con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Polonia es uno de los principales receptores de fondos europeos y tiene un interés destacado en el refuerzo de la seguridad y la defensa del flanco oriental. Alemania, por su parte, tiene un peso decisivo por su condición de mayor economía de la Unión y de contribuyente neto al presupuesto común. Sus posiciones sobre el volumen global de recursos, la financiación de nuevas prioridades y la disciplina presupuestaria serán determinantes para cualquier pacto final.
El jueves, Costa mantendrá contactos con el primer ministro de Malta, Robert Abela; con Pedro Sánchez; y con el primer ministro portugués, Luís Montenegro. La agenda concluirá el domingo con una reunión con el jefe del Gobierno finlandés, Petteri Orpo. La concentración de encuentros en pocos días pretende acelerar una fase política que no sustituye la negociación técnica, pero puede condicionar sus límites. En los presupuestos europeos, el acuerdo exige la unanimidad de los Estados miembros y posteriormente requiere la aprobación del Parlamento Europeo, por lo que la construcción de consensos suele comenzar mucho antes de las decisiones formales.
Competitividad, industria y seguridad en el centro del nuevo marco
Tras las primeras reuniones celebradas a finales de agosto, Costa sostuvo que este otoño será “decisivo” para avanzar hacia un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual, conocido por sus siglas en inglés como MFF. El presidente del Consejo Europeo ha señalado como pilares de la futura arquitectura presupuestaria la competitividad, la transformación industrial, la defensa, la seguridad y la resiliencia estratégica. Esas prioridades responden a una preocupación compartida en la Unión: la capacidad de Europa para sostener su base industrial, reducir dependencias externas y financiar objetivos comunes en un entorno de mayor rivalidad económica y tensión geopolítica.
La dificultad no reside únicamente en definir esas prioridades, sino en decidir cómo financiarlas. Ampliar el apoyo a sectores industriales, capacidades de defensa o tecnologías estratégicas puede requerir reasignar recursos desde programas existentes, aumentar las aportaciones nacionales o explorar nuevas fuentes de ingresos europeos. Cada una de esas opciones abre divisiones conocidas entre los socios comunitarios. Los países defensores de un presupuesto más amplio suelen advertir de que los retos transnacionales requieren instrumentos comunes; los Estados más restrictivos reclaman garantías de eficiencia, control y un reparto de cargas que consideren equilibrado.
En este contexto, la posición española puede buscar compatibilizar ambas agendas. España tiene interés en que la política de cohesión continúe reduciendo desigualdades territoriales y apoyando inversiones regionales, y en que la PAC conserve una financiación suficiente para el sector agrario. Al mismo tiempo, las prioridades de competitividad, energía, industria y seguridad ofrecen oportunidades de inversión para los Estados que aspiren a fortalecer sus capacidades tecnológicas e industriales. La negociación no será, por tanto, una elección simple entre políticas antiguas y nuevas, sino una discusión sobre la proporción de recursos, los criterios de acceso y las condiciones asociadas a cada línea de financiación.
Garantías para cohesión y agricultura
Costa ha defendido que el presupuesto para los próximos años debe reflejar “las exigencias de los tiempos difíciles que vivimos” y, por ello, tener una estructura “completamente diferente” a la de los marcos anteriores. La formulación apunta a una revisión de la organización del gasto europeo, aunque no concreta todavía qué programas se modificarán ni cuál será el volumen total de las cuentas comunitarias. El mensaje político busca transmitir que el próximo marco no puede limitarse a reproducir prioridades fijadas antes de las crisis energéticas, la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y el creciente énfasis en la autonomía estratégica.
Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Europeo ha subrayado la continuidad de los fondos destinados a la Política de Cohesión y a la Política Agrícola Común. Esa precisión pretende responder a la preocupación de regiones, agricultores y gobiernos nacionales que dependen de esas partidas para financiar infraestructuras, empleo rural, modernización agraria y convergencia económica. La defensa de su continuidad no resuelve, sin embargo, el debate sobre su dotación, sus mecanismos de ejecución ni las eventuales condiciones que podrían incorporarse en el nuevo ciclo presupuestario.
La reunión de Madrid se celebrará, así, en una fase de definición de prioridades más que de cierre de cifras. Sánchez y Costa podrán contrastar la visión española sobre la preservación de las políticas tradicionales, la financiación de nuevos objetivos europeos y el calendario de negociación. La intensidad de la gira evidencia que el Consejo Europeo quiere llegar a los próximos meses con un diagnóstico compartido sobre las líneas rojas de cada capital. El resultado dependerá de si los Veintisiete logran acordar que una Europa más competitiva y segura puede construirse sin debilitar los instrumentos de cohesión y apoyo agrario que han sido centrales en la integración comunitaria.
