La Corte de Constitucionalidad emitió el 29 de junio un comunicado que rechaza un video viral en redes sociales con llamadas directas a atentar contra tres magistrados: Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto y Julia Marisol Rivera Aguilar. El tribunal calificó el material como incitación a la violencia y recordó que ninguna resolución judicial puede responderse con intimidación. Como medida inmediata, la institución reforzó la protección personal de los magistrados afectados.
El origen de la tensión radica en la decisión de la Corte que dejó firme la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos para el período 2026-2030. Esa resolución, adoptada por tres votos contra dos, frenó amparos que cuestionaban el proceso electoral y generó protestas en el campus y bloqueos viales en la zona 12 de la capital. La CC enfatizó que sus fallos derivan del ejercicio independiente de la función jurisdiccional y que la democracia no puede sostenerse sobre amenazas.
Riesgo institucional
El caso expone la fragilidad del equilibrio entre decisiones judiciales y reacciones sociales en Guatemala. Cuando un tribunal constitucional interviene en un proceso universitario cuestionado por fraude y exclusión de opositores, cualquier señal de tolerancia a la violencia erosiona la legitimidad del Estado de derecho. La Corte ha pedido respeto a la legalidad y al diálogo, pero la circulación del video demuestra que sectores inconformes prefieren la intimidación antes que la vía institucional. La seguridad de los magistrados se ha convertido así en un indicador de la salud democrática del país.
Las medidas adoptadas por la CC, aunque necesarias, no resuelven el fondo del conflicto: la percepción de que el poder judicial puede ser presionado mediante amenazas. Sin un rechazo amplio y sostenido de la sociedad guatemalteca a este tipo de acciones, el precedente de usar la violencia para influir en resoluciones judiciales puede repetirse en futuros casos de alta sensibilidad política.
