El representante a la Cámara Simón Molina Gómez presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exministro de Hacienda Germán Ávila por la formulación, revisión y radicación del Presupuesto General de la Nación de 2027. La acción también cobija a otros exfuncionarios de la cartera que hubieran participado en el proceso.
Molina, vicepresidente primero de la Cámara, pidió establecer si las inconsistencias identificadas en la propuesta corresponden a errores técnicos o podrían constituir falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal. El legislador cuestionó que el proyecto presentado durante el gobierno de Gustavo Petro incluyera recursos condicionados a una ley de financiamiento que no había sido aprobada.
Según Molina, el presupuesto inicialmente radicado ascendía a $575,6 billones e incorporaba $30,2 billones sujetos al recaudo de una reforma tributaria. “Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe”, afirmó el congresista en un comunicado.
Entre los elementos señalados figura una advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que indicó que el gasto primario excedía en $20,7 billones el límite previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. También se reportó falta de claridad sobre $12,6 billones en recursos de balance y una brecha de $8,3 billones entre los ingresos esperados y la reforma tributaria propuesta.
La denuncia menciona además una presunta subestimación de $9,6 billones en obligaciones relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, gas, salud, pensiones y subsidios de energía. Molina solicitó a la Fiscalía recaudar actas del Confis, memorandos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, documentos de empalme y demás soportes de la formulación presupuestal.
Posteriormente, el Gobierno de Abelardo de la Espriella revisó el proyecto y radicó una propuesta por $634,9 billones, $58 billones más que la presentada por la administración anterior. Molina sostuvo que el ajuste incorporó $6,5 billones para pensiones, $2 billones para salud, $4,5 billones para salarios públicos, $0,7 billones para universidades y $9,6 billones para el Fepc.
El legislador agregó que el servicio de la deuda aumentó $37,4 billones y afirmó que el déficit anunciado en 2,1 % del PIB quedó en 4,4 % al revisar las cifras. El nuevo proyecto deberá ser discutido por el Congreso de la República.
