La decisión del Cabildo de Tijuana de otorgar por unanimidad una concesión de veinte años a EVENTFEST CO para organizar la Feria Nacional Tijuana revela una cadena de decisiones administrativas y relaciones políticas que trascienden el simple trámite de un evento anual. El dictamen aprobado el 20 de junio de 2026, apenas minutos antes de que el presidente municipal Ismael Burgueño solicitara licencia para aspirar a la coordinación estatal de Morena, establece condiciones que limitan la capacidad del ayuntamiento para obtener ingresos directos y transfieren el control de espacios públicos emblemáticos a una empresa vinculada con figuras cercanas a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Antecedentes de la empresa y sus vínculos
EVENTFEST CO pertenece a Rodrigo Ampudia Gudiño y José Rogerio Ampudia Ypolín, socios de Fernando Salgado Chávez, señalado reiteradamente como financista de campañas morenistas en Baja California. Esta misma empresa fue la única que presentó solicitud formal, argumentando su participación en la edición de 2025. Previamente, el Cabildo había cancelado la concesión al Museo Interactivo Tijuana, lo que dejó disponible el Foro Cuauhtémoc, la Plancha Nextel y los estacionamientos 2 y 3 del Parque Morelos sin un esquema de licitación pública amplia. La ausencia de competidores y la rapidez del proceso sugieren que los criterios de selección priorizaron la continuidad operativa sobre la competencia abierta.
El momento de la votación coincide con la transición política interna de Morena rumbo a la gubernatura de 2027. Burgueño, al solicitar licencia, dejó claro que el evento forma parte de una estrategia de visibilidad que involucra tanto al gobierno municipal saliente como a actores estatales. Esta sincronía temporal no es casual: permite que la concesión quede firmada bajo una administración que busca mantener influencia dentro del partido, mientras la empresa beneficiaria consolida derechos de usufructo por dos décadas.
Condiciones contractuales y ausencia de contraprestaciones
El dictamen XXV-CHPM-CGLMR-CEDCFC-001/2026 no establece pago alguno al erario municipal por el uso de los espacios. Tampoco se concretó la propuesta de la regidora Magaly Ronquillo para destinar parte de las utilidades al mantenimiento del Parque Morelos. La empresa solo está obligada a realizar un concurso con al menos dos promotores y a publicar las bases en un periódico local, pero el ayuntamiento renuncia a cualquier vínculo laboral o de responsabilidad directa con los trabajadores del evento. Esta estructura traslada al municipio los costos de vigilancia, servicios públicos y eventuales daños al patrimonio, mientras los ingresos permanecen en manos privadas.
Experiencias similares en otras ciudades mexicanas ilustran las consecuencias. En Guadalajara, la concesión prolongada de la Feria de Octubre a un solo operador derivó en deterioro progresivo de las instalaciones y quejas constantes por falta de inversión en infraestructura. En Tijuana, el hecho de que EVENTFEST CO pueda utilizar los espacios antes y después de las fechas oficiales de la feria amplifica el riesgo de que el Parque Morelos funcione más como recinto privado que como espacio público durante gran parte del año.
Impacto en la gestión de espacios públicos
El Parque Morelos representa uno de los pocos pulmones verdes accesibles en la zona centro de Tijuana. La cesión de sus principales instalaciones por dos décadas reduce la capacidad del Sistema Municipal de Parques Temáticos para programar actividades culturales o deportivas independientes. Cuando una empresa puede celebrar contratos directamente con SIMPATT sin supervisión edilicia constante, se genera un precedente donde el interés comercial prevalece sobre el uso colectivo. Estudios de la Universidad Autónoma de Baja California han documentado cómo la privatización parcial de parques urbanos en la frontera reduce el acceso equitativo de sectores de bajos ingresos, que dependen de estos espacios para actividades recreativas gratuitas.
Repercusiones políticas y de transparencia
La aprobación unánime en sesión extraordinaria, sin debate amplio ni evaluación de alternativas, debilita la percepción de independencia del Cabildo. Aunque formalmente el dictamen fue elaborado por la Comisión Especial para las Ferias de las Californias, presidida por Arturo Aguirre, la coincidencia con la solicitud de licencia de Burgueño alimenta la narrativa de que las decisiones administrativas se subordinan a calendarios electorales internos de Morena. En un estado donde las acusaciones de financiamiento irregular de campañas ya han generado escrutinio federal, este tipo de concesiones sin contraprestación visible pueden convertirse en foco de investigaciones posteriores sobre posible tráfico de influencias.
La obligación de realizar un concurso entre promotores no elimina el riesgo de concentración. Si EVENTFEST CO actúa simultáneamente como concesionaria y como posible promotora, el mecanismo de convocatoria puede resultar insuficiente para garantizar pluralidad real. Casos análogos en Monterrey y Puebla muestran que, sin cláusulas claras de rotación de operadores, las concesiones largas tienden a consolidar monopolios locales que limitan la entrada de nuevos actores y reducen la calidad de la oferta cultural.
Efectos económicos y de desarrollo local a largo plazo
La Feria Nacional Tijuana genera ingresos significativos durante los meses de julio a octubre. Al no establecer un porcentaje mínimo de utilidades para el municipio, el ayuntamiento renuncia a recursos que podrían destinarse a rehabilitación de infraestructura o programas sociales. Esta pérdida de ingresos propios se suma a la dependencia creciente de Baja California de transferencias federales. En un horizonte de veinte años, la ciudad podría enfrentar limitaciones presupuestarias para mantener otros espacios públicos mientras una sola empresa capitaliza el principal evento festivo de la región.
Además, la concentración de decisiones en una empresa vinculada con actores políticos reduce los incentivos para innovar en la programación. Históricamente, ferias gestionadas bajo esquemas más abiertos han incorporado componentes educativos, tecnológicos y de apoyo a productores locales que generan derrama económica más distribuida. Cuando el operador prioriza espectáculos masivos con menor inversión en contenido local, el impacto multiplicador sobre la economía tijuanense tiende a concentrarse en un círculo reducido de proveedores.
Perspectivas hacia 2027 y más allá
La concesión queda registrada antes de que Burgueño inicie formalmente su precampaña, lo que podría blindar la operación frente a eventuales cambios de administración municipal. Sin embargo, cualquier revisión posterior por parte de un nuevo Cabildo enfrentaría la dificultad de rescindir un contrato de largo plazo sin incurrir en costos legales elevados. Esta rigidez contractual limita la capacidad de respuesta ante cambios demográficos, necesidades ambientales o demandas ciudadanas de mayor transparencia en el uso de bienes públicos.
El precedente también influye en la confianza institucional. Cuando decisiones de esta magnitud se toman con escasa competencia y sin contraprestaciones explícitas, se refuerza la percepción de que los recursos municipales responden más a redes políticas que a criterios de interés público. En el contexto de Baja California, donde la alternancia y la competencia electoral han sido históricamente intensas, este tipo de arreglos puede convertirse en tema central de las próximas contiendas, obligando a los aspirantes a definir posturas claras sobre la relación entre poder político y control de eventos masivos.
La experiencia de otras entidades demuestra que la recuperación de espacios públicos concesionados requiere voluntad política sostenida y marcos regulatorios más estrictos. Tijuana enfrenta ahora el desafío de equilibrar la continuidad de una tradición festiva con la necesidad de preservar el carácter público de sus instalaciones y garantizar que los beneficios económicos no se concentren exclusivamente en un grupo reducido de actores.
