Las palabras de María San Gil al recibir el Premio Contra el Terrorismo en Sevilla el 26 de junio de 2026 no surgen de forma aislada. Representan la culminación de un largo proceso que comenzó con la actividad de ETA y que ha atravesado distintas etapas de la política española, desde los años noventa hasta las transferencias penitenciarias recientes. San Gil, expresidenta del PP vasco entre 2002 y 2008, señaló que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convertido la relación con las víctimas en un instrumento de poder, desactivando instrumentos judiciales y permitiendo homenajes a condenados.
Para comprender el alcance de estas afirmaciones es necesario remontarse al contexto histórico de la banda terrorista. ETA asesinó a casi 850 personas entre 1968 y 2011. De esos casos, alrededor de 380 continúan sin autor material identificado, según datos de la Fiscalía. La ausencia de resolución en estos expedientes ha mantenido abierta una herida colectiva que las asociaciones de víctimas han denunciado de forma reiterada en foros parlamentarios y ante organismos internacionales.
El precedente más inmediato de la crítica actual se sitúa en 2004, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició contactos para facilitar el regreso a las instituciones de representantes vinculados al entorno de ETA. Aquella negociación, que culminó con la legalización de Sortu y la posterior presencia de Bildu en el Parlamento, fue interpretada por sectores de las víctimas como una forma de amnistía encubierta. San Gil recordó que un partido liderado por un exsecuestrador ocupa hoy escaños, lo que considera un oprobio institucional.
La transferencia de competencias penitenciarias al Gobierno vasco en 2023 ha acentuado esta percepción. Según datos oficiales, apenas quedan cuarenta presos de ETA cumpliendo condenas íntegras en régimen cerrado. La medida ha permitido que varios condenados por asesinatos de especial gravedad accedan a regímenes de semilibertad o a terceros grados con mayor rapidez. Organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril han documentado cómo esta política reduce el tiempo efectivo de cumplimiento y debilita el principio de proporcionalidad de las penas.
El precedente del asesinato de Jiménez-Becerril
La ceremonia se celebró en el mismo salón de honores del Ayuntamiento de Sevilla donde fueron velados Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García, asesinados por ETA el 30 de enero de 1998. Este caso concreto ilustra la persistencia del problema. Jiménez-Becerril, concejal del PP, fue elegido como objetivo por su perfil político y su cercanía al entorno de Jaime Mayor Oreja, entonces ministro del Interior. El atentado se produjo en un momento en que las negociaciones entre el Gobierno de Aznar y ETA habían fracasado, y sirvió para endurecer la política antiterrorista durante varios años.
La elección de Sevilla como sede del premio no es casual. Representa el intento de vincular la memoria de las víctimas andaluzas con el debate nacional sobre la política penitenciaria. En los últimos años, varios ayuntamientos vascos han autorizado actos de homenaje a presos de ETA en espacios públicos, sin que las autoridades judiciales hayan intervenido de forma sistemática. Esta impunidad percibida es uno de los ejes centrales del discurso de San Gil.
Repercusiones en el sistema de justicia y la convivencia
El traslado de competencias penitenciarias tiene consecuencias directas sobre la independencia del poder judicial. Al pasar el control de los centros penitenciarios al Ejecutivo vasco, se abre la posibilidad de que decisiones administrativas sobre clasificación de presos o permisos de salida queden sujetas a criterios políticos. Varios informes del Defensor del Pueblo han alertado sobre la necesidad de mantener garantías estatales para evitar que la aplicación de la ley varíe según el territorio.
En el plano social, la percepción de que las víctimas han sido desplazadas del centro del debate alimenta una polarización creciente. Encuestas del CIS realizadas entre 2022 y 2025 muestran un aumento del apoyo a posiciones más estrictas en materia antiterrorista entre electores de centro-derecha, mientras que entre votantes de izquierda predomina la idea de que la reinserción debe primar sobre el cumplimiento íntegro de las penas. Esta brecha dificulta la construcción de consensos básicos sobre memoria histórica y reparación.
Efectos a largo plazo en la política española
La estrategia de Sánchez de buscar apoyos parlamentarios en formaciones como Bildu tiene un coste electoral previsible. En las elecciones autonómicas vascas de 2024, el PP experimentó un ligero repunte en territorios donde la memoria de las víctimas sigue presente. Si esta tendencia se consolida, podría reforzar a partidos que defienden una línea dura frente al terrorismo, alterando el equilibrio de fuerzas en futuras legislaturas.
A nivel europeo, España ha sido durante décadas un referente en la cooperación judicial contra el terrorismo. La relajación percibida en el cumplimiento de condenas puede debilitar la credibilidad del país ante socios como Francia o Alemania, que mantienen posiciones más estrictas respecto a presos de organizaciones terroristas. Organismos como Eurojust han solicitado información sobre el seguimiento de casos de ETA, y cualquier percepción de impunidad podría complicar la colaboración futura.
El premio recibido por San Gil recuerda que la cuestión de las víctimas no se cierra con el cese de la violencia. La existencia de casi 380 asesinatos sin resolver y la evolución de la política penitenciaria mantienen abierto un debate que afecta tanto a la calidad de la democracia como a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Las decisiones adoptadas hoy configurarán el marco en el que se resolverán los casos pendientes durante las próximas décadas.
