El relevo ocurrido el 24 de agosto en la Secretaría de Cultura de Coahuila, con el nombramiento de Leticia Rodarte, vuelve a colocar en el centro del debate el alcance de la política cultural estatal. La dependencia, creada en 2011 a partir del antiguo Instituto Coahuilense de Cultura, tiene la responsabilidad de conducir una política pública y no sólo de organizar actividades artísticas.
La diferencia entre ambas funciones es relevante: mientras un programa se traduce en acciones concretas para alcanzar objetivos definidos, una política pública implica una intervención organizada y deliberada del gobierno ante una situación considerada socialmente importante. En materia cultural, esa tarea supone proteger, promover y democratizar las expresiones que produce la sociedad.
La cultura no es creada por el Estado, sino por las comunidades. Al aparato gubernamental le corresponde preservar el patrimonio, facilitar el acceso y respaldar a quienes producen cultura, sin apropiarse de ella ni usarla como mecanismo de control o propaganda política.
Desde esa perspectiva, la gestión cultural rebasa la programación de festivales, conciertos, obras de teatro o exposiciones. También involucra promover la lectura, abrir espacios para la creación, apoyar el desarrollo profesional de artistas, escuchar a las comunidades, preservar lenguas y tradiciones, incorporar a personas excluidas de la vida cultural y proteger bienes patrimoniales.
Identidad, participación y acceso
La cultura cumple funciones vinculadas con la identidad, la memoria, la educación, la creatividad, la cohesión social y la formación ciudadana. Los espacios culturales permiten la expresión de voces diversas y favorecen la escucha, el diálogo, la crítica y la comprensión de perspectivas distintas, elementos necesarios para la convivencia democrática.
Para Coahuila, una política cultural de largo alcance tendría que definir qué patrimonio conservar, qué tradiciones se encuentran en riesgo, cómo llevar actividades y servicios a municipios alejados y qué oportunidades ofrecer a las nuevas generaciones de creadores. También deberá considerar mecanismos para dignificar el trabajo cultural y medir si las acciones públicas modifican de manera concreta la vida de las personas.
El planteamiento incluye vincular cultura y educación, fortalecer el tejido social, impulsar nuevas expresiones y aprovechar la actividad cultural para el desarrollo comunitario sin reducirla a mercancía. La garantía de libertad de expresión, pluralidad y diversidad figura como una condición para que la Secretaría cumpla una función pública más amplia que una agenda de eventos.
